Senadores republicanos sostienen que tanto la SB1520 como la SB1421 pretenden proteger a los arizonenses y mejorar las políticas de inmigración en el estado. Ambos proyectos fueron aprobados en el Senado; ahora se dirigirán a la Cámara para su consideración. El primero busca que las agencias estatales compartan información migratoria con el gobierno federal cuando les sea solicitada; el segundo establecería nuevos requisitos para ciertos servicios financieros que operan en el estado. También te interesa: Gobernadora Hobbs veta proyecto de ley SB1051, que obligaría a los hospitales a preguntar estatus migratorio.

Una carta de la secretaria del DHS, Kristi Noem, revela que 261 "dreamers" fueron arrestados en 2025. Aunque la cifra representa menos del 0.05% de los beneficiarios, expertos advierten sobre la falta de claridad en los cargos, señalando que simples faltas de tránsito podrían estar siendo usadas para justificar deportaciones. Se recuerda a los jóvenes con DACA que cualquier violación al reglamento puede volverlos inadmisibles ante la ley migratoria vigente.

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El zar fronterizo, Tom Homan, comentó que “me encantaría sentarme y explicarle lo que se está perdiendo", sugiriendo que León XIV quizás no comprende la realidad de la frontera y que, por ese motivo, critica la política de deportaciones masivas.

El sueño de regresar legalmente a Estados Unidos tras una salida voluntaria enfrenta duras realidades legales. Expertos en inmigración advierten que admitir haber vivido indocumentado en formularios consulares puede activar automáticamente el castigo de los diez años, resultando en la negación de visas de turismo. En N+ Univision, analizamos los riesgos de programas como CBP One y por qué el aumento en los costos y t iempos de espera complica el retorno de quienes buscan regularizar su situación.

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La Corte Suprema falló en contra de una empresa penitenciaria privada que enfrenta una demanda en la que se alega que los detenidos por motivos migratorios eran obligados a trabajar y solo recibían un dólar al día como remuneración.

La Decimoquinta Corte de Apelaciones de Texas se puso del lado del condado de Harris y negó la petición del fiscal general Ken Paxton de suspender de inmediato el programa que financia la representación legal gratuita para inmigrantes en procesos de deportación.