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Derechos humanos

"No estamos contentas con la disculpa", el mensaje de las indígenas a las que México pidió perdón

Jacinta, Teresa y Alberta recibieron una disculpa pública de la Procuraduría General de la República (PGR), aunque aseguraron que ese acto no les devolverá el tiempo que pasaron en la cárcel acusadas injustamente de secuestrar a seis policías.
21 Feb 2017 – 6:42 PM EST

Ciudad de México.- En 2006, Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, tres mujeres indígenas hñähñú, fueron detenidas y encarceladas durante casi cuatro años por el secuestro de seis policías, un delito que nunca existió. Este martes, 11 años después y de forma inédita, la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció una disculpa pública.

"No estamos contentas con la disculpa, pero hoy nos chingamos al Estado y no nos queda más que solidarizarnos con otras víctimas". Así fue como Estela Hernández, la hija de Jacinta, respondió a las palabras del procurador Raúl Cervantes Andrade, quien por primera vez en la historia del país y en nombre de la fiscalía mexicana, emitió una disculpa pública, obligado por una resolución de la Suprema Corte.

Durante un acto que se llevó a cabo en la Ciudad de México y con un discurso íntegro en otomí, que más tarde tradujo al español, Estela Hernández tomó la palabra en nombre de su madre y aseguró que ni ella ni su familia están satisfechos porque les arrebataron años y les obligaron a vivir situaciones que jamás pensaron.

Estela Hernández aseguró que una disculpa pública no será suficiente para superar el dolor, la tristeza, la preocupación y las lágrimas que derramaron las familias.

“Hoy se sabe que en la cárcel no siempre están los delincuentes. Los de mayor poder, lo de cuello blanco no pisan la cárcel. Cuántos inocentes están hoy en la cárcel por un delito no cometido o que no existe. Cuántos delincuentes están libres. Agentes como los que acusaron a Jacinta son los que el estado contrata para garantizar la seguridad social”, dijo.

Durante su intervención, ante cientos de asistentes en el Museo de Antropología e Historia, el funcionario Raúl Cervantes aceptó que las tres mujeres fueron privadas de su libertad por un tiempo que no podrá devolverles ninguna disculpa pública. También determinó ante el salón lleno de periodistas y familiares de víctimas, entre los que se encontraban los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, que la procuraduría hizo mal su trabajo.

“Ante ustedes reconozco públicamente su inocencia respecto a los delitos que se les atribuyeron y por los que de forma injusta fueron privadas de su libertad”, señaló el procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade.

Tras las palabras del procurador, Alberta, una de las víctimas, dijo que durante ese tiempo pasó humillaciones por ser indígena y aseguró que después de salir de prisión no fue nada fácil reincorporarse a la sociedad, por lo que lanzó un mensaje al funcionario: “Señor procurador, con la disculpa pública no me devuelve el tiempo perdido”.

¿Por qué fueron encarceladas?

Ellas vendían en un tianguis del céntrico estado de Querétaro cuando fueron detenidas acusadas erróneamente de privar de la libertad a seis agentes de la PGR durante un disturbio que los funcionarios de la Procuraduría sostuvieron tres meses antes con comerciantes.

Pese a que nunca presentaron pruebas en su contra, se le negó el derecho de presunción de inocencia y tampoco se les brindó asistencia de un intérprete otomí (no hablaba español). Jacinta fue sentenciada a 21 años de prisión, violando distintos ordenamientos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Teresa y Alberta recibieron la misma sentencia, pero además a Alberta se le acusó de posesión de cocaína.

Cuando se apeló la sentencia, la defensa pudo demostrar que a las tres mujeres se les atribuyó una declaración fabricada, escrita en español, pese a su incomprensión de dicha lengua. Asimismo se demostró que materialmente es imposible que ellas pudieran privar de la libertad a seis agentes.

Aun cuando Jacinta recuperó la libertad desde 2009, y sus dos compañeras poco tiempo después, hasta la fecha su inocencia no había sido oficialmente reconocida y los responsables de los abusos cometidos en su contra no habían sido sancionados, por lo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exigió disculpas públicas a la PGR luego de que la dependencia se negó a indemnizar y reconocer la inocencia de las afectadas.

El fallo del TFJFA establece que la PGR hizo mal su trabajo por lo que se les debe reparar el daño.

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