Corrupción

¿Quién se queda con los miles de millones robados de Venezuela incautados en Estados Unidos?

Los fiscales estadounidenses argumentan que la complicidad del gobierno de Venezuela en la conspiración hace que la restitución de esos fondos sea "inapropiada", según documentos judiciales.
29 Nov 2018 – 8:57 PM EST

A pesar de la evidencia revelada en un tribunal federal de miles de millones de dólares saqueados de los cofres del tesoro nacional de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos no tiene la intención de devolver al gobierno del país suramericano esos fondos incautados, pues lo califica como cleptocracia (establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo de capital, institucionalizando la corrupción y sus derivados), según revelan documentos judiciales.

"El gobierno [de Estados Unidos] presenta que el gobierno de Venezuela no califica para la notificación de víctima o restitución según los estatutos aplicables", declararon los fiscales en un documento judicial presentado el 27 de julio en un caso que involucró a Alejandro Andrade, ex jefe del Tesoro Nacional del país suramericano. El documento fue sellado y solo salió a la luz hasta la semana pasada.

Andrade fue sentenciado el martes a 10 años de cárcel por su papel en un esquema de soborno y lavado de dinero de 1,000 millones de dólares.


Andrade, exguardaespaldas del presidente venezolano Hugo Chávez, se convirtió en uno de los miembros más confiables de su círculo íntimo y dirigió la Oficina del Tesoro Nacional entre 2007 y 2010. Se mudó a Estados Unidos en 2010 bajo la protección temporal de la Administración para el Control de Drogas (DEA), según varias fuentes dijeron a Univision, y se estableció en una comunidad prospera en el Condado de Palm Beach.

Bajo la ley de EEUU, específicamente la Ley de Derechos de las Víctimas de Delitos (CVRA) y la Ley de Restitución de las Víctimas Obligatorias (MVRA), los tribunales pueden ordenar que se devuelvan los fondos cuando las víctimas pueden probar que sufrieron daños directos.

Pero en el caso de Andrade, los fiscales argumentaron ante el tribunal que Venezuela no podía ser considerado una víctima ya que el plan involucraba a altos funcionarios venezolanos que actuaban en nombre del gobierno. "La complicidad del gobierno de Venezuela en esta conspiración hace que el estatus de víctima sea inadecuado", según la presentación judicial de julio de Sandra Moser, jefa interina de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia de Estados Unidos.


La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) también requiere que los signatarios, que incluyen a EEUU, notifiquen a otros países sobre los ingresos derivados de los delitos de corrupción, que a menudo resultan en una transferencia de riqueza de los países pobres más propensos a la corrupción, a los más ricos –donde la aplicación de las leyes suel ser más dura.

El esquema de Andrade involucraba un sistema de divisas que permitía el intercambio de moneda local (bolívares) a una tasa fija en el mercado negro por dólares estadounidenses muy por debajo de la tasa económica real que "crea oportunidades para el fraude y el abuso", escribió Moser.

"El acusado, que aceptó pagos de soborno para autorizar a los cómplices para que realizaran cambios de moneda en nombre del gobierno de Venezuela, fue el tesorero nacional de Venezuela", agregó. "Tenía la capacidad de influir y decidir qué casas de corretaje recibían negocios del gobierno para llevar a cabo estos cambios de divisas a una tasa fija y, por lo tanto, beneficiarse enormemente de los intercambios".

Los fiscales dicen que Andrade conspiró con otros tres cómplices claves en la red de lavado de dinero que generó alrededor de 2,400 millones de dólares en ganancias ilícitas, quienes acordaron compartir la mitad de su dinero con el tesorero.

Los abogados defensores de Andrade dijeron que este solo recibió personalmente alrededor de $70 millones en sobornos. Pero este miércoles, no respondieron a una solicitud de Univision Noticias para comentar.


Más y más corrupción


Este caso está lejos de ser el único que expone la corrupción en Venezuela. Un episodio separado involucra 1,200 millones de dólares malversados por la compañía petrolera estatal PDVSA, lavados usando el mismo sistema de cambio de divisas por bancos suizos y bienes raíces de Florida. En 2017, los funcionarios estadounidenses acusaron al vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, de poseer $500 millones en activos incautados en Estados Unidos.

Abogados en Texas están tratando de recuperar $600 millones en nombre de Bariven, una subsidiaria de PDVSA, debido a otro esquema corrupto que involucra una sobrecarga sistémica. En 2015, las autoridades estadounidenses arrestaron a dos empresarios petroleros venezolanos acusados de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Ambos se declararon culpables de sobornar a funcionarios de PDVSA para obtener contratos lucrativos con Bariven.

En 2002, funcionarios de Estados Unidos ayudaron al gobierno de Nicaragua a rastrear 100 millones de dólares en activos en el país norteamericano pertenecientes a exfuncionarios nicaragüenses, entre ellos el presidente Arnoldo Alemán y Byron Jerez, exjefe de la agencia tributaria del país. Lograron incautar y recuperar $5.6 millones que fueron devueltos al gobierno de Nicaragua.

Hasta ahora, el gobierno venezolano no se ha presentado para reclamar los activos incautados en el caso de Andrade, que incluye cinco casas en Florida, 17 caballos de competencia, vehículos lujosos, incluido un Mercedes-Benz GLS 550, un Bentley convertible y al menos 35 relojes de lujo.


¿Quién termina con el dinero?


Un juez aún tiene que decidir qué sucederá con los activos incautados por EEUU. "Una víctima puede presentarse para reclamar el dinero, pero simplemente no veo que eso suceda en este caso", dijo un experto legal familiarizado con el caso, que pidió no ser identificado. "A menos que Venezuela presente un reclamo, no habrá nada sobre lo que dictaminar. El decomiso va para el gobierno de Estados Unidos", dijo otro abogado. "Alguien podría provocar un escándalo en favor de Venezuela si estuviera dispuesto a hacerlo. Qué hipocresía".

El gobierno venezolano necesita urgentemente dinero, ya que su economía está en caída libre. El Fondo Monetario Internacional estima que la hiperinflación podría llegar a 1 millón % este año y la grave escasez de alimentos, medicinas, electricidad y agua ha provocado que tres millones de venezolanos huyeran de su país desde 2015, según la agencia de refugiados de las Naciones Unidas.


Pero las razones políticas hacen que sea aún menos probable que el gobierno venezolano gane la restitución de este dinero. Estados Unidos ha impuesto amplias sanciones al presidente venezolano Nicolás Maduro, a su esposa y a sus principales aliados, acusándolos de corrupción desenfrenada y abuso de la democracia. También se han impuesto sanciones a inversiones y contratos con firmas estadounidenses, así como a nuevas transacciones de deuda y oro.

Maduro dice que es víctima de una "guerra económica" liderada por Estados Unidos y acusa a los líderes de la oposición de conspirar para asesinarlo.

"La restitución del dinero de Andrade sería una inversión de lo que intenta hacer el gobierno de EEUU. Las sanciones están diseñadas para obligarlos a abandonar el poder al privarlos de efectivo", dijo el experto legal.

El exembajador estadounidense, John Feeley, opinó que "nunca le devolveríamos el dinero al gobierno de Venezuela, especialmente porque involucró a funcionarios corruptos". "Mi conjetura es que entrará en activos incautados. Mantuvimos los de Irán por varias décadas", agrego Feeley, quien se desempeñó como el segundo a cargo en el Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental.

"Pero no podemos simplemente decidir mantenerlos. Un juez debe estar de acuerdo con los argumentos del fiscal de incautación y decomiso".

En fotos: La lista de funcionarios venezolanos sancionados por EEUU

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