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Acusan a fuerzas del Estado hondureño de estar detrás de muertes de ambientalistas

Informe de la organización internacional Global Witness asegura que fueron asesinados "por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo". Solo en el 2010 fallecieron más de 120 personas que se opusieron al desarrollo de represas eléctricas, minas, tala o agricultura en sus tierras.
1 Feb 2017 – 9:05 PM EST


“Estamos siendo sumamente perseguidos por la policía porque nos oponemos a esta hidroeléctrica sabiendo que en nuestra comunidad ya no hay tierra donde trabajar, ya no hay tierra de cultivo. En septiembre fuimos desalojados, nos agarraron un escuadrón de policías, uno 15 policías acompañados de civiles. Nos destruyeron todos los cultivos que teníamos, nos quemaron la comida y nos dejaron totalmente en la calle y con una comunidad destrozada del todo. Ahora están bajando sicarios fuertemente armados vestidos de civiles y nos hacen disparos al aire para intimidarnos”, narra el campesino Roberto Gómez, quien se opone a la construcción de la presa hidroeléctrica Los Encinos, en el oeste de Honduras. Gómez es presidente del consejo indígena de su comunidad.

Tres activistas indígenas que se opusieron a este proyecto han sido asesinados. Sus cuerpos se encontraron con indicios de tortura y descuartizados. También por manifestarse contra esta represa, la activista ambiental Berta Cáceres fue asesinada a tiros en su propia casa en marzo del 2016.


Como ellos, cientos de civiles mueren o sufren violencia en este país centroamericano por defender su tierra. Desde el 2010, han muerto más de 120 personas que se opusieron al desarrollo de represas eléctricas, minas, tala o agricultura en sus tierras.

“¡Ya basta! Durante demasiado tiempo ha habido demasiado silencio sobre estas terribles injusticias. Es muy importante que se denuncie ante el mundo lo que ha estado pasando contra los ambientalistas e indígenas perseguidos y muertos. Aquí hay como un zoológico con serpientes y tigres para proteger a los responsables del daño ambiental, pero a nosotros que luchamos por cuidar nuestra naturaleza nos tienen desprotegidos y amenazados. Ya no podemos ni salir de nuestras casas en paz”, dijo a Univision Felipe Benitez, presidente del Movimiento Indígena Lenca de La Paz.


Aunque la situación se ha denunciado internacionalmente, la última investigación de la organización internacional Global Witness, es la primera que califica estas muertes como “asesinatos perpetrados por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo”.

“Por dos años, hemos documentado innumerables ataques y amenazas escalofriantes, entre ellos la brutal agresión de unos soldados a unas mujeres embarazadas, niños a los que la policía apuntó con un arma e incendios provocados contra los hogares de aldeanos mientras los asesinos a sueldo siguen campando a sus anchas en las comunidades de sus víctimas”, asegura Billy Kyte, jefe de campañas de Global Witness.

“Los proyectos que son la causa de los conflictos en Honduras están vinculados con las élites ricas y poderosas y entre ellas algunos miembros de la clase política. En nuestra investigación se sacan a la luz acuerdos ilegítimos, sobornos y delitos que se utilizan para imponer proyectos y acallar a la oposición”, acota.


En la mira está Gladis López, una de las figuras políticas más poderosas del país y actual presidenta del partido que gobierna en Honduras. “Documentos en manos de Global Witness confirman que el proyecto para construir la presa hidroeléctrica Los Encinos, en el oeste del país, está bajo el control del marido de López. Este tiene la intención de vender energía al Estado”. La funcionaria López y su marido Arnold Gustavo Castro han negado estas acusaciones.

“Todo lo publica en ese informe es una realidad, toda la corrupción y las omisiones que se denuncian, toda la violencia. De todo ello hay mucha evidencia y necesitamos la ayuda urgente de EEUU”, enfatiza Benitez.


En 2016, este país contribuyó $100 millones en ayuda bilateral para Honduras. Sin embargo, decenas de estos millones de dólares se destinaron a la policía y el ejército hondureños. “EEUU está financiando a las fuerzas estatales de Honduras, que son responsables de algunos de los peores ataques que hemos visto”, enfatiza Benitez. “Necesitamos que condenen estos asesinatos y deben de darles recursos”.

Denuncia, además, que reina la impunidad tras esos delitos. “En muy pocos casos se ha detenido a los asesinos de los ambientalistas”, lamenta Benitez. “Casi nunca se castiga a las personas que los contratan”, asegura Global Witness.


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