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La Administración para el Control de Drogas

Uno de los operativos más grandes de la DEA en California desarticula varias células del cartel de Sinaloa en San Diego

Al menos 47 presuntos narcotraficantes ya se encontraban bajo custodia estatal o federal, mientras las autoridades seguían tras la pista de 38 sospechosos. Se trata de uno de los golpes más duros que ha sufrido en la región el cartel liderado por el capo Ismael ‘El Mayo’ Zambada.
19 Sep 2019 – 06:58 PM EDT

LOS ÁNGELES, California.- Un día después de que el presidente Donald Trump visitó la frontera entre California y México, el Departamento de Justicia (DOJ) anunció el resultado de un mega operativo que se enfocó en múltiples grupos criminales ligados al cartel de Sinaloa en la ciudad de San Diego.

Hasta la tarde de este jueves, al menos 47 presuntos narcotraficantes ya se encontraban bajo custodia estatal o federal, mientras las autoridades seguían tras la pista de 38 sospechosos. Se trata de uno de los golpes más duros que ha sufrido en la región el cartel liderado por el capo Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Esta mañana, una operación policial coordinada ejecutó más de una docena de órdenes de cateo en San Diego, en las cuales confiscaron cuatro libras de metanfetamina y dos armas de fuego.

En total, un equipo especial liderado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) les decomisó a estos narcos 175 libras de metanfetamina, heroína y fentanilo, unos 50,000 dólares en efectivo, varias armas, así como una lujosa camioneta Cadillac Escalade 2020 valorada en más de 115,000 dólares. Dichas incautaciones ocurrieron en San Diego y en varios lugares del país, según las autoridades.

Estas células criminales se dedicaban a la distribución de droga y el lavado de dinero en el sur de California. Recibían los envíos del cartel de Sinaloa y les enviaban las ganancias a sus líderes en México.


“Estas afiliadas suministraron varios kilos de sustancias controladas, principalmente metanfetamina y heroína, así como fentanilo, a docenas de subdistribuidores ubicados en todo el sur de California”, señala la Fiscalía federal en un comunicado.

Además, indica el DOJ, blanquearon “decenas de miles de dólares” para la organización de ‘El Mayo’.

Sus jefes eran Juan Carlos Ochoa, René Valdez Jr., Ramón Castillo, Michael Wright, Alfonso Arroyo, Douglas Bowen, Samuel Becerra y Javier Vergara. Todos son residentes de San Diego. Ellos encabezan ocho acusaciones federales desveladas este jueves y que mencionan a un total de 85 personas.

Varios de los acusados comparecerían la tarde de este jueves en una corte federal en San Diego.

“Hoy enviamos un mensaje a los narcotraficantes en nuestra comunidad: si vendes drogas en San Diego te encontraremos y te enjuiciaremos con todo el peso de la ley”, advirtió el fiscal federal Robert Brewer.

“Este caso representa otro ataque crítico contra el Cartel de Sinaloa y sus redes con sede en Estados Unidos”, agregó el funcionario.

Los investigadores federales descubrieron que estos delincuentes usaban métodos de comunicaciones encriptados para evitar que los espiaran, como Signal y WhatsApp.

Sin embargo, los agentes lograron que un juez aprobara una intervención telefónica para rastrear durante 10 meses sus conversaciones y su ubicación. También emplearon otras técnicas de espionaje, como vigilancia constante, la obtención de registros telefónicos, documentos financieros, órdenes de rastreo en teléfonos y vehículos, así como agentes encubiertos.

“Sacamos a delincuentes de las calles en el sur del condado (de San Diego) que vendían drogas y cometían delitos violentos, robos, invasiones de viviendas, robo de identidad, fraude y otros crímenes contra la propiedad”, señaló Karen Flowers, agente encargada de la oficina local de la DEA.

“El vacío que queda es una oportunidad para que las comunidades del sur del condado respiren aire fresco. La libertad no tiene precio. Hoy el sur del condado es libre de vivir sin un trasfondo criminal que erosionó su calidad de vida diaria”, añadió Flowers.

Si los acusados son encontrados culpables enfrentaría un castigo obligatorio mínimo de 10 años de prisión y uno máximo de cadena perpetua, además de multas de más de 10 millones de dólares.

Más de 10 agencias del orden trabajaron coordinadamente para poner a estos narcos tras las rejas, incluyendo a la Patrulla Fronteriza, el Servicio Secreto, los US Marshals y el Buró federal de Prisiones.


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