Más de 70,000 detenciones desde que se decretó el estado de excepción en El Salvador en 2022
El gobierno del presidente Nayib Bukele anunció por medio de su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, que el número de detenidos en virtud del estado de excepción instituido en El Salvador desde hace más de un año supera las 71,000 personas, lo que representa aproximadamente el 1.1% de la población del país.
"Tenemos a la fecha, y luego de un año de implementación, 71,776 capturas", comentó el lunes el funcionario, refiriéndose al estado de excepción, durante una entrevista en una estación local de noticias.
Estado de excepción en El Salvador
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó por primera vez el estado de excepción el 27 de marzo de 2022, pocos meses antes de que el presidente Nayib Bukele cumpliera tres años en el poder como respuesta al alto nivel de violencia vivido en el país en los días anteriores en los que ocurrieron 76 homicidios en 48 horas.
El régimen de excepción que rige desde entonces limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser informada de sus derechos y los motivos de su arresto y su derecho a ser asistido por un abogado. Además amplía de 72 horas a 15 días el plazo máximo de detención preventiva y suspende el derecho a la privacidad a las comunicaciones, incluyendo las electrónicas.
Según la Constitución de El Salvador, el estado de excepción tiene una duración de 30 días, pero puede ser prorrogado mientras aún existan las causas que llevaron originalmente a su instauración. La Asamblea Legislativa ha aprobado diligentemente las 16 prórrogas solicitadas por el gobierno de Bukele hasta el momento, la última de ellas el pasado 11 de julio.
Gracias a la implementación del estado de excepción, Bukele logró mostrar resultados en su lucha contra el crimen organizado y la reducción de la tasa de homicidios, dos de las principales promesas que lo llevaron al poder en 2019.
En 2022, cuando se implementó por primera vez el estado de excepción, El Salvador registró un total de 495 homicidios, lo que representa una tasa de 7.8 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Esa cifra representa una importante disminución respecto a los 1,147 homicidios contabilizados en 2021, cuando la tasa de homicidios fue de 18.1 por cada 100,000 habitantes, así como una enorme reducción respecto a la tasa de 106.3 homicidios por cada 100,000 habitantes registrada en 2015.
Violaciones de derechos humanos bajo el estado de excepción de Bukele
Sin embargo, según sus críticos, los avances de Bukele en materia de seguridad han sido alcanzados pagando un alto costo en violaciones constantes de los derechos humanos de los ciudadanos de El Salvador.
Un informe trimestral presentado por la organización local de derechos humanos Servicio Social Pasionista o SPASS, reportó un 5,490 víctimas directas de violaciones derechos humanos por parte del estado desde la instauración del estado de excepción.
Verónica Reyna, la directora del SPASS, explicó en una entrevista con el periodista Hugo Villagrán en la estación de televisión TVX, que esa cifra sale de un compilado de los reportes de siete organizaciones locales de derechos humanos que se dedican a asistir a las víctimas de violaciones de derechos en el país.
Entre las víctimas se encuentra el periodista Victor Barahona, quien según la Asociación de Periodistas de El Salvador “estuvo encarcelado por casi un año de manera injusta”. Según la organización “durante 11 meses y 12 días, Barahona permaneció en condiciones de hacinamiento, tortura y sin acceso a atención médica”. Barahona fue liberado en mayo.
El reporte del SPASS cuenta con 5,233 denuncias hechas entre marzo de 2022 y el 30 de junio de este año, que abarcan los 5,490 afectados por la organización. Reyna advierte que la cifra real de víctimas puede ser mayor y que cree que las cifras reportadas pueden ser una muestra muy pequeña de la realidad.
Según un reporte de El Espectador de Colombia, han habido 174 muertes de personas detenidas en el marco del estado de excepción, muchas de ellas con señales de torturas, desnutrición o enfermedades crónicas sin tratamiento.
El pasado 14 de julio, El Salvador negó ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos haber incurrido en violaciones de derechos humanos o en torturas de los detenidos bajo el régimen de excepción, después de que la organización hizo un llamado al restablecimiento de las garantías y el fin del estado de excepción.
Según la CIDH, “la suspensión de derechos y garantías, especialmente cuando es aplicada de manera indefinida, constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común”.
El comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, el colombiano Andrés Guzmán dijo: “Rechazo de forma general y clara todas las afirmaciones que se han hecho acerca de que en El Salvador existen torturas, existen violaciones a la libertad de expresión, que existe seguimiento y acoso contra periodistas”.
Con información de The Associated Press