Luis Alonso fue detenido por militares tras ingresar por error a la base federal Fort Liberty mientras seguía indicaciones de un GPS. Posteriormente fue enviado a un centro de detención de ICE. Sus familiares denuncian que en menos de una hora ya tenía una orden de arresto. El caso no es aislado, al menos otras nueve personas han sido detenidas en situaciones similares.

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La familia de José Osmín Santos denunció no tener noticias del hombre desde que fue traslado a CECOT hace más de un año. Hace unos meses, un agente federal avisó a la familia que el salvadoreño de 41 años, que se dedicaba a pintar paredes en Nueva York, debía ser recogido en ese país tras su deportación, pero sus familiares avisan que nunca llegó; por lo que iniciaron la intensa búsqueda de su paradero.

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El Departamento de Policía de Tampa modifica sus políticas migratorias y permitirá a sus agentes tener un rol más activo en operativos, incluyendo preguntar por el estatus migratorio. El cambio ocurre tras la presión del fiscal general de Florida, que amenazó con destituir a la alcaldesa. La medida genera preocupación entre residentes que temen que afecte la confianza y seguridad en la comunidad.

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El alguacil del condado Polk propone crear una vía legal para inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales, en medio del debate sobre deportaciones masivas. Argumenta que quienes trabajan, no cometen delitos y contribuyen a la economía deberían tener una oportunidad de regularizar su estatus. La propuesta será elevada a líderes federales para su evaluación.

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Juan Ramírez, es un inmigrante mexicano que necesita urgentemente un trasplante de hígado. Su esposa murió por cáncer, y ahora solo le queda su hija de ocho años, quien también enfrenta problemas de salud. Su mayor anhelo es poder quedarse con la niña, ya que el hombre está en riesgo de deportación.

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María Estrada entabló una demanda ante una corte Federal tras su expulsión fulminante a México durante una cita de residencia. La acción legal acusa al Gobierno Federal de violar sus derechos constitucionales y el debido proceso, ya que contaba con protección vigente de DACA al momento de su detención. La defensa exige la corrección de este error jurídico mientras líderes políticos en California se unen al reclamo para lograr su retorno inmediato al país.