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Papeles de Panamá

Empresario peruano detrás de negocio con Cuba de pasaportes venezolanos

Archivos filtrados de una firma panameña muestran que una carta de referencia del candidato presidencial del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, abrió las puertas para triangular negocios con Cuba y Venezuela
1 Abr 2016 – 7:53 PM EDT

“Me es grato presentar al señor Francisco Pardo Mesones, quien es un viejo conocido mío, hombre honorable y conocido en el Perú”, escribió en junio de 2006, en papel oficial de su oficina como presidente del Consejo de Ministros, el actual candidato a la presidencia de ese país Pedro Pablo Kuczynski. Estampó su firma y su cargo en una carta a su amigo “para los fines que estime conveniente”.

Estos fines terminaron siendo la creación de un entramado de sociedades para ocultar que una empresa alemana fabricante de documentos de identidad estaba negociando con países de gobiernos antidemocráticos como Cuba y Venezuela.

“No quiere venderle directamente a Cuba y Venezuela, es justo por el tema reputacional (sic). Están nerviosos que la competencia de ellos haga propaganda adversa por el tema de ventas a gobiernos totalitarios”, escribió el abogado Ramsés Owens en 2007 en una comunicación interna

Owens era entonces abogado del bufete panameño Mossack Fonseca que diseñó el esquema de camuflaje. La firma nombró como dueño de una de las compañías a un abogado de Panamá que le admitió a Univision que no conocía el objeto de la empresa ni a Pardo.

En el centro de la operación está la sociedad Billingsley Global Corp. en Panamá con la que se ocultó una red de al menos cinco compañías en paraísos fiscales. Los documentos consultados reflejan que las empresas fueron utilizadas para esconder la identidad de los dueños y las jugosas comisiones de contratos para proveer pasaportes y máquinas de personalización al gobierno de Chávez en Venezuela. “Estamos hablando de US$4 Millones que quedarían de ganancia para BILLINGSLEY al final de todo”, escribió Owens en 2007.

Infografia

Cómo funciona una fábrica de sociedades

48 oficinas en 33 países, uso de paraísos fiscales, diseño de entramados empresariales. Descubra cómo funciona el bufete panameño Mossack Fonseca.

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Así funciona una fábrica de sociedades

48 oficinas en 33 países, uso de paraísos fiscales, diseño de entramados empresariales. Descubra cómo funciona el bufete panameño Mossack Fonseca.

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El exprocurador anticorrupción peruano Christian Salas explicó que no es ilegal en su país hacer una recomendación de un amigo en calidad de funcionario. “Solo sería ilegal si lo recomienda como una persona honorable, sabiendo que no lo es”, aclaró al medio digital Convoca. En los archivos consultados por Univisión Investiga no aparece ninguna otra participación de Kucynski.

Kuczynski no respondió directamente a las preguntas de Univision Investiga y Convoca. Por medio de Freddy Chirinos, encargado de estrategia comunicacional de la campaña, aseguró que no conocía los negocios de Pardo, nunca ha tenido vínculos comerciales con él y no recuerda por qué razón le solicitó la carta.

El bufete panameño Mossack Fonseca se ocupó durante siete años, entre 2007 y 2014, en mantener la apariencia de que la compañía no era solo de papel y en ocultar la identidad de Pardo, quien fue presidente de la Asociación Nacional de Bancos del Perú, y de su socio, el alemán Joerg Baumgartl. Este empresario era al mismo tiempo comisionista, vicepresidente de ventas de la imprenta proveedora de los productos Bundes Druckerei y director general de su división internacional para América Latina.

Como parte de la estrategia de camuflaje, el bufete usó el nombre del abogado panameño Ricardo Icaza, quien fue presentado en los documentos como el dueño de la compañía. Icaza aseguró en entrevista telefónica que no sabe de la empresa.

“Yo no tengo absolutamente ningún conocimiento de las actividades de esa compañía”, dijo.

Días después de que el abogado habló durante dos horas con Univision Investiga y autorizó verbalmente uno por uno los comentarios citados, envió un email negando que sus afirmaciones formaran parte de una entrevista.

Como parte de esta red el gobierno de Cuba firmó varios contratos para triangular la venta de las máquinas para personalización de los pasaportes venezolanos por medio de Albet Ingeniería y Sistemas, una contratista estatal que apareció como la proveedora de los productos sólo en el papel, ya que los equipos iban directamente de Alemania a Venezuela y ni siquiera pisaban territorio cubano.

Así lo muestran más de mil correos electrónicos y documentos del archivo de este caso que resguardaba Mossack Fonseca, revisados por Univision Investiga como parte de una investigación global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Los correos electrónicos y documentos –que incluyen borradores y originales firmados de contratos confidenciales firmados por Alemania, Cuba y las entidades panameñas- forman parte de los 11.5 millones de archivos filtrados el año pasado al diario alemán Süddeutsche Zeitung, e investigados por periodistas de 78 países.


Mossack Fonseca ha negado que el bufete se dedique al ocultamiento de sus clientes. “La presentación de documentos legales para ayudar a constituir una sociedad es una cosa muy diferente de establecer un vínculo de negocios o dirigir en modo alguno las empresas formadas’’, respondió Mossack Fonseca a ICIJ sobre esta investigación. “Nosotros solo incorporamos empresas, lo que casi todo el mundo reconoce que es importante y que es algo crítico para asegurar el funcionamiento eficiente de la economía mundial”.


Serias dudas

El acercamiento de Mossack Fonseca a los contratos millonarios pagados por el gobierno de Venezuela por los pasaportes de sus ciudadanos comenzó en la primavera de 2006. La representante del despacho en Lima, Mónica de Ycaza, solicitó que aceptaran manejar una sociedad que tenía uno de sus clientes.

Varios empleados de Mossack Fonseca dudaron en tomar la cuenta. Pardo, de 78 años y nacido en Estados Unidos, había sido congresista durante los 90 y en el 2000 fue nombrado como el director del Banco Central de la Reserva del Perú, “un cargo muy sensitivo por la responsabilidad de manejar los fondos del Estado”, según escribió la abogada de Mossfon Ana Morales.

Pardo es conocido en su país como un activo opositor a la estatización de la banca. Para facilitar el proceso de revisión de sus antecedentes, Pardo le envió a la firma de abogados dos cartas de referencia de bancos en los que tenía cuenta y una tercera del entonces presidente del Consejo de Ministros, Pedro Pablo Kuczynski, segundo lugar en las encuestas hacia las elecciones presidenciales peruanas del próximo 10 de abril.

El socio de Mossack Fonseca, Jürguen Mossack dio su visto bueno. Aunque el despacho recomendó que una buena decisión “para ahorrarse impuestos” sería que las cuentas de la empresa las manejaran empleados de Mossfon, Pardo insistió en que prefería hacerse cargo.

Billingsley se usaría como intermediaria para las ventas de Bundes Druckerei International Services en América Latina.

Baugmartl era vicepresidente senior de ventas de Bundes, en ese momento la imprenta privada que imprimía la mitad del papel moneda del euro y los pasaportes alemanes. La compañía pasó a ser patrimonio del gobierno alemán en 2009 y Baugmartl mantuvo el puesto. Él no respondió mensajes de Univision Investiga.

“Los contratos los trajo Francisco y Baumgartl para ser firmados acá en Panamá (…) Se trata de contrataciones por € 60 Millones”, que se usarían para proveer “un sistema muy moderno y quizás costoso, quizás menos prioritario que la salud de los pobladores, pero importante en la política de Castro y Chávez”, escribió Owens.

Inicialmente la operación debía culminar en 2008, pero los archivos muestran que se extendió hasta 2014. Owens consideró el esquema de Billingsley “muy endeble”. Recomendó “una compañía holding diferente y acciones a favor de un Trust o Fundación, y las cuentas deberían manejarse por profesionales ubicados en Panamá, para evitar problemas tributarios a Francisco Pardo Mesones”.

En una entrevista con el diario alemán Süddeutsche Zeitung para esta investigación global, Owens aseguró que Mossack Fonseca “tienen un departamento de cumplimiento fuertes en Panamá y en sus oficinas. Ellos son autónomos e independientes para decidir quiénes serán sus clientes. Ellos tienen la información en sus oficinas para ofrecer a las autoridades”.

La propuesta de Owens fue aceptada y Mossack constituyó en Tórtola, la mayor de las islas vírgenes británicas, la sociedad Billingsley Global Investments Corp con dirección en Bahamas. Los directores fueron Pardo y Baugmartl, mientras las acciones se dividieron a partes iguales entre Billingsley Global Corp y Axford Investments Inc., compañías que ambos controlaban en Panamá y cuya dirección fiscal era la casa Pardo en Lima, según logró corroborar el medio digital peruano Convoca. Pardo y Baugmartl no han respondido los mensajes ni llamadas de Univision.

La triangulación incluía encontrar un banco que aceptara el esquema: su cliente quería “vender un producto específico en Venezuela, pero es el gobierno de Cuba quien debe pagar por el producto”.

Owens advertía a sus colaboradores: “tendríamos que controlar muy bien a Cuba para que no salga información confidencial”. Esto significaba que no se filtrara información desde Albet Ingeniería y Sistemas, una compañía estatal radicada en La Habana y que firmó los contratos como si fuera la proveedora.

En septiembre de 2008, Pardo se reunió con Mossack Fonseca en Panamá y decidieron que los negocios continuarían por medio de alguien local, cuyo nombre no se vinculara con los dueños. Mossack propuso a Ricardo Icaza, un abogado que cobraba a la firma una anualidad por el uso de su nombre, como se observa en las facturas de sus comisiones a las que tuvo acceso Univision Investiga.

“Yo no era un comodín de Mossack, yo no aparecí en más de diez sociedades”, aseguró Icaza. En 2010 la firma giró un certificado, con fecha retroactiva de un año antes, en el que aparecía como el dueño de todas las acciones de Billingsley. Él aseguró vía telefónica que nunca tuvo conocimiento: “Yo no tengo idea del giro de ninguna de estas empresas ni tampoco lucré de estas empresas”.

Owens se ufanó de que “esto le ayudará mucho a Pancho, por si las moscas, y para que haya más documentación de apoyo”. Los documentos fueron legalizados y enviados al consulado de Cuba. Pancho era el nombre con el que se referían internamente los empleados de Mossack a Francisco Pardo.

“Si yo hubiera visto algo de Cuba no hubiera firmado alegremente. Yo no simpatizo con ningún gobierno dictatorial. Si hubiera habido algún contrato con Cuba yo hubiera preguntado”, afirmó Icaza.

En los años siguientes su nombre fue utilizado en cartas enviadas a la compañía cubana para cobrar remanentes del contrato con Venezuela. Las relaciones para mantener los cobros incluyeron un viaje de una delegación de Venezuela a Alemania en octubre de 2010, con gastos pagados por Billingsley. Entre los invitados estaban varios empleados cubanos de Albet, el promotor alemán de Bundes Druckerei Joachim Kammerer y la funcionaria chavista Elymariel Caraballo, quien años después fue nombrada directora de Registros y Notarías en Venezuela.

Las interrogantes sobre los contratos de Albet con Venezuela comenzaron en 2011. El ingeniero Anthony Daquin cuestionó en una entrevista con el diario El Nacional de Venezuela y luego con Univision Investiga la participación de la empresa cubana en un contrato con la holandesa Gemalto para la expedición de cédulas de identificación.

Daquin reveló: “Cuba en este momento tiene acceso a la información de millones y millones de venezolanos (…). Toda esta información está interconectada entre los organismos y obviamente Albet accede a la información de cada uno de los venezolanos, fiscal, económica y seguro social”.

A pesar de los cuestionamientos sobre ese esquema similar, en Panamá todo siguió fluyendo normalmente. En los meses siguientes Mossack recibió facturas por 2.5 millones de euros en las que Sotelo Corp, otra de las compañías vinculadas a la red, le cobraba a Billingsley por “servicio de captura de datos” sobre contratos en Venezuela.

Estos documentos incluían instrucciones para depositar el dinero en el Barnet Capital Bank en la isla caribeña de Dominica. Los correos electrónicos filtrados dan cuenta de que el esquema de cobro de comisiones incluyó la petición de Pardo para que Mossack elaborara un plan para transferir otros dos millones euros de Axford Investments hacia una cuenta en Suiza.

En febrero de 2014 el semanario alemán Der Spiegel publicó que Baugmartl estaba detrás de Billingsley y el contrato con Venezuela. Pardo viajó a Panamá para reunirse personalmente con los abogados y Mossack se apresuró a expedir constancias, primero de que Baugmartl nunca había sido parte de la sociedad, luego de que sí había tenido poderes pero se le habían revocado. La petición expresa fue que los documentos debían tener fecha retroactiva.

La revelación en el semanario aceleró el final de la compañía. En noviembre de ese año, Pardo solicitó disolverla “porque ya no la va a usar más”, de acuerdo con un correo electrónico fechado en noviembre por la representante en Perú, Mónica de Ycaza.

Mossack aceptó con el requisito de que el banquero les firmara una carta de indemnización por cualquier demanda, reclamo o juicio. “La carta debe cubrirnos a nosotros y a Icaza por cualquier tema”, escribió el abogado de Mossack Edison Teano sobre el documento, del que no queda claro en la filtración si llegó a firmarse.

Icaza, ajeno a la trama según dijo, se enteró de que Billingsley había sido disuelta a finales del año pasado, cuando renunció a su puesto como uno más en la inmensa red de directores nominales que usa Mossack Fonseca para mantener aceitada una estructura de 214 mil sociedades en todo el mundo.

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