Abogados advierten que el endurecimiento de la política migratoria puso al borde del abismo a millones de inmigrantes indocumentados, quienes ahora viven a expensas del fraude y pueden no solo perder miles de dólares, sino ser deportados de EEUU.

Cerca de 130 agrupaciones y sindicatos marcharán en Los Ángeles este 1 de mayo para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores. Los manifestantes protestan contra los operativos migratorios, la inflación y la guerra con Irán. Abogados expertos recomiendan a las personas indocumentadas no participar en las movilizaciones para evitar riesgos legales.

Video del momento exacto en que Cole Allen entraría armado a cena de corresponsales con Donald Trump

Trabajadores, en su mayoría inmigrantes, denunciaron robo salarial en Oakland tras construir vivienda pública. Afirmaron que se les deben más de 300 mil dólares y que algunos no recibieron pago. Presentaron quejas ante autoridades y exigieron a contratistas cumplir con salarios.

Te puede interesar: Estafa de lotería en Oakland: televidente pierde miles tras engaño con "premio" para indocumentados

“Voy a llamar a ICE”, esa frase se está usando como forma de presión en trabajos y relaciones en Dallas Fort-Worth, según denuncias. El miedo a la deportación está frenando reportes, aunque existen recursos legales y apoyo gratuito para quienes enfrentan estas situaciones.

La industria de la construcción atraviesa una de sus crisis más agudas en 2026. Se estima que en Estados Unidos faltan cerca de 500,000 trabajadores para cubrir la demanda actual, impulsada por proyectos de infraestructura, centros de datos y la reconstrucción tras desastres naturales como los incendios forestales en California. Para quienes buscan una carrera estable con salarios competitivos, el Los Angeles Trade-Technical College (LATTC) ofrece rutas de capacitación gratuitas.

También te puede interesar: Latino comparte la preocupación que vivió tras no saber por horas el paradero de su hermana tras casi ser deportada

En octubre el DHS anunció la emisión de una Regla Final Provisional que puso fin a la renovación automática de los permisos automático argumentando razones de seguridad nacional. Dos organizaciones, en nombre de una inmigrante mexicana, denunciaron al gobierno porque consideran que la decisión es "ilegal" y "caprichosa" y daña directamente a "trabajadores inmigrantes y a sus familias".