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Presos Políticos

El Parlamento de Venezuela aprueba una ley de amnistía para liberar a presos políticos

El objetivo de la norma es liberar a dirigentes catalogados por la oposición como "presos políticos". El gobierno del presidente Nicolás Maduro afirma que la ley protege a "asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas".
30 Mar 2016 – 11:50 PM EDT

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó el martes una Ley de Amnistía y Reconciliación, que busca liberar a dirigentes catalogados por la oposición como "presos políticos", una de las aspiraciones más anheladas desde que las fuerzas que adversan el gobierno de Nicolás Maduro vencieron en las últimas elecciones parlamentarias el pasado 6 de diciembre.

La norma, como era de esperarse en un contexto de alta polarización política, fue rechazada por el gobierno de Maduro, que afirma que beneficia a personas que cometieron graves delitos.

La "ley criminal la están aprobando en la Asamblea hoy, le metieron un 'fast track (vía rápida)' de un día a otro", dijo Maduro en alusión al hecho de que la discusión del proyecto de ley fue introducida de último minuto en la agenda legislativa del martes. "Están aprobando una ley para proteger asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas".

En tono desafiante, el gobernante venezolano aseveró: "Tengan la seguridad que esa ley por aquí (el Ejecutivo) no pasa. (Que) lo sepa la derecha nacional e internacional, leyes para amparar a terroristas y criminales no pasarán. Hagan lo que hagan".


El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, anunció que pese a las advertencias del mandatario, la ley será remitida al Ejecutivo Nacional para su promulgación.

Las leyes venezolanas conceden al Legislativo la facultad de promulgar leyes sin necesidad de contar con el aval del presidente. Y es previsiblemente lo que va a ocurrir.

Ramos Allup ha considerado necesaria la ley argumentando que muchos opositores fueron sentenciados "en juicios trucados" con "pruebas indirectas, pruebas colaterales".

La diputada opositora Delsa Solórzano, una de las redactoras del proyecto de ley, aseveró que al contrario de lo que afirma el presidente Maduro, "con la ley no queda amnistiado ningún homicida".

"Son nuestros presos políticos, ciudadanos imputados por el primer delito que se les ocurra (...) Lo cual es una confesión de la utilización de la justicia con fines de persecución política. A eso queremos ponerle fin'', dijo Solórzano, citada por la agencia Reuters.

A López lo esperan en casa

La aprobación de la norma fue rápidamente celebrada por opositores, entre ellos Lilian Tintori, esposa del encarcelado dirigente Leopoldo López, quien fue sentenciado a más de 13 años de prisión en septiembre del año pasado luego de ser hallado culpable de los delitos de instigación pública, asociación para delinquir y de ser responsable de daños a la propiedad e incendios durante manifestaciones contra el gobierno.

"No veo la hora de llegar a casa para decirle a mis hijos que por fin faltan pocos días para que regrese papi", escribió Tintori en su cuenta de Twitter.

López, de 44 años, fue detenido el 18 de febrero de 2014 y está recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada en las afueras de la capital.

Diputados el oficialismo advirtieron que López no podría ser favorecido con esta amnistía porque ya fue amparado en el 2007, cuando se sobreseyó una causa que se le seguía por su participación en hechos ocurridos en 2002 vinculados con el el fallido golpe de estado al entonces presidente Hugo Chávez.

Pero la oposición aduce que ninguno de los posibles beneficiarios de esta norma, entre ellos López, han sido investigados o condenados por crímenes de lesa humanidad o violación de los derechos humanos, recuerda una nota de Reuters. Una amnistía elimina el delito, y por lo tanto, la pena.

Nuevo conflicto de poderes a la vista

Algunos analistas estiman que ante el abierto enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo la ley podría enfrentar muchas dificultades y limitaciones para que los tribunales y jueces puedan cumplirla.

El Gobierno de Maduro, como lo ha hecho en anteriores oportunidades para oponerse a resoluciones aprobadas por la Asamblea, podrá apelar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para rechazar la ley por inconstitucional.

Desde la instalación de la actual Asamblea el 5 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia —cuyos miembros han sido designados en los últimos 17 años con el voto abrumador de los diputados oficialistas— se ha convertido en un actor decisivo en la trama política venezolana al contravenir las decisiones del Legislativo, en un abierto enfrentamiento entre los dos poderes.

Entre enero y marzo, el Tribunal Supremo suspendió la designación que hizo el Congreso de tres diputados opositores; declaró vigente el decreto de emergencia de Maduro que rechazó la mayoría opositora — medida que renovó 60 días después; limitó las funciones del Legislativo para citar a los funcionarios civiles y militares; y dejó sin efecto la revisión de las designaciones de 13 magistrados que acordaron los congresistas opositores.

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