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CityLab Política

El desorbitado ascenso de las acciones de las cárceles privadas

Los inversionistas apuestan por la promesa de Trump de encarcelar y deportar a millones. Un experto sostiene que esto llevará al crecimiento de los llamados 'pueblos-prisiones'.
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22 Nov 2016 – 12:25 PM EST

Entre los grandes ganadores tras la victoria de Trump, sin duda alguna está la industria de las cárceles privadas. Acciones tanto de CoreCivic (antiguamente conocida como Corrections Corporation of America) y de GEO Group, los dos principales actores del negocio, subieron un 43% y un 21%, respectivamente, el día después de la derrota de Clinton.

Durante las últimas semanas, las fortunas de este par de empresas han continuado creciendo conforme las declaraciones recientes de Trump afirman sus agresivos planes de deportación. En una entrevista transmitida en el programa televisivo 60 Minutes, de CBS, el magnate insistió que, en cuanto asumiera su cargo, de dos a tres millones de inmigrantes serían enviados de vuelta a sus países de origen, encarcelando a varios en el proceso. “Lo que vamos a hacer es capturar a los criminales y a los que tienen antecedentes criminales”, dijo Trump a la periodista Lesley Stahl. “O los sacamos de nuestro país o los encarcelamos”.

De ahí que el triunfo de Trump no puede venirle mejor al negocio de las prisiones. El pasado mes de octubre, Hillary Clinton anunció que no aceptaría más donaciones de esa industria, declarando luego que “deberíamos poner fin tanto a las prisiones como a los centros de detención privados”. En agosto, las acciones de la industria se hundieron después de que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) decidiera eliminar gradualmente su uso de las prisiones privadas. El día después del anuncio del DOJ, la compañía GEO Group desembolsó 100,000 dólares al SuperPAC de Trump.

Para entender lo que las compañías privadas en este sector esperan de la administración Trump y cómo esto pudiera afectar a las ciudades de todo el país, CityLab conversó con Carl Takei, abogado del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles).

¿Qué mensaje nos envía todo esto acerca de los planes de Trump respecto del negocio de las cárceles privadas, mientras él mismo comienza a colocar su gente en el DOJ y en el Departamento de Seguridad Nacional?

Las propuestas anti-inmigrantes que el presidente electo Donald Trump ha pregonado durante todo el período de campaña prometen el enriquecimiento de las compañías de cárceles privadas y, como es lógico, de sus inversores. Él ha abogado por un masivo incremento de las redadas, las detenciones, y las deportaciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), así como la imposición de una sentencia mínima de cinco años de prisión federal para quienes, luego de ser deportados, entren al país por segunda vez. De consumarse, estas propuestas incrementarían el personal dedicado a detenciones dentro de ICE en cientos de miles de personas y, a la vez, se requerirían al menos otras nueve prisiones federales. Esto es cierto incluso si Trump no deporta de un golpe a los once millones de indocumentados. Deportar de dos a tres millones en el primer año de su presidencia, como él propuso en la entrevista de 60 Minutes, implicaría la construcción de más de 100,000 camas para los centros de detenciones de inmigrantes.

El presidente electo tiene dos opciones de cómo manejar los millones de inmigrantes que serían detenidos bajo sus políticas: él podría convertir la construcción de las prisiones federales en un enorme programa público de empleos, al estilo del WPA. O podría poner cientos de miles de personas más bajo la custodia de las compañías privadas de prisiones.

Así que de todos modos él va a hacer que esto suceda, lo que significaría una cantidad considerable de empleos para las alcaldías, desde el sector constructivo hasta las tareas de detención. ¿Cómo usted vaticina que las ciudades y los pueblos responderán a estas medidas?

Conforme crecía el encarcelamiento masivo en los ochentas y noventas, muchas ciudades y pueblos rurales en aprietos, particularmente en el sur y el suroeste, vieron las prisiones como una fuente de empleo. Algunos lugares, como Eloy, Arizona, han devenido pueblos-prisiones, cuyas economías dependen casi totalmente del encierro de personas. No sorprendería si los gobiernos locales dieran su aprobación a las deportaciones y las detenciones masivas, como un medio para aumentar el nivel de empleo.

Sin embargo, meter a la gente entre rejas no es un plan sabio o sostenible, no produce siquiera desarrollo en términos humanos o económicos. Muchos pueblos-prisiones, de hecho, cayeron en bancarrota o arruinaron sus puntajes crediticios a inicios de 2010, cuando los índices de encarcelamiento en Estados Unidos brevemente descendieron.

Aunque los gobiernos de las ciudades quedaron con deudas no pagadas en temas de construcción, las compañías de cárceles privadas con que se asociaron simplemente despidieron personal y abandonaron el pueblo. Encima, investigaciones recientes han mostrado que las prisiones privadas, en particular, pueden hacer bajar los salarios y evitar otras formas, incluso mejores, de crecimiento económico.

La industria de las prisiones privadas hace poco intentó cambiar su modelo de negocios y su imagen, hasta cierto punto, por medio de inversiones en nuevas sucursales en otras partes del sistema de justicia criminal, tales como monitores electrónicos de tobillo y las llamadas halfway houses (residencias de transición que buscan la reintegración social). ¿Usted espera que esta evolución se interrumpa y se regrese, por así decirlo, a la infraestructura tradicional de instalación de prisiones y centros de detenciones?

No. Las reformas de la justicia criminal se mueven aún hacia adelante en los estados. Este mismo mes, por ejemplo, proyectos de ley fueron aprobados tanto en California como en Oklahoma, prometiendo reducir significativamente las poblaciones carcelarias estatales. Dichas medidas incrementan la cantidad de personas en libertad condicional, bajo palabra o en residencias de transición, y la expansión de la industria privada hacia estas últimas y hacia los sistemas correccionales comunitarios está en sintonía con estas tendencias.

Esa expansión es más bien integración vertical, no reforma real. Para evitar ser enviada de vuelta a la cárcel, una persona bajo vigilancia, o en un centro correccional, debe comúnmente atenerse a un enmarañado código de conducta y de requerimientos de trabajo. Es del interés de la compañía hacer estos requerimientos tan difíciles como sea posible, dado que cada persona que no cumpla con ellos seguirá generando ingresos. Entonces, para las personas sujetas a este corporativizado sistema de justicia criminal, solo hay un desenlace que no beneficiaría a los inversionistas: salir con éxito del sistema y no retornar.

Dada la derrota de Clinton, ¿Cuáles son ahora las posibilidades reales de eliminar gradualmente la industria de las prisiones privadas, tanto a nivel estatal como local? ¿Cree usted que Donald Trump podría o bloquearía tales intentos? Si es así, ¿Cómo es que defensores como usted planean responder?

Aunque el presidente electo alabó las prisiones privadas durante una entrevista en junio de 2016 con Chris Matthews, fue esa la única vez que las mencionó en toda su campaña, por lo que no está claro qué importancia le da a ese asunto. Además, si bien él controla el sistema de prisiones federales, tiene poco poder sobre las prisiones estatales y locales. Y si, eventualmente, su DOJ puede realizar subvenciones a los sistemas locales y estatales, él no puede obligar a esos funcionarios a aceptar sus concesiones. Pero más allá de lo que el presidente electo haga o diga, la ACLU se opone, insobornablemente, a lucrar de los sistemas de justicia criminal y de detención de inmigrantes, y, por lo mismo, continuará luchando a todos los niveles.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.


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