El procurador de Texas, Ken Paxton, demandó al condado Harris por, supuestamente, asignar ilegalmente más de 1.3 millones de dólares del dinero público a organizaciones "de izquierda radical". Él insiste en que esos fondos fueron usados para oponerse a las deportaciones legales de inmigrantes indocumentados.

El fiscal general, Ken Paxton, acusó al condado de Harris de violar la Constitución de Texas al aprobar recursos para organizaciones que apoyan a inmigrantes indocumentados en sus casos de deportación.

Lupe Carrasco es maestra de secundaria y universidad, esposa y madre de tres hijos que forma parte de la red de respuesta rápida de Unión del Barrio, organización de voluntarios que todas las madrugadas salen a patrullar en sus vehículos por las calles de Los Ángeles, con la misión de proteger y alertar a la comunidad inmigrante sobre la presencia de agentes de ICE. Conoce aquí su historia. Únete a la comunidad hispana en Los Angeles desde nuestro canal de WhatsApp.

Un jurado declaró al condado de Suffolk, en Nueva York, responsable de violar los derechos de 674 inmigrantes, que fueron detenidos ilegalmente por petición de autoridades federales. Los inmigrantes presentaron una demanda en 2017, argumentando que la Oficina del Aguacil los mantuvo retenidos en la cárcel, incluso después de pagar sus fianzas, con el objetivo de que agentes migratorios los arrestaran. Te puede interesar: ICE arresta a 1,500 inmigrantes en operativo de nueve días en Texas: esto se sabe de los detenidos.

Al menos 11 personas fueron detenidas durante dos operativos migratorios en una popular zona de Los Ángeles, conocida como 'El Rincón Salvadoreño'. Entre los arrestados se encuentra un inmigrante guatemalteco, de 66 años, quien padece asma. Su esposa asegura que no tiene antecedentes criminales. Mira también: Operativo migratorio desata caos en Chicago: DHS asegura que un hombre disparó contra los agentes.

Una opinión del juez conservador Brett Kavanaugh ha dado paso a la frase 'Kavanaugh stops', al aceptar que agentes federales detengan a alguien si tienen "una sospecha razonable" de que se encuentra en EEUU sin estatus legal. A esa "sospecha razonable" se llega tomando en cuenta la "etnia aparente" de la persona, si habla otro idioma fuera del inglés o si lo habla con acento, y si se encuentra en lugares como paradas de autobús o puntos de recogida de jornaleros.