Las declaraciones las hizo, al mismo tiempo en que la Cámara de Representantes lleva a cabo unas audiencias públicas en la Comisión de Salud para conocer quién dio la orden de compra de $38 millones a una empresa de construcción para obtener pruebas rápidas para detectar el coronavirus.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, dijo que ella es la cara de los congresistas y que el gobierno debe hacer buen manejo de los fondos asignados a nivel federal.

El presidente del PNP, Thomas Rivera Schatz, aseguró que el presidente de la Cámara no compartió esa nueva fecha con la colectividad.

La objeción del grupo de ciudadanos se basa en el uso de los programas especiales que se transmiten mediante WIPR para actualizar la crisis de coronavirus por parte del 'Task Force' médico.

Así lo confirmó la funcionaria de Salud, Mayra Toro. El contrato era para la compra de 713 respiradores y el tiempo de entrega se extendía hasta por 18 meses, ante lo cual la exsecretaria Quiñones de Longo dijo que "lo acababa de recibir, que lo tenía que evaluar y que desconocía lo que tenía que firmar".

La iniciativa busca que el secretario de Salud aclare el trámite de adquisición y la realización masiva de pruebas de covid-19 a la ciudadanía, entre otras.