6 países piden a la Corte Penal Internacional investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela: ¿y ahora qué?

Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú solicitaron a la fiscal de La Haya que investigue al gobierno de Nicolás Maduro por asesinatos, detenciones, torturas y otros crímenes cometidos desde febrero de 2014. Es la primera vez que un grupo de Estados hace una petición semejante.
26 Sep 2018 – 6:10 PM EDT

Los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú enviaron este miércoles una carta a la fiscal de la Corte Penal Internacional pidiendo que investigue al gobierno venezolano de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.

Los cancilleres de los seis países hicieron una breve declaración a la prensa en la sede de la ONU, al margen de la Asamblea General, para anunciar el envío de la carta y exigir a la CPI, con sede en La Haya, la inculpación de los responsables.

En Venezuela hay denuncias serias de "detenciones arbitrarias, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, abusos sexuales, violaciones, atentados flagrantes contra el debido proceso" inclusive de algunos menores de edad, dijo el canciller argentino, Jorge Faurie.

Si estas denuncias se comprueban, "quedarían claramente configurados los crímenes de lesa humanidad", indicó.

Es la primera vez que un grupo de naciones pide la intervención del tribunal internacional en otro país desde que se estableció la CPI en 2002.


La carta solicita a la fiscal de la CPI Fatou Bensouda que se investiguen los presuntos crímenes cometidos bajo el gobierno de Maduro desde el 12 de febrero de 2014 para "determinar si se debe acusar a una o varias personas", precisó el canciller peruano, Néstor Popolizio.

Popolizio dijo que la situación en Venezuela "continúa deteriorándose" y que se deben "buscar caminos para luchar contra la impunidad" en ese país.

¿En qué se basa la denuncia?

El pedido a la CPI se basa en dos informes "sólidos y contundentes" sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, uno de la Organización de Estados Americanos y otro del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, explicó el canciller de Chile, Roberto Ampuero.


"Encontrar soluciones para poner fin a la crisis en Venezuela está en el centro de las prioridades de Canadá (…) Hay un amplio y creciente cuerpo de evidencia de que el régimen de Maduro ha cometido grandes violaciones de los derechos humanos contra su propio pueblo", sostuvo por su lado la canciller de Canadá, Chrystia Freeland.

"En un momento en que muchos países están dando su espalda al orden internacional basado en reglas y cuando la propia CPI está bajo ataque, es alentador ver y participar en un esfuerzo para referir los crímenes del régimen de Maduro a ese órgano para que inculpe" a los responsables, añadió.

¿Qué sigue ahora?

En febrero la Corte Penal Internacional puso en marcha investigaciones preliminares por "presuntos crímenes" en Venezuela durante manifestaciones contra Nicolás Maduro que se desarrollaron en 2017 durante más de cuatro meses y dejaron unos 125 muertos.

La carta enviada este miércoles por los países miembros obliga a la CPI a acelerar esa investigación y a presentar sus conclusiones.


¿Qué consecuencias puede traer esto para Maduro?

La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción para investigar y castigar a los máximos responsables de delitos internacionales, entre ellos crímenes de lesa humanidad o contra los derechos humanos.

Este tribunal puede emitir órdenes internacionales de captura contra quienes considere puedan tener responsabilidad en los crímenes investigados, con independencia de que sean jefes de Estado, como lo es Nicolás Maduro en este caso.

Quienes durante un juicio son declarados culpables de crímenes de lesa humanidad pueden ser condenadas hasta a 30 años de prisión.

¿El régimen venezolano puede hacer algo para evitarlo?

El camino que le queda al actual régimen de Venezuela para evitar la intervención directa de la Corte Penal Internacional es investigar y sancionar en las cortes venezolanas las violaciones de derechos humanos denunciadas en el país. Estos casos hasta ahora siguen impunes; entre otras razones, por el control que ejercen el partido de gobierno y el Poder Ejecutivo sobre los poderes Judicial, Moral y Electoral.

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