El pasado 6 de abril, durante una cita de rutina para su proceso de asilo en la ciudad de Durham , una familia de cuatro integrantes fue arrestada por agentes de ICE. Entre los detenidos se encontraban Denis, de 6 años, y Génesis, de 11, quienes fueron deportados a Honduras junto a sus padres en menos de 48 horas. El suceso ha provocado una creciente indignación entre los residentes de Charlotte.
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Una mujer colombiana fue detenida tras acudir a una cita migratoria y permanece bajo custodia en Dilley, Texas, desde hace seis meses. Según su familia, tenía permiso de trabajo vigente y buscaba la residencia. Denunciaron presiones para firmar salida voluntaria y riesgo de deportación a un tercer país.

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La congresista Debbie Wasserman-Schultz realizó una visita sorpresa al centro de detención Alcatraz de los Caimanes, en los Everglades. Tras ingresar, denunció falta de acceso a detenidos, ausencia de respuestas de ICE y posibles irregularidades, incluidas quejas por atención médica.

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La situación se ha ido normalizando en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, luego de que a gentes de ICE se hicieran presentes hace algunas semanas para apoyar las labores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), cuyos elementos se retiraron temporalmente. Ante el retorno a la normalidad y el retiro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, los usuarios de la terminal se han expresado a favor de la medida.
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Un análisis de la Universidad de California en Berkeley revela que ICE aumentó drásticamente la detención de inmigrantes sin condenas criminales, alcanzando un alza del 770%. Los operativos en la vía pública crecieron más del 1,000%, afectando incluso a más de 5,200 menores de edad. Los datos confirman que dos de cada tres arrestos realizados durante este periodo corresponden a personas con expedientes limpios, marcando un giro radical en las políticas de deportación del país.

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Autoridades en Florida impulsan la creación de un nuevo centro de detención de ICE para albergar a 3,000 inmigrantes, lo que despierta el rechazo de los residentes de Starke. Los vecinos temen una sobrecarga en los servicios básicos y denuncian el hallazgo de químicos cancerígenos en el terreno elegido para la construcción. Mientras el proyecto promete generar más de mil empleos, la comunidad exige respuestas sobre los riesgos a la salud vinculados a la c ontaminación del suelo.

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