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Maras

El expresidente Funes y su entorno esquivan la investigación por las irregularidades de la tregua con las maras

El gobierno de El Salvador negoció en 2012 con las pandillas una reducción de homicidios a cambio de beneficios carcelarios. Cinco años después, la justicia salvadoreña ordenó procesar a una veintena de personas involucradas en la negociación, pero no han esclarecido el papel que jugaron los políticos de primera línea que dirigían la seguridad pública.
2 Jun 2017 – 2:55 PM EDT

SAN SALVADOR, El Salvador. - Cinco años depués del desplome de homicidios en El Salvador gracias a la negociación entre el gobierno del expresidente Mauricio Funes y las pandillas, algunos de los involucrados en ese proceso conocido como “la tregua” fueron capturados y otros enviados a juicio. Sin embargo, entre la veintena de personas que esta semana ha comparecido ante la justicia, no se encuentra ninguno de los altos funcionarios que eran responsables de las políticas de seguridad pública en El Salvador.

Un juzgado contra el crimen organizado de San Salvador ordenó la tarde del miércoles un juicio contra 19 personas, entre los que se encuentra el entonces director de Centros Penales, Nelson Rauda, y uno de los negociadores con las pandillas, el exdiputado Raúl Mijango. La Fiscalía los acusa de facilitar el traslado de una treintena de líderes pandilleros desde el penal de máxima seguridad hacia otras cárceles con controles menos rígidos. Además, les reprocha que facilitaron el ingreso de objetos prohibidos (celulares) a las celdas.


Esta no es la única investigación contra la tregua con las pandillas. El martes de esta semana, la policía capturó al actual director de Centros Penales, Rodil Hernández. Él y su antecesor, Nelson Rauda, son acusados de malversación de 5.6 millones de dólares. Según la Fiscalía, ese dinero debió invertirse en programas para rehabilitación de los prisioneros, pero los exfuncionarios lo usaron para pagar el salario de personas que participaron en la negociación con las pandillas.

Los abogados que defienden a Mijango y Rauda alegan que todas las decisiones que tomaron durante la tregua con las pandillas fueron parte de una estrategia del Gobierno para reducir los altos índices de violencia en El Salvador. Para demostrar que se trató de una política de seguridad pública pidieron que se llame a declarar a los arquitectos de la tregua con pandillas, el gabinete de seguridad del expresidente Mauricio Funes.


La Fiscalía no puede procesar a Funes

La veintena de personas que enfrentará un juicio por la tregua con pandillas ha pedido que se llame a declarar como testigos a altos funcionarios del Gobierno. “Se propuso como testigo al general David Munguía Payés para reafirmar y confirmar la tesis que todas estas decisiones eran parte de una política de Estado”, dijo Carlos Escobar, el abogado que defiende a Rauda.


Munguía Payés era el ministro de Seguridad y ahora se desempeña como ministro de Defensa. En 2012, el ministro dijo al periódico digital El Faro que la tregua con las pandillas fue una estrategia que se diseñó desde su despacho y que tenía el aval del entonces presidente Mauricio Funes.

En febrero de 2016, siete meses antes de verse involucrado en actos de corrupción y de pedir asilo político en Nicaragua, Funes dijo que su gobierno solo facilitó “apoyo logístico” para que las pandillas redujeran los homicidios.

Aunque los investigadores tienen esta información, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, dijo que no tienen suficientes pruebas para procesarlos. “El expresidente Funes está mencionado ahí, y que estuvo detrás de la tregua, y el ministro Munguía Payés y otros funcionarios. Hemos tratado de llegar hasta ahí, incluso dándoles a los procesados la oportunidad como “criteriados” (testigos) y no han querido hablar”, afirmó.

El juzgado que investiga la tregua con las pandillas aceptó que Funes y Munguía Payés declaren como testigos. En la lista de testigos también figura el actual vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Él era alcalde de Santa Tecla y firmó un acuerdo para sumarse a una iniciativa del gobierno de Funes llamada “municipios libres de violencia”, donde las pandillas se comprometían a reducir los índices de homicidios a cambio de programas para reincorporarse a la vida productiva del país.

La tregua con las pandillas comenzó en marzo de 2012 y finalizó a principios de 2014. Antes de ese acuerdo, El Salvador registraba un promedio diario de hasta 14 homicidios, pero tras el acuerdo esa cifra se redujo hasta cinco homicidios diarios. Ahora, el gobierno de Salvador Sánchez Cerén mantiene una política de choque con las pandillas y, durante el pasado mes de mayo, el promedio diario fue de 9.5 homicidios diarios.

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