La frontera también vota: Así recorrimos las 1,989 millas que dividen EEUU y México - Página 2

BOQUILLAS DEL CARMEN/Coahuila.- Sí que se sienten los más de 100 grados Farenheit en Boquillas del Carmen, un poblado en el extremo noroeste del estado de Coahuila, a orillas del Río Bravo. El calor emana hasta de la tierra y los zapatos se calientan. Sus calles son veredas no asfaltadas con pequeñas casas precarias a los lados, algunas sin agua ni electricidad.

En Boquillas del Carmen viven apenas 110 personas. No hay hospitales; solo una unidad de salud que abre cada dos semanas y sufre de escasez de medicinas. Tampoco hay grandes centros comerciales; solo dos restaurantes, dos posadas y una cantina. No hay luz corriente: los postes y el cableado están instalados, pero nunca se conectaron. Todo el pueblo funciona con luz solar. Y no todos tienen agua instalada en sus casas: quienes viven en el centro del pueblo, sí, pero quienes están en las márgenes del río tienen que caminar con sus pipotes y llenarlos.

Sus pobladores viven de dos cosas: el turismo y su artesanía. Es común ver en sus caminos de tierra burros y camionetas SUV cargando a los turistas desde el río hasta el pueblo.

Sin esas dos cosas ya han comprobado que el pueblo se convierte en un territorio desierto y sin economía. Cuando en 2002 les cerraron el paso fronterizo a través del río luego del ataque terrorista a las Torres Gemelas, muchos se marcharon a los municipios más cercanos, como Muzquis, porque no había forma de sobrevivir.

Le preguntamos a los pobladores de este municipio mexicano que se seinte olvidado por su gobierno qué esperan de las próximas elecciones del 1 de julio. Mira el la galería de fotos sus respuestas.

BOQUILLAS CROSSING, Texas/ BOQUILLA DEL CARMEN, Coahuila.- Mike Davidson es estadounidense y Ernesto Hernández es mexicano. Ambos decidieron asociarse hace cinco años en un proyecto que impulsan a diario en el propio Río Grande: tienen pequeñas canoas que cruzan a los turistas desde la inhabitada orilla de Boquillas hasta la del poblado de Boquillas del Carmen. Lo hacen a fuerza de remar un trecho de unos cinco metros de ancho y de poca profundidad.

“Nosotros queremos probar que las relaciones binacionales son buenas”, dice Davidson, un aficionado de los viajes y el turismo, en un español con acento estadounidense aunque con conjugaciones casi perfectas. “No vamos a cambiar el mundo, pero podemos hacer un modelo positivo de cooperación”, agrega al referirse al momento tenso que viven los dos países.

El proyecto arrancó justo cuando se abrió esta frontera, luego de un cierre de más de 10 años tras los atentados terroristas en las Torres Gemelas. En ese tiempo, han llevado a más de 50,000 turistas de un lado al otro del río.

Ambos se conocen hace 34 años. Después de tanto tiempo, la relación se fortaleció al punto de que son compadres: Davidson es el padrino de la hija de Hernández. Comparten además sus propios idiomas: el estadounidense le enseñó inglés al mexicano y éste le corrige el español a su amigo. Acumulan viajes y travesías por ríos y tierras en ambos países, vacaciones y el crecimiento del negocio.

Davidson ha viajado a México desde 1975, cuando cruzó por primera vez a Ojinaga, en el norteño estado de Chihuahua. De ahí en adelante no pudo dejar de visitar el país. Fue a Durango; navegó el río Grande de Santiago, que recorre los estados de Jalisco y Nayarit; recorrió Mazatlán, en Sinaloa. Y ahora planea sus próximas vacaciones a Yucatán.

Ernesto Hernández tenía 17 años cuando conoció a Mike Davidson. El estadounidense llegaba a una competencia en el río Veracruz, en México, y por casualidad se encontraron. “Él era un guía profesional. Llevaban botiquín de primeros auxilios, herramientas. Para mí fue como una cosa muy loca en mi mente. Yo hacía viajes, pero nunca pensé en eso”, cuenta. El mexicano quería ser parte de ese equipo y cuando le preguntó a Davidson si podía trabajar con ellos su respuesta fue: “Debes entrenar”. Y así lo hizo.

“Ya me superó”, reconoce orgulloso Davidson.

Ahora, la vida de ambos gira en torno a ese negocio y a que no dañe el ambiente. Además, comparten un debate: el del muro que el presidente Donald Trump asegura querer construir en la frontera.

“Es técnicamente imposible”

El parque nacional Big Bend muestra un paisaje de imponentes montañas. “Ahí está el muro, tiene 500 metros de altura (...) Son un par de cañones: del lado izquierdo, Santa Elena, México; del derecho, el Big Bend, Estados Unidos”, replica Davidson al señalarlas a la distancia. Para él, la idea de levantar una barda “es técnicamente imposible”.

Por eso cuando escucha a los políticos desde Washington hablar de una pared en esta zona, cree que lo hacen sin conocer la geografía de esta zona. Son más de 800,000 acres de desierto e interminables montañas rocosas atravesadas por más de mil millas de Río Grande que se convierte en la frontera natural.

“Va a costar mucho, mucho dinero”, asegura. Entonces, enumera los imposibles. Uno: necesitarían un número de trabajadores mayor a los 89 habitantes de Terlingua, el más cercano a ese límite. Dos: si vinieran más personas no hay dónde hospedarlas, pues apenas hay unos pocos hoteles. Tres, al hacerlo se limitará la migración de animales que ocurre naturalmente, lo que generaría un “daño ecológico enorme”. Y la última, los paisajes: “¿Qué van a ver los turistas con un muro de 10 metros de alto?”, se pregunta.

Eso sí, si al final el presidente Trump cumpliera su promesa, Davidson sabe dónde quiere estar. “Si ponen un muro he considerado de qué lado voy a caer, y será el sur”.

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OJINAGA, Chihuahua.- Cuando un deportado llega a Ojinaga es recibido por alguien del programa de educación para adultos de Chihuahua. Marcelo Aranda Rioja lo coordina: “Una persona se encarga de registrarlos, anotarlos y entregarles una libretita con un lapicero”, cuenta este profesor con 50 años de experiencia.

En la libreta que les entregan va impreso el mensaje “te recibimos con los brazos abiertos”, y también el número de WhatsApp (55) 60864922. Pero de ellos casi nadie escribe o se interesa en el programa. “Van de paso, pero se les da su registro para que si es su voluntad ingresen a estudiar a donde vayan”, cuenta al explicar que se trata de una iniciativa nacional.

Hace algún tiempo, en su equipo en el puerto fronterizo, eran dos personas las que atendían a los deportados. Pero el flujo de mexicanos expulsados de Estados Unidos ha bajado tanto en esta zona, dice, que ahora hay solo un encargado en el puerto fronterizo y asegura que probablemente pronto no haya nadie. “No ha habido mucha demanda de educación entre los deportados”.

Alan Rodríguez es esa persona que se sienta en la frontera a esperarlos. “Pasan pocos”, confirma. En abril fueron 20. Ninguno se inscribió en el programa. En mayo, 3. Tampoco se apuntaron. En junio fueron 2 y ocurrió lo mismo. “Es raro el deportado que quiere seguir estudiando”, explica. “Entre los 20 y 30 años te dicen que lo que quieren es trabajar y que no tienen tiempo”.

Al equipo de Aranda le toca seguir reclutando a personas que quieran terminar sus estudios de primaria y secundaria en Ojinaga. Ya siente la presión de la campaña. En una reunión con autoridades le pusieron unas metas de las que depende que el gobierno le reanude el financiamiento: un mínimo de 80 alumnos por cada trimestre que dura el programa. “Va a costar mucho esfuerzo”, dice.

Y mientras trabajan por cumplir esas metas, ve la campaña política presidencial y asegura que si los políticos ayudaran más a lograr cosas concretas, habría mejores resultados: “El país está resquebrajado de muchas maneras. Como son momentos electorales se sacan los trapos al sol. No me gusta esa forma de atacar”.

PRESIDIO, Texas.- Marco Baeza tiene 20 años viviendo en la fronteriza ciudad de Presidio, en el suroeste de Texas. Es el jefe de policía desde 2002 y trabaja con un equipo de tres agentes. Y no es que sean pocos para resguardar a sus 4,000 habitantes. Dice que desde que asumió el cargo, allí no ha habido un asesinato. En sus estadísticas solo hay una agresión agravada contra uno de sus agentes y dos casos de resistencia a la autoridad.

Baeza es originario de Tijuana. Fue el único de sus nueve hermanos que nació en suelo mexicano. Por años la familia cruzó la frontera ilegalmente y él recuerda cómo fueron detenidos varias veces. Ahora es ciudadano estadounidense y en esa doble condición asegura que le molesta cómo muchas personas criminalizan a los inmigrantes. “Creo que nadie va a permitir que venga alguien a hacer daño”.

En esta frontera reconoce que llegan muchos indocumentados, pero él reitera que no va por la calle pidiendo papeles ni espera que sus policías lo hagan. “Ahora”, aclara, “si la persona viene y comete un crimen, una agresión sexual, un robo, y en el proceso nos damos cuenta de que no tiene documentos, claro que lo vamos a hacer y lo entregaremos a las autoridades si inmigración nos da un detainer (orden de retención)”.

Por todo eso, este mexicano-estadounidense se opone al muro fronterizo que quiere el presidente Donald Trump para esa zona, que los dejaría sin acceso al Río Bravo. Su policía trabaja en conjunto con la Patrulla Fronteriza para mantener la seguridad. Cree que tienen sus límites controlados. “¿Me dicen que la frontera de nosotros no está segura o que está peligrosa? No, no, no. Estamos bien”, reclama.

Una dependencia

Después de tantos años viviendo en esta ciudad, Baeza lleva consigo casi un libro de memorias. Cuenta a detalle la relación de interdependencia de Presidio y Ojinaga. Durante años, la vieja línea de electricidad dejaba de funcionar y la ciudad quedaba en sombras. Era su vecina quien le surtía energía hasta tres y cuatro veces por semana. Las cosas han cambiado: Presidio renovó su cableado y adquirió hace ocho años una batería solar que les resolvió los continuos apagones.

“Estamos mucho mejor, pero hay una sola línea de transmisión en Presidio. Así que cualquier rayo que caiga, cualquier incendio nos dejaría en lo mismo. Seguiríamos dependiendo de México”, dice.

Y la dependencia no es solo eléctrica. Cree que se extiende hasta en lo más cotidiano.

Baeza –como hacen muchos en Presidio– cruza al menos una vez a la semana la frontera. Del otro lado va a comer mexicano, a comprar porque es más barato, a visitar conocidos, al médico. Él se siente tan estadounidense como mexicano.

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PRESIDIO, Texas/OJINAGA, Chihuahua.- El Río Bravo está casi seco por los más de 100 grados Farenheit que se sienten permanentemente en este tramo de la frontera. En el lado mexicano, un campesino arrea el ganado y busca la sombra; en el estadounidense, se ven tractores estacionados y deteriorándose porque no hay quienes quieran trabajar el campo.

En este punto no hay muro fronterizo ni valla metálica. Sus pobladores tampoco creen que sea necesario. Los de Presidio consideran que al levantarlo quedarían cercados y separados de la fuente de agua que representa el río, tan útil para mantener la poca cosecha que queda.

Todo es tan fácil en esta frontera porque ambas ciudades han desarrollado con los años “una relación simbiótica”, como dice al teléfono el alcalde de Presidio, John Ferguson. Tanto que se auxilian uno al otro cuando hay cortes de luz. Tanto que los habitantes de Presidio van al hospital a Ojinaga, en México, que está a 3 millas y no a 90 millas como está el más cercano en Texas. Tanto que muchos cruzan a comer en los restaurantes mexicanos que, aseguran, son los mejores.

Este límite común ha vivido sin muros incluso después de 1924, cuando el Congreso decidió instalar una estación de la Patrulla Fronteriza (CBP) en esta zona. Desde entonces, varias decenas de sus oficiales resguardan las 111 millas de frontera con el apoyo de los cuatro policías de Presidio.

En Ojinaga, la noche también es tranquila. No hay disparos ni miedo como el que se siente en otros límites del estado de Chihuahua. La población de este municipio es cuatro veces más grande que la de su vecino: tiene poco más de 28,000 habitantes.

Aquí hay un bulevar completo, el Oscar Flores, donde están los centros odontológicos y de salud en los que también se atienden los habitantes de Presidio. También hay hoteles, que no hay en Presidio. Incluso en este lado se encuentra México de ayer, uno de los últimos restaurantes que visitó el famoso chef Anthony Bourdain.

MARFA, Texas.- En el camino entre Tornillo y Presidio, a orillas de la carretera de Marfa, una tienda Prada sorprende y desencaja con el paisaje desértico del sur de Texas. Pero esta no vende los costosos zapatos ni carteras de lujo, aunque sí las exhibe.

En 2005, Michael Elmgreen e Ingar Dragset, dos artistas escandinavos, decidieron colocar esta instalación en medio del desierto como una crítica a la industria del lujo de Estados Unidos.

Desde entonces, no hay quien se resista a frenar –o al menos a bajar la velocidad– en este punto para fotografiarse. Lo hizo hasta la cantante Beyoncé y, siguiendo su ejemplo, también se detuvo Senait Woldai, una mujer originaria de Dallas. Su esposo dice entre risas que obligó a la familia completa a desviarse más de una hora de su ruta hacia el parque nacional Big Bend, solo por dar un brinco como lo hizo su ídolo en la foto que publicó en sus redes.

En 13 años de presencia en ese lugar, ha pasado mucho e incluso el pequeño edificio es catalogado como un museo. Pocos días después de su inauguración, fue vandalizado y se robaron toda la mercancía que era exhibida, pero rápidamente Prada la repuso. En 2013, casi desaparece luego de que el Departamento de Transporte la considerara un signo ilegal de publicidad por exhibir el logo en un sitio donde no se permite el mercadeo. Los artistas lograron que se quedara. Un año después, amaneció con pintadas en sus paredes y vidrios y, de nuevo, fue restaurada y quedó intacta, como luce en la foto.

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TORNILLO, Texas.- Adele Santiago rompe en llanto cuando habla de su pasado. Siente con frecuencia un “gran daño”, tristeza e impotencia. Ella tiene 48 años y a sus 7 cruzó la frontera de México a Estados Unidos con sus padres: ellos fueron detenidos por funcionarios de inmigración, pero asegura que a ella la dejaron tirada en el medio de la calle.

“Me enfermé como dos semanas. Se los llevaron y me dejaron sola. Una señora me dio shelter y comida”, recuerda. Esa mujer también la ayudó a reencontrarse con sus padres.

Ahora ha asumido una postura activista para reivindicar su pasado. Identificada con los niños que han sido separados de sus padres en la frontera tras el anuncio de la política de ‘tolerancia cero’, ha ido los últimos días a protestar a las afueras del puerto de entrada de Tornillo, donde se encuentran detenidos en carpas decenas de estos niños. Ella vive a escasos 15 minutos de distancia, en el poblado San Elisario. “Reunifiquen a las familias”, dice la pancarta que ha traído y llevado cada día.

“Todos queremos amor y protección. Esto que está pasando no nos deja sino tristeza”, asegura. “Y es una tristeza que se lleva toda la vida, no se sale del corazón ni de la mente... es como si fuera una mala película”.

Con su protesta, Adele Santiago aspira a convertirse en aquella mujer que hace 40 años la refugió.

Myriam Rivas es ama de casa, no ha ocupado ningún cargo público ni sabe cómo hacer campaña. Pero, para las elecciones del 1 de julio, decidió postularse como alcaldesa del municipio fronterizo de Guadalupe, en Chihuahua, por el partido izquierdista Morena con la única idea de que su pueblo no siga relegado y de dar un mejor futuro a sus hijos y nietos.

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GUADALUPE, Chihuahua/ FABENS, Texas.- La vida de más de 20 miembros de la familia Hernández se tornó en tragedia el domingo 14 de agosto de 2011. Estaban reunidos –como acostumbraban a hacer después de ir a misa– cuando de pronto un grupo de hombres irrumpió en la casa, secuestró a una de las hermanas y les dejó una amenaza: “Si mañana en la mañana siguen aquí les vamos a dar piso”.

No tuvieron tiempo de nada. Tomaron rápidamente sus documentos personales, se montaron en sus trocas y dejaron todo lo que tenían: casa, ropa, enseres. De aquella vida no quedó nada.

Esa noche, manejaron hasta un puesto de la policía federal, pidieron refugio y se los negaron: los oficiales les dijeron que no había un jefe que les diera la orden de protegerlos. Se montaron de nuevo en sus camionetas y huyeron a la frontera. Allí pidieron asilo y desde entonces viven en Fabens, apenas a 20 minutos de distancia por carretera, pero en Estados Unidos.

“Tenemos siete años sin saber de mi hermana secuestrada”, cuenta Aracelis Hernández (cuyo nombre fue cambiado por temor) desde su casa rodante en Fabens, donde espera que se resuelva su caso de asilo. “No sabemos si está viva o se murió. Pusimos la denuncia, pero tampoco nos han dicho nada”.

Su historia es la de muchos que nacieron y vivieron toda su vida en el municipio Guadalupe, en Chihuahua, pero que por esos mismos años debieron abandonar sus casas en medio de la noche tras las amenazas de los grupos de narcotraficantes de la zona. Ahora viven del otro lado del borde fronterizo, en poblados como este o como Tornillo, con muchas similitudes con el caluroso clima mexicano y la árida geografía, pero sin los problemas de inseguridad.

El municipio Guadalupe se encuentra en el Valle de Juárez, una zona rural y desértica amenazada por la violencia de dos cárteles mexicanos. Desde 2007, el de Sinaloa y Juárez se disputan un tramo de kilómetros sin muro fronterizo y con un río seco la mayor parte del año para así poder traficar con mayor facilidad drogas y personas, según cuentan los periodistas de la zona.

Desde hace una década, los habitantes de este lugar dicen que Guadalupe se va vaciando. Las mayoría de las casas ahora están cerradas con tablas en sus ventanas, algunas fueron vandalizadas y quedaron hasta sin cableado ni puertas. Otras no tienen techo o son esqueletos descoloridos de lo que alguna vez fue una vivienda. Por esas calles son pocos los que caminan. No hay ruido mayor que el de los pájaros. El polideportivo está vacío, igual que los parques y plazas. Por estos pueblos de Guadalupe no hay niños jugando en las calles.

En 2010, el censo del país calculó la población de este municipio en 6,458 personas, pero la web mexicana Sin Embargo cita fuentes oficiales que calculan que actualmente quedan unas 1,500 personas.

Y así como cayó el número de habitantes también cayó el número de policías municipales, pero a cero. Todos fueron secuestrados, asesinados u obligados a marcharse del estado. El último, Joaquín Hernández Aldaba, fue asesinado en 2015. Desde entonces, nadie más se ha atrevido a tomar las riendas de la seguridad pública.

“Estamos más seguros sin policías, ya no los necesitamos”, dice desde el sector Barriales, en Guadalupe, Alicia Estrada, un ama de casa de 51 años a quien también le asesinaron a su esposo en 2010 y lo hallaron muerto en el borde de una carretera. En su cuadra solo vive ella y dos personas más. El resto de las casas, más de una decena, están abandonadas. Pero ella asegura no sentir temor.

Ese no es el caso de de Aracelis Hernández. Ella cree que los mismos que secuestraron a su hermana podrían encontrarlos, incluso tiene miedo de sus propios vecinos en Fabens que también huyeron de Guadalupe. “Estamos aquí tan cerquita de la frontera, no crea que estamos tan lejos de quienes nos amenazaron”.

CIUDAD JUAREZ, Chihuahua.- Las últimas 48 horas han sido cruciales para las periodistas Rocío Gallegos y Gabriela Minjares. Ese es el tiempo que ha vivido en Internet laverdadjuarez.com, una web que decidieron fundar para publicar investigaciones sobre corrupción, narcotráfico, desapariciones de personas, asesinatos y tantos otros temas que denunciar. En ellos trabajaban algunos de sus colegas que fueron silenciados a punta de bala.

La idea de fundar un medio independiente las ha desvelado, casi no han dormido en ese tiempo. Aseguran que quieren tocar temas que le incomodan al poder. Y así, bajo esa premisa, sus primeros titulares de apertura recriminan las fallas del gobierno para hacer justicia. “Esclarecer un homicidio en México es la excepción y no la regla: tomaría 124 años resolver los casos impunes”, se lee en uno; “sin recursos y sin experiencia, las víctimas se convierten en investigadores”, dice otro; “no hay patrullas, no hay peritos, tampoco tecnología para rastrear un crimen, pero sí 35,000 cuerpos sin identificar”, es otro de los títulos.

Gallegos y Mijares dicen estar arriesgándolo todo para tener este medio, desde su estabilidad económica, pues lo autofinancian con sus ahorros, hasta la seguridad de sus familias, pues detrás de ellas no hay una gran corporación para protegerlas. Creen que tampoco la tenían antes.

"Ningún candidato ofrece garantías del derecho a informar"

No niegan sentir miedo ante los riesgos de comenzar un nuevo medio de comunicación y creen que enfrentan dos grandes amenazas: la de la violencia criminal, que ya conocen, y la de los políticos, que no quieren ver sus nombres manchados por una denuncia periodística y ejercen fuertes presiones para evitar preguntas y temas incómodos. Esta última es la que más les preocupa y por la que desde 2011 decidieron fundar la Red de Periodistas de Juárez, una agrupación conectada con reporteros de Chihuahua y otros estados fronterizos y con la que buscan, entre otras cosas, capacitarlos para enfrentar estas amenazas.

Ni Gallegos ni Minjares tienen esperanzas de que un nuevo presidente, gobernador o alcalde puedan acabar con la inseguridad en la que ejercen el periodismo los reporteros en México. Entre 2010 y 2017, 22 periodistas y trabajadores de la prensa fueron asesinados solamente en el fronterizo estado de Chihuahua. Ellas llevan una lista detallada por años, nombres de sus colegas y el político que gobernaba en cada periodo.

Entre el año 2000 y el 2001, fueron tres los reporteros asesinados. El gobernador era Patricio Martínez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Entre 2004 y 2010, fueron 12. Lo catalogan como el “período más letal” para la prensa en esta zona. Corría en esos años el gobierno de José Reyes Baeza, también del PRI. Entre 2010 y 2016, murieron cinco periodistas más. Gobernaba el estado César Duarte, del mismo partido de los dos anteriores. Y entre 2016 y 2018, mientras lideraba el estado Javier Corral, del Partido de Acción Nacional (PAN), fueron acribillados en las puertas de sus casas dos periodistas más.

La mayoría de los homicidios han quedado impunes.

“No vemos un cambio para nosotros en un futuro, porque hasta ahora ningún candidato ni local ni nacional ofrece garantías para mi libertad de expresión, de informar y el derecho de los ciudadanos de saber”, asegura Gallegos.

En el caso de Rocío Gallegos, renunció a la dirección editorial de El Diario de Juárez este año. Cuando lo hizo, sentía las presiones políticas en las coberturas y enfoques. En el caso de Minjares, fue despedida recién en marzo. Ella cree que se debió a una pregunta que hizo a una funcionaria. Su propio medio, El Diario de Juárez, sacó un editorial defendiendo a la empleada pública; a ella la despidieron del periódico alegando un recorte de personal. Pero el mismo día que le notificaron, cuenta, ya habían contratado a otra persona para reemplazarla.

“Estábamos siendo muy incómodas”, asegura Minjares.

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