Una corte federal de apelaciones revirtió el lunes el fallo de una jueza federal de 2021 que consideraba inconstitucional la conocida como Sección 1326 de la Ley de Inmigración, que convertía en delito grave ( felony) el regreso no autorizado de una persona deportada ( re-entry) y lo castigaba con la deportación de por vida e incluso penas de cárcel.
Corte revierte fallo y considera que ley federal sobre deportaciones no es ‘racista’
Un panel de jueces emitió el lunes un fallo que anula una decisión de hace dos años y restablece la Sección 1326 de la Ley de Inmigración, que tipifica como delito grave (felony) regresar ilegalmente a Estados Unidos después de una deportación, expulsión o negación de ingreso.
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La resolución de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito considera "neutral en el aspecto racial" la citada ley federal de deportaciones, que dio pie a la separación de familias en la frontera sur.
La corte de apelaciones viene a revertir la decisión de la jueza de distrito Miranda Du, en Reno, Nevada, que había encontrado que la Sección 1326 se basaba en "raíces racistas y nativistas", y discriminaba a las personas mexicanas y latinas en violación de la cláusula de protección igual de la Quinta Enmienda.
La demanda que llevó a Du a tachar de inconstitucional la Sección 1326 había sido interpuesta a nombre del inmigrante de origen mexicano Gustavo Carrillo López, quien el 25 de junio de 2020 fue enjuiciado bajo el cargo de re-entry.
Los abogados de Carrillo defendieron que la Sección 1326 se promulgó con un propósito discriminatorio y que la ley tiene un impacto desigual en las personas latinas. Además, consideraban que el gobierno no demostró que al promulgarla no tuviera una animosidad racial.
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Duro revés para defensores de inmigrantes
La decisión del panel de apelaciones constituye un revés para los activistas que esperaban ver cambios importantes en el sistema de inmigración del país después del fallo de Du.
La tipificación como delito de la entrada de una persona en Estados Unidos si se le ha denegado la admisión, ha sido deportada o expulsada, es una política que ya se promulgó en 1952 utilizando el lenguaje de la Ley de Extranjeros Indeseables aprobada por el Congreso en 1929. Las sanciones se endurecieron cinco veces entre 1988 y 1996 para aumentar su valor disuasorio.
La jueza Du, una inmigrante vietnamita nominada a la judicatura federal por el presidente Barack Obama en 2012, dijo en agosto de 2021 que para elaborar su fallo consideró los argumentos escritos y orales y el testimonio de expertos sobre la historia del derecho de los profesores Benjamín González O'Brien, de la Universidad Estatal de San Diego, y Kelly Lytle Hernández, de la Universidad de California en Los Ángeles.
“Estamos profundamente decepcionados”
“Estamos profundamente decepcionados del fallo del 9º Circuito que ratifica la Sección 1326, una ley discriminatoria que continúa alimentando el encarcelamiento a gran escala de personas negras y morenas, dilapida recursos gubernamentales y separa a las familias”, dijo Sirine Shebaya, directora ejecutiva del National Immigration Project, en un comunicado que envió por correo electrónico.
En su momento, la jueza Du dijo haber desestimado el caso porque la Sección 1326 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad discrimina a los latinos y por ende violó los derechos constitucionales de Carrillo.
Los abogados de Carrillo también manifestaron estar “decepcionados” con el fallo, pero declinaron confirmar o desmentir si apelarán ante la Corte Suprema, reportó la agencia The Associated Press.
“Tenemos la intención de buscar una revisión adicional sobre este muy importante asunto constitucional”, indicó Amy Cleary en un comunicado dirigido a AP.
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Sección activa en la frontera
La Sección 1326 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) fue utilizada con severidad durante el gobierno del expresidente Donald Trump. Bajo el gobierno del presidente Joe Biden el Departamento de Justicia (DOJ) también ha acusado a varios migrantes por reingreso ilegal tras ser deportados anteriormente.
Recientemente, durante la aplicación de nuevas políticas fronterizas y tras el desmantelamiento de la Orden del Título 42 de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC), los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ) han advertido que los extranjeros deportados que reingresan sin autorización al país enfrentarán cargos criminales, deportaciones de por vida y hasta cárcel en algunos casos.
Si no había delito cuando fue deportado la primera vez, “solamente los rechazaban, no los dejaban entrar y los expulsaban de manera acelerada a México”, explica Álex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.
“Pero a partir del 12 de mayo, con las nuevas políticas en la frontera, el gobierno ha dicho que será más duro”.
El DHS dice que si las personas “ no tienen una causa legal para estar en Estados Unidos, serán deportados inmediatamente y algunos castigados con 5 años fuera”.
El DOJ se negó el lunes a comentar sobre el fallo de la corte de apelaciones.