La celebración está pautada para las próximas elecciones generales de noviembre y se estima que pueda costar unos $3.5 millones.

Esta sería la sexta vez en que los políticos de la isla gastan fondos públicos para celebrar el referéndum que no está avalado por ninguna de las ramas ejecutivas de Estados Unidos.

Esta agencia se ha visto afectada por la orden ejecutiva que mantuvo cerrada las operaciones para evitar el contagio del coronavirus pero, luego de reanudar labores, tuvo que cerrar luego de que varios empleados diren positivos a las pruebas del covid-19.

El Proyecto Dignidad resaltó que estos procesos son inútiles e invitó a reflexionar de los resultados que han obtenido de los plebiscitos que se realizaron 1967, 1993, 1998, 2012 y 2017.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced convirtió en ley la celebración de un plebiscito en el que se preguntará a los votantes si desean que la isla sea estado de EEUU, durante las próximas elecciones pautadas para el 3 de noviembre.

El reclamo lo hicieron en una carta -también firmada por el presidente de la colectividad, Aníbal José Torres.