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Narcotráfico

"Empezaron a disparar y ahí dejamos todo": el drama de cientos de desplazados por grupos armados en México

Un grupo de 300 personas acampa afuera de Palacio Nacional en espera de tener una reunión con el presidente mexicano López Obrador y pedirle ayuda, luego de que al menos 1,800 familias de diversos poblados del estado mexicano de Guerrero fueron despojadas de sus hogares por un grupo armado que opera como aliados de los cárteles del narcotráfico.
20 Feb 2019 – 11:13 AM EST

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace tres meses que Justina y su familia lo perdieron todo: su casa, su ropa y sus sembradíos de frijol y maíz. Lo que dejaron fue tomado por extraños luego de que el pasado mes de noviembre un grupo armado llegó a su comunidad, Los Morros, ubicada en la sierra del sureño estado de Guerrero. A punta de balazos hizo huir a algunos y tomó por rehenes a otros. Justina pudo escapar, pero tuvo que dejar atrás todo su patrimonio.

Otras 1,800 familias pertenecientes a comunidades del municipio de Leonardo Bravo, en Guerrero, también tuvieron que huir. Los hombres armados a los que los pobladores se refieren se hacen pasar por autodefensas o policías comunitarios, pero en realidad, según denuncian, son grupos aliados de los cárteles del narcotráfico cuya función es despojarlos de sus propiedades, adueñarse de los poblados y reclutar a gente.

“Meses antes nos amenazaron con llegar al poblado y matarnos. Estuvimos como dos o tres años viviendo así. Antes era muy tranquilo, pero comenzó la violencia. Nos llegó un comunicado donde decía que nos saliéramos porque ellos no respondían por nuestras vidas y las de nuestros hijos. Pero no llegaban, hasta que llegaron”, cuenta Justina, de 47 años, quien pidió ser identificada con ese nombre para resguardar su identidad.

Durante estos tres meses han dormido en colchonetas, sin más casa que un techado que les proporcionaron las autoridades de un municipio vecino y algo de comida. Cuando piden a las autoridades enfrentar al grupo que tiene tomado el pueblo para que puedan volver a su hogar, nadie les da respuesta.

Por esta razón decidieron viajar en caravana hasta la Ciudad de México y realizar un plantón en el Zócalo hasta hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y pedirle que los ayude. Aunque llegaron la tarde del 17 de febrero y llevan tres noches durmiendo en casas de campaña afuera de Palacio Nacional, el mandatario no los ha recibido.


Huir y dejar todo atrás

Cuando los hombres armados llegaron a casa de Justina, una pequeña choza de madera con muchas plantas, ella y su familia estaban preparando el almuerzo. Según relata, vieron a mucha gente armada a lo lejos, acercándose al pueblo.

“Empezaron a disparar y corrimos hacia la falda del cerro. Ahí dejamos todo, hasta el comal prendido con leña, la comida, ahí quedó todo. La casa quedó abierta. Hicimos como 8 horas o más caminando hacia un poblado vecino”, cuenta a Univision Noticias.

La historia de Justina es similar a la de los otros manifestantes que se encuentran a la espera de que López Obrador los reciba.

Fátima Ramírez, de solo 16 años, se encarga, junto con otros jóvenes de la caravana, de escribir carteles con demandas al gobierno y pegarlos en los alrededores: “Para qué quiere López Obrador al Ejército si no protege a su pueblo. Votamos por ti y seguimos desamparados y en manos del crimen”, se lee en una de las pancartas.

Meses atrás, Fátima cursaba el tercer semestre de la preparatoria y por las tardes ayudaba a su mamá y a sus hermanos a atender el negocio de la familia, una pizzería ubicada en la zona comercial del poblado de Filo de Caballos, también en la Sierra de Guerrero.

“Desde que nos sacaron de nuestros pueblos preferimos estar bien con nuestra familia a estar allá arriesgándonos a que nos maten o desaparezcan. Vivir lejos de mi casa ha sido muy difícil en todos los aspectos. Yo iba a la escuela y me estaba planteando un futuro, ahora llevamos más de 3 meses sin estudiar y no sabemos qué nos espera”, contó a Univision.

Fátima cuenta que años atrás la violencia comenzó a hacerse presente en el pueblo, cuando a plena luz del día se desataban balaceras que duraban hasta 8 horas y comenzaron a reportarse desapariciones de personas, especialmente de estudiantes.

Teodomira Rosales, integrante del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, quien ha dado acompañamiento y asesoría a las familias desplazadas, señala que desde noviembre buscaron ayuda de los gobiernos locales y del estatal, pero las autoridades no pudieron hacer frente al grupo armado.

Ahora, buscan que el presidente López Obrador los apoye para lograr el repliegue de los grupos armados para que ellos puedan volver a sus hogares, con la seguridad de que su vida no corre peligro.

“Son más de 1,800 familias de las 10 comunidades desplazadas de Leonardo Bravo, y del poblado de Tlaltempanaca, que en su mayoría es población indígena, son 72 familias. Además, hay más de 300 niños sin recibir educación ni salud”, detalla Rosales.

De acuerdo con diversas organizaciones de derechos humanos, durante 2018, la violencia en diversas comunidades del estado de Guerrero dejó al menos 8,000 personas desplazadas de sus comunidades.

La cifra negra de los desaparecidos

Para Rosales, sin embargo, la situación de los desplazados no es lo más alarmante, pues el día que el grupo armado atacó a los poblados, mucha gente no pudo huir y otros fueron secuestrados.

“Muchas personas quedaron allá y los están usando como rehenes. Mujeres y niños jóvenes, se los llevan para el trabajo de recluta al narcotráfico porque ese grupo solo se dice que es comunitaria, pero son grupos de narcos comunitarios, les llamamos”, señaló.

En esa situación se encuentra Florencia Hernández, de la comunidad indígena de Zitlala, pues durante esos días los hombres armados se llevaron a su esposo, a su hijo y a su hermano. Ella y sus nietos pudieron irse del pueblo, pero a la fecha no tiene pista del paradero de ninguno de los tres.

“Ella estaba en su casa, estaba con su marido y ahí llegaron los delincuentes. Lo amarraron, lo golpearon y lo subieron a un carro. Su marido se llama Pedro, su hijo Javier y su hermano Victoriano. No hemos recibido respuesta y no sabemos por dónde andan, si ya se murieron o dónde están”, cuenta Florencia en náhuatl, mientras su compañera Joaquina traduce al español.

Desde que fueron desplazados, Florencia, Joaquina y 72 familias más, viven en una cancha de baloncesto que el municipio de Copalillo les habilitó mientras regresan a sus hogares o son reubicados en otro lugar.

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