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Ciudades Santuario

En la era Trump se han multiplicado los santuarios para indocumentados pese a las amenazas

Al llegar a la Casa Blanca, Trump amenazó con quitarle fondos a las ciudades santuario y más recientemente dijo estar enviando a los centroamericanos que llegan masivamente a la frontera a las localidades que no cooperaran con las autoridades migratorias federales. Sin embargo, según el recuento de una organización, durante su gobierno los territorios que protegen a los indocumentados se han multiplicado.
11 May 2019 – 6:52 PM EDT

WASHINGTON, DC.- La cruzada de Donald Trump contra las ciudades santuario podría ser más contraproducente de lo que parece. Pese a que durante su presidencia hay estados como Texas o más recientemente Florida que han aprobado estrictas leyes consideradas antiinmigrantes que obligan a las autoridades locales a cooperar con la agencia encargada de las deportaciones, numerosas ciudades y condados han optado por proteger a los indocumentados detenidos que no han cometido faltas graves.

Según datos del Immigrant Legal Resource Center (ILRC), una organización de derechos de los inmigrantes que monitorea la expansión de las políticas santuario, desde que Trump llegó al poder en enero de 2017, las jurisdicciones que protegen a los migrantes se han multiplicado.

"Desde que Trump se hizo presidente, más de 120 condados y ciudades han aprobado políticas santuario y más de 28 estados tienen una ciudad o condado con este tipo de política", le dice a Univision Noticias el investigador de ese instituto Krsna Ávila.


"La administración Trump ha hecho todo lo posible para tratar de frenar a diferentes jurisdicciones para implementar políticas santuario pero estamos ganando no solo a nivel estatal, ya que hay diferentes estados que han aprobado legislaciones santuario, sino a nivel local. Hay muchos condados y ciudades que han aprobado leyes santuario y además de eso también hay numerosas sentencias judiciales favorables en cortes que dicen que estas políticas de Trump son ilegales", añade el investigador del ILRC.

Al presidente solo le hicieron falta 5 días en la Casa Blanca para lanzar su primera amenaza a las ciudades santuario. Lo hizo al firmar una orden ejecutiva que estipulaba el retiro de fondos a las administraciones locales que no cooperaran con las autoridades migratorias, una orden que la justicia determinó que era "inconstitucional".

Y más recientemente aseguró estar enviando a los indocumentados que llegan en números récord a la frontera a las ciudades santuario en una especie de retalización.


Las nuevas políticas santuario

Pero lejos de disuadir a las ciudades de frenar su cooperación con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), algunas localidades, condados y estados han tomado medidas para la defensa de los inmigrantes ante la llegada de Trump a la Casa Blanca.

El año pasado, con la ley SB54, California implementó la más amplia ley santuario por la que que las agencias policiacas locales y estatales tienen prohibido indagar el estatus migratorio de las personas, colaborar en los operativos de ICE y transferir a los detenidos por faltas menores.

Además, el ILRC considera que otros estados como Connecticut, Illinois, Oregon, Washington, Rhode Island, Vermont, Nueva Jersey o Colorado tienen políticas de protección a los migrantes con diferentes grados de rechazo a la cooperación con las agencias federales de migración por los que se les podría considerar santuario.

Sin embargo, es difícil establecer un mapa de estos territorios. El Center for Immigration Studies (CIS), un instituto que aboga por niveles bajos de inmigración, por ejemplo, incluye en su lista también a estados como Massachusetts y Nuevo México.

La dificultad en determinar qué es un santuario se debe a los diferentes grados de cooperación que establecen los territorios con el gobierno federal en materia migratoria y también a la propia definición de lo que significa, que suele estar determinado por la propia percepción de la migración.

Mientras que para Jessica Vaughan, directora del CIS, las políticas santuario son "las prácticas que obstruyen la ejecución de la ley migratoria y protegen a criminales de ICE al negarse o prohibir a sus agencias cumplir con las órdenes de retención de ICE” o poniendo “condiciones poco razonables para su aceptación”, Krsna Ávila, del ILRC, define a los territorios santuario como los que “no usan recursos estatales y locales para ayudar al gobierno federal a deportar a los miembros de la comunidad”.


Colorado, la más reciente ley santuario

Precisamente con el deseo de no ver a miembros de su comunidad detenidos por faltas menores ser entregados a ICE para ser deportados, la senadora de Colorado Julie Gonzales (demócrata) promovió junto a otros legisladores la ley HB19-1124 que limita la cooperación de las agencias locales con las federales en materia de migración.

La norma, que fue aprobada por el Congreso y el Senado estatal y está pendiente de ser firmada por el gobernador Jared Polis (republicano), prohíbe a policías locales o personal carcelario detener a una persona solamente por pedido de ICE si no hay una orden de detención emitida por un juez, así como proveer información no solicitada a las autoridades federales de inmigración sobre detenidos.


La propuesta inicial, que prohibía prácticamente todo tipo de colaboración entre policías y funcionarios locales con los agentes ICE, tuvo que ser matizada tras una negociación con el gobernador Polis.

Gonzales, que antes de ser senadora trabajó como asistente legal en una oficina de migración, asegura que en ese empleo tuvo la oportunidad de asistir a migrantes detenidos por agentes de ICE cuando estaban cooperando con la justicia y cumpliendo con requisitos de su libertad condicional.

"Esas personas estaban cumpliendo con todas las reglas en las cortes en sus casos criminales por asuntos no violentos como infracciones y ofensas menores y aún así las autoridades estaban operando directamente con ICE. Para mí esto es completamente injusto y no es la meta de la libertad condicional que es rehabilitar a una persona que no es riesgosa para la comunidad", afirma. "Por eso la HB-1124 prohíbe esa coordinación y da un aviso de sus derechos constitucionales si son detenidos por oficiales de ICE".

La senadora de origen hispano asegura que se pueden hacer muchas más cosas para que su estado sea considerado completamente santuario pero cree que esta ley es "un buen inicio (...) para proteger y ayudar a la comunidad inmigrante a sentirse segura".

"Yo sé que la comunidad inmigrante quería una política santuario en sí, pero el gobernador Polis hubiera vetado esa propuesta", asegura Gonzales. "Sé que la comunidad quiere más, que esto no es alivio, es solo una parte".

Y la más reciente antisantuario: Florida

Frente a iniciativas como la de Colorado, la semana pasada la Cámara de Representantes de Florida, el tercer estado con más indocumentados después de California y Texas, aprobó la polémica iniciativa de ley SB 168 que obliga a las agencias de policías locales y universitarias, entre otras dependencias, a colaborar con el gobierno de Washington DC en la implementación de la ley federal de inmigración.


La presión de las organizaciones locales también sirvió en este caso para modificar la propuesta inicial pero esta vez para reducir algunos de los aspectos de la ley que eran más punitivos con los migrantes, afirma Thomas Kennedy, director político de Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC).

Kennedy asegura que en su organización aún están analizando cuál será el efecto de la ley antisantuario en la comunidad inmigrante del estado que, en la última semana ha multiplicado sus llamadas a la línea de atención telefónica de su organización: "La hotline tenía más de 100 llamadas al mes y ahora hay alrededor de 150 o 300 llamadas y sigue subiendo. La gente tiene miedo", afirma.

Además, el director político de FLIC lamenta que esta semana el sheriff del condado de Pinellas empezó un programa con ICE que otorga poder a las policías locales para arrestar a indocumentados.

"Ellos excusan el programa diciendo que básicamente es para indocumentados criminales pero manejar sin licencia en Florida es un crimen y puede resultar en la detención de esas personas", advierte. "Va a afectar a personas que están cometiendo infracciones muy leves como manejar sin licencia o pasar una luz roja".


En ese sentido, Kennedy lamenta que muchas de estas iniciativas que criminalizan a los indocumentados tienen que ver con el liderazgo político de cada estado y considera que la retórica de Trump está empujado al Partido Republicano a un "lugar antiinmigrante".

"Nosotros somos una organización no partidaria pero estamos viendo que estados con liderazgo demócrata están haciendo cosas proinmigrantes y estados con liderazgo republicano están haciendo cosas antiinmigrantes", afirma el director de FLIC. "Y eso no fue siempre así. Jeb Bush cuando era gobernador de Florida apoyaba licencias de conducir para indocumentados y en 2014 pudimos pasar in state tuition (matrículas universitarias de residentes) para indocumentados bajo el liderazgo republicano en la gubernatura y en las dos cámaras".

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