El espionaje político en México queda expuesto tras acusación contra empresario en California
Carlos Alberto Guerrero Villanueva, un empresario que fue considerado el principal proveedor de sistemas de espionaje que usaron los gobiernos de Baja California y Durango, se declaró culpable el martes de comercializar esos dispositivos sabiendo que los usarían con fines políticos.
La Fiscalía del Distrito Sur de California alega que Guerrero Villanueva, de 48 años y residente de San Diego y Tijuana, conspiró para vender y usar herramientas de espionaje fabricadas por compañías de Italia, Israel y otros países. Sus principales clientes eran políticos mexicanos interesados en seguir los pasos de sus opositores y empresarios que querían vigilar de cerca a sus competidores.
Este mexicano compareció el martes en una corte federal de San Diego y quedó libre tras el pago de una fianza. La jueza Janis Sammartino le permitió residir en México mientras espera su audiencia condenatoria que se programó para el próximo 13 de mayo. Él enfrenta una condena de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad condicional y una multa de 250,000 dólares.
Su nombre y su compañía Elite by Carga, con sede en Tijuana, aparecieron en correos electrónicos subidos a la plataforma WikiLeaks en 2015. En estos se indicó que era intermediario de Hacking Team, una empresa italiana dedicada a la comercialización de sofisticados sistemas de espionaje que, por una cuota de varios millones de pesos, tenía una cuenta activa con el gobierno de Baja California, cuyo titular era Francisco Vega de Lamadrid.
Una investigación del semanario Zeta señalaba que en aquella época un funcionario de alto perfil en Baja California decía poseer un programa que le permitía espiar a otros miembros del gabinete estatal. "Alardeaba que tenía a todos los funcionarios bien agarrados: que sabía todo lo que hacían, con quién salían, si tenían novias, si hacían negocios, con quién se mensajeaban y con quién hablaban", dijo una fuente anónima a dicho medio.
Elite by Carga es proveedora de equipo táctico a dependencias policiales y forma parte de un consorcio llamado Grupo Armor, que vende blindaje de vehículos, tanquetas y aeronaves. El gobierno de Vega de Lamadrid le habría pagado más de cuatro millones de pesos (unos 200,000 dólares) por dos camionetas blindadas que usaron el gobernador y su familia, de acuerdo con Zeta.
La acusación que pesa contra Guerrero Villanueva en California alega que en 2014 y 2015 trabajó con una empresa italiana, identificada por los fiscales como ‘Compañía A’, que vendía dispositivos de espionaje y herramientas de geolocalización. La relación comercial inició el 7 de agosto de 2014, cuando Guerrero Villanueva y su empleado Daniel Moreno se reunieron con representantes de esa compañía italiana en San Diego.
En ese encuentro les describieron que sus aparatos, creados en Italia, permitían a los usuarios “jaquear la red inalámbrica de objetivos” para interceptar sus comunicaciones y geolocalización. Ese día, Elite by Carga se convirtió en representante de ventas de la ‘Compañía A’ en México, a cambio de una jugosa comisión. Sus primeros clientes fueron los gobiernos de Baja California y Durango, según la Fiscalía.
Para facilitar sus ventas, Guerrero Villanueva organizó varios traslados de los representantes de la empresa italiana entre México y San Diego, entendiendo que dicho equipo “probablemente sería utilizado con fines políticos, no solo con fines policiales”, describen documentos judiciales.
El alcalde que espió a su rival
A través de relaciones con otros proveedores internacionales, Elite by Carga negoció la venta de dispositivos de espionaje fabricados por compañías israelíes y de otros países. En 2016 y 2017 comercializó bloqueadores de señal, herramientas de interceptación de Wi-Fi, receptores, geo-localizadores, así como sistemas para escuchas telefónicas y que permitían leer mensajes de WhatsApp. La tarifa por esos servicios era de 25,000 dólares mensuales.
Uno de los interesados en esos programas fue un alcalde del estado de Morelos, cuyo nombre no se menciona en la acusación, que tuvo acceso no autorizado a las cuentas de Twitter, Hotmail y de iCloud de un rival político, afirma el Departamento de Justicia.
“La declaración de culpabilidad de hoy (martes) ayuda a detener la proliferación de herramientas digitales utilizadas para la represión y promueve la seguridad digital de los ciudadanos estadounidenses y mexicanos”, dijo el fiscal federal Randy Grossman en un comunicado.
Chad Plantz, agente a cargo de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Diego, señaló que el proceso criminal de Guerrero Villanueva envía un mensaje claro de que no se tolerará la violación a los derechos de privacidad y que quienes lo hagan serán llamados ante la justicia.
“El mundo en el que vivimos está cada vez más interconectado por tecnología destinada a mejorar nuestras vidas, pero como se ve en este caso, esta misma tecnología puede ser adquirida por malos actores con intenciones dañinas”, dijo Plantz.
En su declaración de culpabilidad, Guerrero Villanueva aceptó que esos sistemas también fueron usados con fines comerciales. En un caso, uno o más empleados de Elite by Carga acordaron en febrero de 2017 jaquear el teléfono y el correo electrónico de un representante de ventas de una empresa mexicana con sede en Florida a cambio de un pago aproximado de 25,000 dólares.
El propio Guerrero Villanueva usó el equipo para interceptar en diciembre de 2015 las llamadas telefónicas de un competidor comercial estadounidense mientras este se encontraba en México y en el sur de California, de acuerdo con su testimonio.
Uno de los acuerdos con la Fiscalía es que aceptó entregarle al gobierno de EEUU los 25,000 dólares que recibió como pago en febrero de 2017 y renuncia a su derecho de apelar a su sentencia.
