Inmigrantes temen por sus hijos discapacitados: "¿Quién cuidará de Abril si nos deportan?"
Cada pocos minutos, Abril empieza a ahogarse. Diagnosticada cuando era bebé con parálisis cerebral severa y epilepsia, la niña de 8 años de Santa Cruz, California, nunca ha hablado, caminado o siquiera carraspeado. Docenas de veces al día, sus padres Rafael y Sonia usan una máquina especial para succionar la saliva y la flema de la boca de su hija mayor. Uno de los dos debe estar siempre al lado de Abril, porque los ahogamientos o las convulsiones pueden aparecer en cualquier momento.
Rafael y Sonia, ambos de México, han vivido en Estados Unidos sin permiso por más de una década. Pero desde la elección presidencial una pregunta los atormenta: si somos deportados, ¿qué pasará con Abril?
Mientras la administración Trump promete deportar a más gente, padres como ellos buscan ayuda para quedarse en el país y poder atender a sus hijos enfermos, cuentan doctores, abogados y otras personas que trabajan con inmigrantes. Estos profesionales no saben qué aconsejarles.
Rafael y Sonia saben que muchos vecinos en su atestado barrio de casas rodantes, así como millones de otros inmigrantes que viven en el país sin papeles, se mantienen en las sombras para evitar ser encontrados por las autoridades federales.
Pero Abril depende de sus padres para mantenerse viva.
La pareja y otras familias incluidas en esta historia, hablaron con California Healthline con la condición de que no se dieran a conocer sus apellidos, por miedo a la deportación. Abril y su hermana menor son ciudadanas estadounidenses.
El doctor Salem Magarian, director de pediatría de Santa Cruz Community Health Centers, dijo que los padres inmigrantes de sus pacientes más enfermos están pidiéndole cartas que documenten las necesidades de atención de salud de sus hijos. Esperan que esas cartas los ayuden a permanecer en el país si son detenidos por las autoridades.
“Algunas personas están muy asustadas”, dijo Magarian.
Uno de sus pacientes, un niño llamado Leonardo, ha tenido múltiples cirugías a causa de serios defectos cardíacos. Karla, la madre, ha estado en el país sin papeles por 23 años: la trajeron a Estados Unidos cuando tenía cinco. Ella está aterrorizada con la idea de que que la obliguen a dejar a sus hijos y la envíen a México, un país que ni siquiera recuerda.
Richey, de 8 años, sufre de una condición genética mortal que no le permite ni hablar ni comer, cuenta Magarian. Perdió a su padre a causa del cáncer hace cuatro años. Su madre, Sugay, ha estado en el país sin papeles por 16 años. “Trato de no ir a ningún lado”, dice Sugay. “Si voy a cualquier parte, tengo mucho miedo… sé que éste no es mi país, sé que éste no es mi lugar, pero nunca hice nada malo y tengo un bebé especial que necesita a su madre”.
Las noticias intensifican tales temores. El periódico Salt Lake Tribune reportó recientemente que una madre soltera y única cuidadora de un joven de 18 años con parálisis cerebral y epilepsia fue deportada a Colombia.
Otra mamá de Ohio con cuatro niños, incluido uno con historia de convulsiones, fue deportada a México. Un vocero de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) declaró al diario británico The Guardian que el caso había sido revisado varias veces en los tribunales. “Los padres a los que se les ordena irse del país, pueden decidir si llevan a sus hijos con ellos”, dijo el vocero.
Oficiales de Inmigración aseguran que actúan de igual forma que durante la administración anterior, enfocándose en personas que han cometido crímenes. Pero también advierten que la nueva administración ha cambiado las políticas para no apoyar más la aplicación selectiva de la Ley ( selective enforcement).
“Básicamente, no hay una clase exenta de arresto”, dijo James Schwab, vocero de la oficina del ICE en San Francisco.
Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas en el Center for Immigration Studies, un grupo pro deportaciones que favorece una inmigración reducida, dijo que ve muchos beneficios en aplicar las leyes de inmigración de manera más rigurosa, particularmente aumentar el acceso a trabajos de salarios bajos para ciudadanos estadounidenses y residentes legales.
Pero también cree que “definitivamente” debe haber –y habrá– excepciones en los casos en los que deportar a los padres causaría un “profundo daño” a un niño que es ciudadano estadounidense.
“Por eso el Congreso creó estas formas de alivio”, dijo. “Creo que la mayoría de los estadounidenses apoyarían esto”.
Una existencia precaria
El padre de Abril, Rafael, llegó a Santa Cruz desde México hace 19 años. Sus hermanos son ciudadanos estadounidenses y su madre tiene residencia permanente. En marzo de 2001, antes de su cumpleaños número 21, la madre de Rafael solicitó una tarjeta de residencia (green card) para él. Rafael dijo que todavía está esperando que su aplicación sea procesada.
Después de haber estado en California durante casi una década, se enamoró de Sonia, quien había llegado a los Estados Unidos en 2006. Quedó embarazada y todo parecía normal hasta que, en la semana 35, Sonia dejó de sentir los movimientos del bebé. Luego de una cesárea de emergencia, Abril fue trasladada al Lucile Packard Children’s Hospital de Stanford.
Magarian, el médico, comenzó a atender a Abril cuando volvió a casa a las seis semanas de vida. Dado el grave daño al cerebro y la severa parálisis cerebral, no esperaba que sobreviviera más allá de los seis meses.
Al principio, Abril estaba constantemente en el hospital. Sus padres encontraron gran consuelo en su fe, mientras luchaban por aceptar su nueva realidad.
Con el tiempo, aprendieron las complejidades de cuidar a su hija: cómo succionar su boca, qué hacer si su tubo de alimentación gastrointestinal se bloqueaba o si tenía una convulsión, cuáles de sus sonidos eran normales y cuáles requerían una llamada al 911.
Principalmente por la constante atención de sus padres, la situación de Abril se ha estabilizado a lo largo de los años, explicó Magarian. Sin embargo, su salud sigue siendo precaria y es vulnerable a las convulsiones y a la neumonía. Muchos niños en la situación de Abril terminan hospitalizados repetidas veces, contó el médico.
Aun así, hasta hace poco, Rafael y Sonia habían comenzado a sentir que vivían algo de una vida normal. Sonia se quedaba con sus hijas en casa. Rafael tomaba el autobús cada día a su trabajo como cocinero. Un maestro de educación especial del distrito escolar local venía a la casa rodante dos veces por semana para ayudar a Abril.
Estaban menos preocupados por la deportación durante el gobierno de Barack Obama, quien priorizó esa acción en el caso de inmigrantes con antecedentes penales. Las promesas de Donald Trump de un muro fronterizo y las deportaciones masivas los pusieron nerviosos.
A mediados de febrero, su temor aumentó después de que vuelos de helicópteros revelaran las redadas federales de inmigración en el condado de Santa Cruz.
Poco después, Rafael y Sonia contrataron a un abogado para ayudarles a convertirse en residentes legales. A algunos defensores les preocupa que, al buscar ayuda legal, las familias desesperadas que tienen niños con enfermedades crónicas o discapacidades se estén exponiendo, de forma involuntaria, a ser deportados.
A menudo los solicitantes son rechazados, lo que desencadena un proceso de deportación.
En el mejor de los casos, un juez cancelará la deportación de uno de los padres debido a la dificultad que causaría a un niño con dependencias médicas. Pero los jueces no siempre hacen esto. Barbara Pinto, abogada del Centro Legal de la Raza en Oakland, informó que un número creciente de familias han estado preguntando a su organización sobre este canal legal. Ella no lo recomienda: "Parece muy irresponsable y poco ético que los abogados sugieran un proceso tan arriesgado".
Una responsabilidad desalentadora
Rafael y Sonia saben que están arriesgándose. Pero no saben qué más hacer. En estos días, rara vez se aventuran a salir de su casa móvil. No más viajes al parque. No más paseos de fin de semana al centro comercial.
En caso de que sean detenidos por autoridades de inmigración, han estado anotando los detalles de la atención de Abril. Pero esos detalles podrían llenar un libro, dicen, y ni siquiera saben quién estaría dispuesto a tomarla.
Sus tíos se sienten incómodos con sus serios problemas de salud, tanto que ya no los visitan. La madre de Rafael es demasiado frágil para levantar a su nieta de 53 libras. Ciertamente alguien podría cuidar de su hermana menor, que es saludable. Pero... ¿y Abril? "Nadie quiere esa gran responsabilidad", responde Sonia.
Ellos piensan que su mejor opción podría ser una pareja que apenas conocen, cuyo hijo discapacitado falleció. Si eso no funciona, Abril podría terminar en un orfanato.
Rafael y Sonia no podrían obtener el mismo apoyo financiero para el cuidado de Abril en México. El Medi-Cal (el programa estatal del Medicaid) y California Children's Services pagan los costosos equipos y medicamentos que mantienen viva a Abril, pero sólo aquí en Estados Unidos. Los tres medicamentos que toma la niña cuestan alrededor de 5,000 dólares al mes. No podrían pagar esa suma de su bolsillo.
“Si vamos a México y tenemos que llevarla, seguro que no vivirá mucho tiempo", se lamenta Sonia.
Priscila Rodríguez, directora asociada de Disability Rights International, asegura que las preocupaciones de Sonia son válidas. Su organización ha documentado la condición de las personas con discapacidades en México, encontrando que a menudo son segregadas por la sociedad y maltratadas.
Rafael y Sonia no están seguros de cuánto entiende su hija, que presenta profundos retrasos en el desarrollo.
Pero, con el tiempo, han aprendido a amar cosas de ella que otras personas no ven: la expresión pacífica que cruza su rostro cuando la sostienen. La sonrisa que empezó a aparecer mucho más a menudo después de que su hermanita nació. Su aparente afinidad con Anna y Elsa, las heroínas de la película de Disney "Frozen".
Sonia acaricia el pelo de Abril y la coloca suavemente en una cama con sábanas del filme. "Ella nos da amor como puede", concluye.
Esta historia fue producida por Kaiser Health News, que publica California Healthline, un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation.
