En un cambio de criterio por parte de autoridades estadounidenses, se autorizó que el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, puedan emplear fondos venezolanos para pagar a sus abogados, en medio del proceso por presunto narcotráfico que enfrentan ante tribunales de Nueva York.
Washington autoriza uso de fondos venezolanos para pagar la defensa de Nicolás Maduro en Nueva York
Esta nueva medida, expedida el viernes 24 de abril en un documento judicial, revierte restricciones previas y permite que la defensa del exmandatario venezolano sea financiada con recursos estatales mientras continúa el caso judicial en norteamérica
Esta nueva medida, expedida el viernes 24 de abril en un documento judicial según Reuters, revierte restricciones previas y permite que la defensa del exmandatario venezolano sea financiada con recursos estatales mientras continúa el caso judicial en norteamérica.
Pago de la defensa y disputa legal
La autorización surge luego de que la defensa encabezada por Barry Pollack solicitara en febrero la desestimación del caso, al considerar que las sanciones impedían cubrir los honorarios legales. Según el argumento presentado ante el juez Alvin Hellerstein, esta limitación afectaba el derecho constitucional del acusado a elegir a su abogado.
Los representantes legales han insistido en que ni Maduro ni Cilia Flores cuentan con recursos propios suficientes para costear su defensa, mientras que el gobierno venezolano sí ha manifestado su disposición a asumir esos gastos. En Estados Unidos, todos los acusados en procesos penales, independientemente de su nacionalidad, tienen garantizado el acceso a representación legal.
Proceso judicial en curso
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron detenidos el 3 de enero de 2026 en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y trasladados posteriormente a Nueva York, en donde enfrentan cargos que incluyen conspiración para el narcoterrorismo, de los cuales ambos se han declarado inocentes. Actualmente permanecen detenidos en Brooklyn a la espera de juicio.
Durante una audiencia el 26 de marzo, el juez Hellerstein dejó claro que no tenía intención de desestimar el caso, aunque cuestionó los argumentos para impedir los pagos. Por su parte, el fiscal Kyle Wirshba defendió las sanciones alegando motivos de seguridad nacional y política exterior, en una causa que sigue avanzando en medio de tensiones heredadas de medidas adoptadas durante el gobierno de Donald Trump.







