Empresarios del sector construcción en Texas advierten que los operativos migratorios en centros de trabajo están reduciendo la mano de obra disponible, retrasando proyectos y afectando a proveedores. El impacto podría extenderse al precio de la vivienda y a otras industrias vinculadas.

Con pancartas, silbatos y el grito de “ICE OUT”, estudiantes del área de Chicago han alzado la voz en defensa de sus familias ante los recientes operativos migratorios, en una serie de marchas que ya cumplen una semana.

Ante el uso de armas de fuego en un arresto migratorio en Roxbury, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, firmó decretos para salvaguardar a la comunidad. Las medidas incluyen la prohibición de arrestos en edificios estatales y la creación de un sitio web para denunciar abusos mediante videos ciudadanos. Sherrill criticó la falta de claridad de las autoridades federales, afirmando que las tácticas actuales hacen que el estado sea menos seguro para todos.

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Ciudadanos que llevan décadas con raíces en Estados Unidos expresan su temor ante la expansión de los procesos de desnaturalización de la administración Trump. Mientras el Departamento de Justicia intensifica las investigaciones sobre solicitudes pasadas, personas con hasta 40 años en el país califican la medida como una amenaza a su estabilidad. Activistas piden calma y recuerdan que revocar la ciudadanía requiere un proceso judicial riguroso, instando a no dejar de solicitar la naturalización.

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Los líderes de las tres agencias migratorias más importantes de Estados Unidos comparecen simultáneamente para rendir cuentas sobre la gestión fronteriza. Mientras CBP reporta avances en la infraestructura física, ICE expone las dificultades de operar ante la vigilancia de grupos de activistas. La audiencia también puso el foco en incidentes letales, prometiendo la divulgación de pruebas visuales sobre fallecimientos bajo custodia federal, en un esfuerzo por responder a las críticas del Congreso.

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Un informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) revela que casi la totalidad (98.4%) de los nuevos casos presentados por las autoridades federales a la Corte de Inmigración no son criminales.