La justa indignación de los vacunados

El indeseable repunte de la pandemia está provocando un nuevo fenómeno: la indignación de las personas que se vacunaron, especialmente aquellas que durante año y medio han seguido las reglas de la intrincada lucha contra el coronavirus. Han usado mascarillas en lugares interiores, observado el distanciamiento social y practicado normas estrictas de sanidad. Ahora se sienten frustradas y furiosas hacia aquellos que se niegan a vacunarse sin tener buenos motivos. Y también hacia líderes políticos y civiles que se lo permiten con displicencia, como si el derecho a no vacunarse fuera mayor que el derecho que tienen los demás a proteger su salud y su vida.

No está de más que los vacunados se indignen un poco y lo manifiesten, aunque con la debida moderación. Bastante violencia sufre ya el país por parte de los energúmenos que vociferan, ocupan a la fuerza sedes de gobiernos estatales y municipales y arman bronca en aviones y tiendas porque no quieren usar mascarillas y les importa un bledo si estornudan o tosen en las caras ajenas. La pregunta clave es qué pueden hacer, razonablemente, los ciudadanos que se han guiado por las nuevas reglas sanitarias para canalizar su justa indignación a favor del esfuerzo para vacunar a casi cien millones de compatriotas, muchos de los cuales no se inoculan porque no les sale de la entretela, citan desinformación o alardean de una postura “política” que desdeña la ciencia médica.

Antes de responderla, permítanme una breve pero importante digresión. La renuencia de los no vacunados ha aumentado en los últimos días. Una reciente encuesta del diario Washington Post y la Cadena ABC concluyó que tres de cada 10 estadounidenses no planean ponerse la vacuna por mucho que se lo pidan. Esto representa un aumento del 24 por ciento respecto a abril. Una consecuencia es el rebrote de la pandemia porque surgen nuevas variantes entre los no vacunados, como la contagiosa y peligrosa delta. Esto ha retrasado el reloj de la lucha contra el covid-19, obligando a adoptar otra vez el uso extendido de mascarillas, demorando el regreso de millones a sus centros laborales y agravando el hacinamiento en los hospitales y la presión física y emocional sobre los trabajadores sanitarios.

Ante esta alarmante situación, la gobernadora republicana de Alabama, Kay Ivey, declaró que “es hora de empezar a culpar a la gente no vacunada, no a los demás”. Y subrayó que “los no vacunados nos han defraudado”. No cabe duda de que nuestras autoridades han probado, sin mucho éxito, la benevolencia hacia los renuentes. Sigue y seguirá siendo válido el convencer a algunos mediante información verificable que atenúe sus temores infundados, como recomiendan expertos en salud pública. Pero también se ha hecho necesario apelar a algo más que la persuasión para vacunar a aquellos que nos están enfermando y matando sin remilgos ni aparentes cargos de conciencia.

Un recurso del que disponen tanto los gobiernos como las empresas privadas es exigirles pruebas periódicas de covid-19 a quienes acuden sin vacunarse a oficinas y otros centros de trabajo. El gobierno federal ya se mueve en esa dirección. Los hospitales, asilos y otros centros de salud deberían exigir la vacuna a sus empleados y despedir a quienes se nieguen a vacunarse, a menos que tengan un poderoso motivo médico que puedan demostrar. En los casos extremos de agitadores de la desinformación y las teorías conspirativas, va siendo hora de llevarlos ante la justicia. Las personas que hayan perdido seres queridos por culpa de estos agitadores sin escrúpulos deberían tener el recurso legal de demandarles ante las cortes, presentando, por supuesto, las evidencias que exija cada caso.

Más de 160 millones de personas nos hemos vacunado en Estados Unidos. Un poco más de la mitad de la población. El gobierno federal y algunos gobiernos estatales – no todos – nos han facilitado el proceso. Pero no podemos dejar únicamente en manos de los gobiernos toda la respuesta a nuestros conciudadanos que, por zafiedad, fanatismo o por egoísmo, se niegan a vacunarse, poniendo en peligro nuestra salud, la salud de nuestros familiares y el regreso del país a la normalidad previa a la crisis sanitaria.

Hasta el fin de la pandemia, si es que este llegase algún día, nuestra primera responsabilidad cívica será tratar de ayudar a los reacios a entender racionalmente que, si se vacunan, se están protegiendo ellos y ayudando a proteger a los demás. Pero allí donde falle la persuasión, no tendremos otra alternativa que usar diferentes recursos legales para vencer su resistencia a convertirse en parte de la solución a la catástrofe sanitaria que todos padecemos.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de Opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresada(s) allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es). Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.