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Actividad de Pandillas

La masacre que aviva la guerra entre el gobierno y las pandillas en El Salvador

Mientras el gobierno anuncia más militares en las calles y medidas especiales, se debate decretar el estado de emergencia para tratar de controlar la escalada de violencia que vive el país.
15 Mar 2016 – 2:11 PM EDT

Por Efrén Lemus, @efrenlemus desde El Salvador

El asesinato de once trabajadores en una calle polvosa del cantón Agua Escondida, en San Juan Opico, unos 42 kilómetros al occidente de la capital de El Salvador, avivó la guerra entre el gobierno y las pandillas. El presidente, Salvador Sánchez Cerén, movió ficha este lunes, dos semanas después de la masacre de los trabajadores, al anunciar que aumentará la participación de militares en labores de seguridad pública.

Además, pedirá a los diputados una “declaratoria de emergencia” con la esperanza de contrarrestar el alza de homicidios que ha convertido a este pequeño país centroamericano en uno de los más violentos del mundo. Y aunque no dio detalles de las medidas que eso conllevaría, sí dijo que analiza "dónde aplicarla".

El presidente hizo estos anuncios en respuesta a una matanza que representó un giro en los hechos de violencia en el país. La mañana del 3 de marzo, ocho empleados de una empresa distribuidora de energía que instalaban unos postes para cables de alta tensión fueron asesinados. Unos 200 metros más adelante, la Policía encontró los cadáveres de otros tres jornaleros, asesinados por haber presenciado la masacre. El gobierno atribuyó esos homicidios a la Mara Salvatrucha (MS 13), una de las tres pandillas más grandes de El Salvador.



Hasta ahora, las masacres El Salvador estaban relacionadas principalmente con disputas por territorio entre pandillas, ataques de pandilleros a policías, soldados o sus familiares o con miembros de las bandas que mueren tras “enfrentarse” a la Policía. Sin embargo, la matanza de los once trabajadores en San Juan Opico no encaja en ninguno de estos casos. El diputado Reynaldo Cardoza considera que fue una estrategia de las pandillas para presionar al Gobierno y recuperar beneficios que obtuvieron durante la tregua. “ La masacre es un mensaje claro para el gobierno, quieren arrodillarlo para negociar”, dice Cardoza.

El presidente ha negado cualquier estrategia de negociación con las pandillas en un contexto de alza de la violencia inaudita. Entre enero y febrero del 2016, la Policía reportó el asesinato de 1,399 salvadoreños. El año pasado, en el mismo período, se registraron 643 homicidios, lo que significa un incremento del 118 por ciento.

El gobierno del expresidente Mauricio Funes negoció una tregua con las pandillas, por la que sacó de penales de máxima seguridad a más de 40 líderes pandilleros hacia cárceles con controles menos rígidos y flexibilizó los controles en los penales. A cambio, las pandillas se comprometieron a reducir los homicidios: de 14 crímenes diarios, la cifra se redujo a cinco, durante el 2012 y 2013.

Sánchez Cerén, que este lunes reveló que 544 militares reforzarán a la Policía Nacional Civil en la estrategia de choque contra las pandillas, también anunció que prepara un decreto para sacar de los centros penales a reos de la tercera edad que sufren enfermedades terminales para abrir espacio a otros detenidos que están actualmente en bartolinas y así mejorar el control en las cárceles.

Debate sobre el estado de excepción

Ante la escalada de la violencia, hay voces en la Asamblea Legislativa que se han pronunciado a favor de implementar “estados de excepción” en los municipios más violentos del país. La ley salvadoreña define un estado de excepción como la restricción de la circulación por determinados territorios, control de la libertad de expresión y restringir el derecho de asociación cuando sucede una grave perturbación al orden público.



El presidente Sánchez Cerén no hará uso de su potestad ejecutiva para aplicar el estado de excepción, pero aseguró que en los próximos días pedirá que los diputados autoricen declarar estados de emergencia focalizados en algunos municipios.

Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, critica al gobierno por no solicitar el estado de excepción. “Falta decisión y valentía del gobierno. Al gobierno le falta contundencia porque plantean la declaratoria de emergencia y hablan de suspender garantías constitucionales, eso es bien ambiguo. Ellos tienen que decir los puntos que quieren”.

Gallegos es uno de los promotores del estado de excepción desde el año 2012, pero políticamente su propuesta no ha encontrado respaldo. Sin embargo, el pasado fin de semana la Iglesia Católica se pronunció a favor de esta medida. “Sería conveniente focalizar áreas en donde se pueda implementar estados de excepción”, dijo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas.

Su propuesta se puede resumir en tres puntos: pide que los estados de excepción sean focalizados en los municipios más conflictivos; pide que se faculte a la Policía para allanar viviendas sin tener autorización judicial; y que se amplíe el plazo de detención provisional de 72 horas a 15 días para que fiscales y policías puedan “obtener información” que les permita desbaratar a las clicas (grupos) de pandillas. Él dice que insistirá en el pleno a que se apruebe su propuesta.

Otros diputados se dan por satisfechos de que el gobierno refuerce con más militares la seguridad pública y mantienen su reserva sobre aplicar medidas más extremas. “Tenemos que ser cautelosos porque en lugar de cortar el cáncer lo podemos extender. Imagínese que aplicamos un estado de excepción en los 20 municipios más violentos, ¿Qué pasará con los demás municipios? Estas maras emigran de un lugar a otro”, dice el diputado Reynaldo Cardoza.

En la última década, los diputados salvadoreños han aprobado una serie de reformas para combatir a las pandillas, crearon jueces especiales contra el crimen organizado y autorizaron las intervenciones telefónicas, pero la entrada en vigor de estas leyes no frenó la escalada de homicidios ni la de extorsiones. La juez Nora Montoya cree que las medidas “excepcionales” que actualmente se promueve el Gobierno no resolverán el problema.

“Creo que lo primero que tendríamos que hacer es analizar las herramientas legales con las que ya contamos, y verificar cuáles son las que sí se pueden implementar y cuáles han sido las limitantes que hemos tenido para no poder tener éxito en esta implementación. Cuando ya se hayan agotado estos medios, entonces lleguemos a la medida extrema. Falta coordinación entre instituciones para verdadera aplicación de la ley”, dice Montoya.


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