El alcalde que está intentando luchar contra los grupos pro armas en Florida

En 2014, dos organizaciones de derechos de armas, Florida Carry y la Fundación por la Segunda Enmienda, demandaron a la ciudad de Tallahassee y a varios de sus funcionarios por un par de leyes, aprobadas en 1957 y 1988, que les prohíben a los residentes disparar armas de fuego en los parques públicos. Esos reglamentos locales violaban retroactivamente una ley del estado de Florida, aprobada en 2011, que evita que los gobiernos locales aprueben ordenanzas que regulan las armas.

El martes, el alcalde de Tallahassee Andrew Gillum aparecerá ante la Corte de Apelaciones del Primer Distrito de Florida para los argumentos orales de ese caso en curso. Excepto que Gillum no tendrá el beneficio del apoyo del equipo jurídico de Tallahassee. La misma ley de prelación del estado de Florida prohíbe el uso de fondos públicos en la defensa de funcionarios del gobierno local en cualquier disputa acerca de decretos sobre armas. Así que, en este caso, el alcalde tuvo que conseguir representación pro-bono, es decir, entregada por alguien externo y de manera gratuita.

El alcalde se refiere a la ley como "de súper prelación" ('super priority'). Como las leyes estatales de prelación en todo el país, incluyendo la famosa HB2 de Carolina del Norte, la ley de armas de fuego de Florida les prohíbe a gobiernos de ciudades o condados aprobar ciertas políticas locales (en este caso, las leyes que regulan la venta o el uso de armas de fuego). Pero la ley de Florida es excepcional, ya que va mucho más allá: expone a los funcionarios del gobierno local a juicios, multas, honorarios e incluso la destitución del cargo por siquiera intentar aprobar un proyecto de ley que contravenga la ley estatal.

"Su propósito es enviarle una seria advertencia al gobierno local: 'ni se atrevan'", dice Gillum. Cuando se presentó el caso, Gillum —en aquel momento, comisionado de la ciudad de Tallahassee— y otros funcionarios locales, enfrentaron personalmente sanciones civiles de hasta 5,000 dólares, reparaciones de hasta 100,000 dólares, honorarios de abogados, e incluso la remoción del cargo a discreción del gobernador.

En el caso ante el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de Florida, los acusados reconocieron que la legislatura estatal tenía la autoridad para "anular e invalidar" ordenanzas locales. Con la ley estatal en vigor, argumentó Tallahassee, la ciudad no tenía razón ni obligación para adoptar medidas especiales para eliminar sus ordenanzas que prohibían disparar en parques públicos. Esas leyes fueron anuladas. El tribunal estuvo de acuerdo, pero se negó a asumir un asunto constitucional más amplio sobre la ley de ‘súper prelación’.

Cuando Florida Carry apeló, Tallahassee también apeló. Y apenas esta semana, el alcalde Gillum lanzó la Campaña para Defender las Soluciones Locales, una coalición no partidista de alcaldes, comisarios y concejales cuyo propósito es proteger los intereses del gobierno local contra la interferencia de la legislatura estatal. Varias organizaciones locales, estatales y nacionales ya se han sumado a la coalición, desde la Liga de Mujeres Votantes de Tallahasee hasta la Campaña para Mantener las Armas de Fuego fuera de los campus. Funcionarios estatales y locales de St. Louis, Dallas, Detroit y Dakota del Sur han firmado también.

Gillum dice que la ley de armas de fuego de Florida representa un desafío a la Constitución y a la democracia misma. Expone a los funcionarios electos a consecuencias legales por las acciones emprendidas en su capacidad de funcionarios electos. "Va mucho más allá de simplemente decir que [los funcionarios locales] no pueden regular la venta y uso de armas de fuego a nivel local", dice. "Dice que no sólo no pueden hacerlo, sino que, si lo hacen, como individuos enfrentarán severas sanciones".

La Liga de Ciudades de Florida, los legisladores estatales de Florida y Michigan, media docena de alcaldes de ciudades de Florida y otras partes interesadas han presentado informes amicus curiae, documentos legales en apoyo a Tallahassee. Gillum, quien es ampliamente considerado un contendiente al cargo de gobernador, está planteando la apelación como algo de mucho mayor alcance que una cuestión textual en el código legal de Tallahassee. En una publicación en Medium anunciando la Campaña para Defender las Soluciones Locales — "Cómo luchar contra la NRA (Asociación Nacional del Rifle)"— plantea la apelación de la ciudad como una batalla contra el grupo de presión pro armas.

Tallahassee no está sola en la lucha contra la prelación estatal. Ciudades como Cleveland y Birmingham han iniciado juicios contra sus estados sobre las leyes que evitan las ordenanzas de contratación local y salario mínimo. Esos casos podrían reforzar el precedente legal para la autonomía y el autogobierno.

Ben Beach, director legal de la Asociación para las Familias Trabajadoras y experto en leyes de prelación, dice que hay dos componentes en el argumento de Tallahassee de que la ley de Florida es inconstitucional. Uno es el bien establecido principio legal de que los legisladores están exentos de responsabilidad civil personal por las actividades legislativas. El otro es una protección básica de la Primera Enmienda a los derechos de libre expresión de los legisladores para que puedan votar a voluntad sobre un asunto.

"Para mí, ésos son dos principios constitucionales bastante comprensibles y fundamentales que deben funcionar en todos los tribunales, en este caso para detener este esfuerzo extremo para reprimir la democracia local", dice Beach.

Ninguna otra ley estatal de prelación en el país va tan lejos como la de Florida, agrega Beach. La ley SB1487 de Arizona está dirigida a los gobiernos locales mediante la retención de fondos de contrapartida a aquellos que aprueben ordenanzas o reglamentos que contradigan la ley estatal. Pero la ley de armas de fuego de Florida considera personalmente responsables a los legisladores por sus votos en las normativas locales.

Por su parte, Gillum dice que la apelación de Tallahassee no busca prohibir que la gente dispare en los parques de la ciudad, una medida que él describe como una "ley de sentido común". En su lugar, la ciudad está luchando por el proceso y el derecho a la autonomía en las ciudades de Florida. "En el momento en que se adoptó [la ley estatal], hubo comunidades que se detuvieron en seco", dice Gillum. "Tenemos más de 400 ciudades y 67 condados en el estado de Florida. ¿Quién sabe cuántas de las ciudades o condados dejaron de legislar de formas que, a su entender, representaban los mejores intereses de sus comunidades?".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.

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