¿Privatización del agua? La polémica en torno al proyecto de ley SB 625 de California

En el Senado de California están evaluando la declaración de quiebra del Distrito de Agua Municipal de la Cuenca Central (CBMWD) y la disolución de su junta directiva, pero esta iniciativa ha causado duros señalamientos de empleados y activistas contra quienes la promueven.

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En el escritorio de los senadores estatales se encuentra el polémico proyecto de ley SB 625 sobre la administración del agua que ya fue aprobado por la Asamblea de California y que busca su ratificación en el siguiente nivel del poder legislativo local.

El proyecto de ley disolvería la junta directiva del Distrito de Agua Municipal de la Cuenca Central (CBMWD), según el texto de la iniciativa disponible en su página de internet, y también la declararía en quiebra para ahorrar al menos 5 millones de dólares a la agencia que opera en números rojos, según funcionarios de la Asamblea.

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Pero este proyecto de ley desplazaría a los miembros de la junta directiva actual que fueron elegidos por los votantes, según los denunciantes.

Aunque según los asambleístas que promueven la SB625, la administración de CBMWD, que pasaría a otra agencia, se sometería a debate público.

Univision Noticias habló a las dos partes involucradas en el tema.

¿Qué dicen quienes se oponen?

Martha Camacho, titular de la junta directiva de CBMWD, dijo que esta agencia pública que administra el agua para 24 ciudades con 2.4 millones de personas, de las cuales el 70% son latinos.

Ella dijo que California tiene cerca de 300 pozos de agua y 60 de ellos están en Los Ángeles, de los cuales 30 están alimentan a las 24 ciudades que administra la agencia.

Indicó que los pozos están contaminados y llegó a compararlos con el caso de la ciudad de Flint, Michigan, por lo que necesitan atención inmediata.

Para Camacho, la intención de los políticos que están tratando de eliminar la agencia es favorecer a las compañías que financian sus campañas electorales, con lo que presuntamente privatizarían la administración del agua, que hasta ahora es pública.

“Lo que ellos están planteando es manejar nuestra agua, ahorita el recurso es público, pero le van a facilitar la entrada a las compañías privadas; en los Estados Unidos usted nunca va a encontrar una legislación que le va a decir ‘estamos privatizando agua’, ‘estamos privatizando cualquier recurso natural’”, dijo Camacho

“Lo que están diciendo los asambleístas y senadores es que esta agencia pública tiene problemas y por esos problemas la van a consolidar con otra agencia, pero el problema con esa propuesta es que en realidad esta agencia no tiene problemas de gravedad para decir ‘se la vamos a dar y la vamos a poner en manos de otra agencia”.

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La candidata y activista María Estrada, quien ha promovido protestas contra los autores del proyecto de ley, particularmente contra Cristina García, una de las promotoras de la iniciativa, criticó la urgencia con la que quieren aprobar la SB 625.

“No hay ninguna emergencia ahorita con el agua, el agua se está enviando a la gente que la necesita. Si este ‘bill’ pasa, la gente elegida por el público la van a eliminar”, dijo.

Estrada está desafiado por el Partido Demócrata el escaño del actual presidente de la Asamblea Antony Rendón en las elecciones de noviembre.

“Estoy en contra de esta iniciativa porque es una forma de privatizar el agua en South East LA”, dijo.

¿Qué dicen en la Asamblea de California?

Ante las acusaciones de los opositores al proyecto de ley SB625, John Casey, director de comunicaciones del asambleísta Anthony Rendón, negó que el proyecto de ley intente privatizar el servicio de agua como afirman los denunciantes.

“No. Este proyecto de ley crea la oportunidad de involucrar a las comunidades del sudeste para determinar la mejor manera de gobernar la Cuenca Central en la esfera pública. Como mayorista / intermediario de agua, es ilegal que una entidad privada opere la Cuenca Central”, dijo.

Ante los señalamientos de que los autores del proyecto de ley reciben el apoyo de grandes corporaciones que tienen un interés económico en el agua y que financian las campañas de quienes promueven esta legislación, Casey negó que las contribuciones que recibieron tengan algo que ver con esta iniciativa.

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Las denunciantes indicaron que los representantes de la Cuenca Central del Agua fueron elegidos por votación y que la iniciativa los dejaría sin representación, lo cual rechazó Casey.

“No es verdad. SB 625 pone a CBMWD en quiebra durante 18 meses en otra agencia pública con una junta elegida responsable ante el mismo conjunto de votantes. Luego, LAFCo (Comisiones de Formación de Agencias Locales), que incluye al supervisor Solís, organizará un proceso público para escuchar a la comunidad sobre la gobernanza de la Cuenca Central”, declaró.

Casey dijo que invitaba a los opositores a participar en el proceso público para determinar la mejor manera de gobernar la Cuenca Central a largo plazo, a la luz de la auditoría de 2015 y la gobernanza del agua en general en el sudeste de California.

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