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Trabajo

En qué consiste la controvertida medida que califican como "trabajos forzados" en Venezuela

Para incrementar la producción agrícola, el gobierno de Maduro ha pedido a las empresas privadas que le presten trabajadores para que laboren en el campo. Pese a que no se conocen los detalles de cómo y cuándo se implementará, la medida ha recibido fuertes críticas de diferentes sectores.
12 Ago 2016 – 6:48 PM EDT

CARACAS, Venezuela. - El gobierno de Venezuela sorprendió a finales del mes pasado al imponer una resolución mediante la cual obligaba a los trabajadores públicos y privados a realizar labores agrícolas por un plazo mínimo de 60 días para “fortalecer la producción” del país, sumido en una dramática escasez.

La nueva medida del presidente Nicolás Maduro ha sido calificada como “trabajo forzado” por Amnistía Internacional, una práctica que no existía en Venezuela desde la dictadura de Juan Vicente Gómez hace más de 80 años. Con esta afirmación coinciden sindicalistas, empresarios, analistas y hasta los propios trabajadores.

La polémica resolución ha recibido críticas incluso de sectores afines al chavismo frente al silencio del gobierno. El único vocero del oficialismo que se ha pronunciado al respecto es el diputado Francisco Torrealba que aseguró que el contenido del decreto fue “tergiversado” y que debido a un error de “tipeo” será corregido y nuevamente publicada en Gaceta Oficial.

Concretamente, la resolución Nº 9,855 del Ministerio del Trabajo establece un mecanismo de inserción temporal por el que las entidades públicas o privadas deberán "disponer de trabajadores" para “fortalecer la producción, por ser el Estado el responsable de garantizar la seguridad alimentaria de la población”. Los 60 días obligatorios pueden prorrogarse por igual tiempo “si las circunstancias lo ameritan“.

Esta semana, la mayoría opositora en la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de rechazo, al afirmar que el decreto viola el artículo 30 de la Ley Orgánica del Trabajo que establece “que nadie puede obligar a otro a realizar un trabajo”.

El diputado de oposición Miguel Pizarro, aseveró que la resolución viola además la capacidad del trabajador para decidir las condiciones para trabajar. “Se hacen llamar obreristas quienes hoy defienden el trabajo forzoso, el rol de un sindicalista no se valora por sus cotizaciones sino por la defensa de los derechos”.

Entre los críticos al decreto está Danilo Mojica, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un órgano que generalmente se limita a plegarse a las decisiones del gobierno. En su cuenta personal de Twitter, @danilomojica escribió cuatro tuits en los que defendió que toda persona tiene derecho a la libertad de trabajo y que en ningún caso se le puede forzar a trabajar en un área sin su consentimiento.


“Estado venezolano como signatario del Pisdec (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adscrito al Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas) no debe obstaculizar el disfrute derecho al trabajo en plena igualdad de los derechos sociales”, escribió.

Mientras que algunos analistas consideran que la medida puede ser un “pote de humo” para desviar la atención de los venezolanos de los principales problemas del país, para otros es una muestra de la equívoca conducción de la política económica del gobierno chavista que la llevado a la nación a padecer altos niveles de inflación y escasez.

La medida ha hecho recordar algunos casos de “trabajos forzados” en algunos países que utilizaron esta práctica años atrás. Sin embargo, ninguno de esos gobiernos lo decretaron oficialmente.


Por ejemplo, Cuba tuvo hasta los años 1980 las llamadas Unidades Militares de Ayuda a la Producción, pero el propio régimen de Fidel Castro las abolió por considerarlas ineficientes. Camboya implementó trabajos forzados en 1970, una práctica que según Naciones Unidas tuvo como resultados hambrunas, malos tratos y mala planificación y China hasta 2013 enviaba a presos a campos de trabajo para integrarlos en lo que llamó “reeducación a través del trabajo”.

En Venezuela, el precedente más inmediato es en la época de Gómez (1908-1935) cuando los presos y, más específicamente los detenidos políticos, eran obligados a construir carreteras y otras obras públicas.

Desobediencia

La nueva medida puede ser aplicada en cualquier momento, pese a que los abogados laborales la consideran irregular puesto que el decreto no establece cuándo debería comenzar a regir.

Pero representantes de las principales centrales laborales levantaron su voz de protesta por la medida gubernamental. La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la organización sindical más antigua del país, llamó a desobedecer la propuesta y a rechazarla contundentemente.

“Llamamos a desatender y desacatar cualquier decisión basada en el Decreto 9.855, y el Comité Ejecutivo de nuestra confederación evalúa varias acciones jurídicas, administrativas y sindicales para enfrentar esta aberración gubernamental”, indico en un comunicado a la opinión pública.

Acotan que con este intento de inserción de trabajadores en áreas seleccionadas por el Estado, “pretende esconder los grandes fracasos de las expropiaciones y extensiones de tierras, donde queda evidenciado la ineficacia e ineptitud del Gobierno”.
Por su parte, Marcela Máspero, coordinadora nacional de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), otra corriente sindical que en un principio coqueteó con el gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez, informó que acudirán a la Fiscalía General, a la Defensoría del Pueblo y al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la nulidad de la medida.

“Vamos a acudir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para una solicitud de intervención en Venezuela, en vista no sólo por la exigencia de que el trabajador sea transferido temporalmente a una empresa estatal para ejercer labores específicas, sino también por los despidos de trabajadores públicos que firmaron para solicitar referendo presidencial y, por la ratificación del TSJ a la potestad que tiene el Ministerio de la Defensa de utilizar armas de fuego en manifestaciones públicas. Este gobierno ya ha cometido muchas violaciones al derecho laboral y humano”, dijo Máspero.

La delegada sindical advirtió que la Resolución 9.855 viola derechos constitucionales referidos al derecho al trabajo y contraviene principios y fundamentos de convenios internacionales relacionados al trabajo forzoso, a la contratación colectiva y a la libertad sindical.

Por eso, espera que la OIT ordene al gobierno venezolano la derogatoria del decreto. “Se trata de un modelo que retrocede a nuestro país a la esclavitud y violenta el convenio 29 de la OIT, suscrito en 1930 y que obliga a los Estados a erradicar el trabajo forzoso”.


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