La Mara Salvatrucha pide diálogo al gobierno de El Salvador

SAN SALVADOR, El Salvador.- Dos años después de que el gobierno salvadoreño declaró la guerra a las pandillas y de la aplicación de medidas “extraordinarias” que han endurecido los controles en las cárceles, una de las tres principales pandillas de El Salvador, la Mara Salvatrucha (MS-13), propuso a las autoridades la instalación de una mesa de diálogo para reducir los índices de violencia que ubican a este país Centroamericano como uno de los más violentos del continente.

La MS-13 propone la creación de una mesa diálogo en la que sus interlocutores sean el gobierno, los partidos políticos y organizaciones que trabajan por el respeto a los derechos humanos. En el 2012, las pandillas y el gobierno pactaron una reducción de homicidios a cambio de beneficios carcelarios, pero este proceso conocido como “la tregua” fracasó. Las investigaciones de la Fiscalía demostraron que durante la tregua, algunos líderes de pandillas siguieron extorsionando a comerciantes desde la cárcel, ordenaron homicidios y compraron armas y drogas.

En su nueva propuesta de diálogo, la MS-13 ofrece como punto inédito desbaratar su estructura delictiva, algo que ellos rechazaron negociar durante el anterior trato con el gobierno. Los voceros de las pandillas reconocen que algunos de sus miembros han cometido delitos graves, pero alegan que tienen derecho a la rehabilitación, a una nueva vida. En este punto ofrecen la posibilidad de que sus miembros se retiren de la pandilla, algo que hoy en día es imposible porque en la vida cotidiana las pocas posibilidades para abandonar a estos grupos son: la muerte o el aval de los líderes para que alguno de sus miembros se congregue en una iglesia.

“Uno de morro (niño) hace cosas que no tiene que hacer, pero cuando se hace adulto y uno tiene hijos, la mente madura y eso que hiciste ya no querés hacerlo. Todo ser humano tiene derecho a cambiar, no toda la vida va andar haciendo cosas ilícitas”, dijo uno de los voceros durante una entrevista que concedió al periódico digital El Faro.

En varias investigaciones de la Fiscalía, las escuchas telefónicas contra algunos líderes pandilleros ha revelado que las pandillas destinan una parte importante del dinero de las extorsiones para la compra de fusiles M-16 y Ak-47 en Guatemala y Honduras. La adquisición de esas armas les ha permitido enfrentarse a tiros con policías y militares. En esos enfrentamientos, durante el 2016, murieron 49 policías y 603 pandilleros.

Los voceros de la MS-13 reconocen la adquisición ilegal de armas, pero la entrega de las mismas, dicen, dependerá de la voluntad de diálogo del gobierno. En su discurso, los voceros de las pandillas hasta hacen un paralelo de su propuesta con el proceso de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de ese país. “No podemos partir diciendo que nos vamos a desarmar, todo depende de cómo el gobierno reciba la propuesta y la seriedad que le dé (…) Ellos (las FARC) después de andar matando gente, de ser terroristas, se van a reinsertar como ciudadanos”, reiteró un portavoz de la MS-13 a El Faro.

“Si es cierto, hay que buscar alternativas”

El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Guillermo Gallegos, es una de las personas con un discurso de choque contra las pandillas. “Yo soy de la idea de la represión, de otra manera esta gente no entiende”, dijo el diputado el 30 de julio de 2014, cuando presentó una solicitud para aplicar la pena de muerte. Aunque mantiene palabras duras contra los pandilleros, ahora que la MS-13 pone sobre la mesa su propia disolución, el político dice que no se puede dar un portazo ante la posibilidad de conseguir paz y seguridad.

“La puerta (al diálogo) nunca se puede cerrar totalmente. Si esto es cierto, hay que buscar alternativas, lo que queremos es paz y seguridad. Yo le voy a decir que tengo cierta incredulidad… Que entreguen las armas y que los líderes salgan a la luz pública, mientras tanto no dejan de ser un grupo violento. Insisto que antes de negociar, primero tendrían que deponer la violencia porque es difícil creer en ellos cuando tienen como modo de vida el asesinato y la extorsión”.

Gallegos cree que la propuesta de la MS-13 es el resultado “del poder” con que el Estado está atacando a las pandillas en los últimos meses. El 5 de enero de 2015, el gobierno declaró la guerra a las pandillas, los diputados aprobaron una ley que sanciona a las empresas telefónicas que intensifiquen su señal en las áreas de los penales, en los últimos cinco años la cantidad de detenidos aumentó de 25,000 a 38,000 (en una celda con capacidad para 20 personas están hasta 120), y se restringió el acceso de familiares e iglesias a las cárceles.

El Gobierno dice que gracias a estas medidas “extraordinarias” han reducido los homicidios. En el 2015 reportaron 6,640, mientras que en el 2016 registraron 5,278. “El año pasado se registraron más de 1,300 homicidios menos en relación al 2015, además se redujo en un 12.5 por ciento en la incidencia delincuencial”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde. Los logros anunciados por las autoridades están opacados por informes de violaciones a los derechos humanos en las cárceles. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos hasta ha comparado la situación de las cárceles con los campos de concentración nazis.

Donato Vaquerano, diputado de Arena, el principal partido en la oposición, dice sentirse complacido de la propuesta de diálogo en que la MS-13 ofrece hasta su propia desarticulación. “¡Que bien! ¡Muy bien que dejen de delinquir!”. Vaquerano, sin embargo, dice que su partido no tiene ningún rol protagónico en esa negociación: “El encargado de aplicar el imperio de la ley es el gobierno, no son los partidos políticos ¿Nosotros qué podemos hacer?”.

Por su parte, el secretario de comunicaciones del Gobierno, Eugenio Chicas, dijo a El Faro que la propuesta de la pandilla es algo que tiene que analizarse a largo plazo porque el Estado no tiene recursos económicos y las políticas de rehabilitación son caras. Sobre la estrategia de choque contra la pandillas es algo que el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, deberá analizar. “Hasta hoy la posición ha sido ningún trato con esos grupos. Pero el presidente tiene la autoridad para considerar cualquier otra condición. Es un tema al que hay que darle taller”.

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