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Nicaragua

Reanudan el diálogo en Nicaragua sin respaldo estudiantil y bajo sanciones europeas

El gobierno de Daniel Ortega prometió excarcelar a un “núcleo considerable" de presos políticos, pero universitarios y sectores sociales demandaron la liberación total de los 760 reos. El diálogo se retoma en medio de suspicacias.
14 Mar 2019 – 7:35 PM EDT

El gobierno de Daniel Ortega y la oposición aglutinada en la Alianza Cívica volvieron a sentarse a la mesa de negociación política. Ambas partes anunciaron el retorno al diálogo la noche de este miércoles bajo una lluvia de críticas, en especial de la Coalición Universitaria, que considera que el régimen sandinista “no ha dado muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis”, como es la liberación total de los presos políticos.

La Coalición Universitaria es parte de la Alianza Cívica y se desmarcaron de un comunicado conjunto firmado por las partes negociadoras, en el que acordaban regresar al diálogo este jueves bajo la condición de “excarcelar a un núcleo apreciable” de presos políticos mañana viernes 15 de marzo.

Los estudiantes rechazaron de inmediato y de plano el acuerdo alcanzado en la Nunciatura Apostólica en Managua, en el que también participó el enviado especial a Nicaragua de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla.


“Las libertades de nuestros presos no se negocian. Demandamos libertad total para los presos políticos, no cambio de régimen de casa por cárcel”, criticó Max Jerez, el delegado universitario en la mesa de negociación con la Alianza Cívica. El líder estudiantil se refiere a los primeros cien presos excarcelados por el régimen el pasado 27 de febrero, quienes jurídicamente siguen sin gozar libertad plena.

La excarcelación de esos presos políticos ocurrió horas antes de la instalación de la segunda edición del diálogo en Nicaragua para buscar solución a la crisis sociopolítica. La primera edición sucedió en mayo de 2018, en los albores de la rebelión ciudadana y la represión. Sin embargo, ese acercamiento propiciado por la iglesia católica fracasó. Este febrero, el gobierno volvió a solicitar a los empresarios otra negociación afectado por una crisis económica, sanciones y aislamiento internacional.

La segunda edición de las negociaciones políticas iniciaron el 27 de febrero marcadas por la crítica ciudadana debido al secretismo del proceso impuesto como condición por el gobierno. El 8 de marzo, la Alianza Cívica se levantó de la mesa tras la negativa de los obispos católicos de participar como “testigos”. Los opositores también alegaron que no retomarían la negociación hasta que el gobierno diera “muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis”.

Esas muestras consistían en la liberación de los presos políticos en primera instancia, el cese de la represión y secuestros, entre otros puntos. Sin embargo, los universitarios aseguraron este miércoles que los negociadores titulares de la Alianza Cívica “desobedecieron” el mandato adoptado en pleno por ellos al aceptar la propuesta del gobierno de excarcelar a un “núcleo apreciable de personas”.

“Exigimos la liberación total de los más de 760 presos y mientras eso no suceda no consideraremos participar en ese diálogo”, sostuvo uno de los líderes estudiantiles.

Niegan fisura en la oposición

Aunque en el ambiente se perciben fisuras en la oposición, la Coalición Universitaria lo negó. “Esto no es una fractura ni estamos cediendo nuestro puesto en la Alianza Cívica”, aseguró Valeska Valle de la Coalición Universitaria. “Solo estamos dejando claro que no consideramos participar en la mesa mientras Ortega y Murillo no den muestras contundentes. No queremos voluntad, queremos hechos, compromiso para seguir el proceso”.


Los estudiantes critican que mientras se llevan a cabo negociaciones políticas, las detenciones de ciudadanos no han cesado por parte de la Policía. La misma noche de este miércoles, cuando se anunció la superación del “impasse”, fue detenido Jaime Eduardo Lorío, tío del bebé Teyler Lorío Navarrete, quien fue asesinado de un disparo en la cabeza por paramilitares el 23 de junio de 2018 en Managua.

Con la toma de distancia de los universitarios y también de algunos miembros de la sociedad civil de la comitiva negociadora de la Alianza Cívica, los empresarios del sector privado quedaron como mayoría respaldando el restablecimiento de las negociaciones con el gobierno, lo que hizo temer a varios sectores la reedición de “un arreglo de cúpulas” entre el gran capital y el régimen.

Sin embargo, Mario Arana, expresidente del Banco Central de Nicaragua, negó tales señalamientos. Afirmó que seguirán demandando al régimen la liberación de los presos políticos y explicó que aceptaron retomar el diálogo para “negociar un calendario para la liberación escalonada de todos los presos políticos”.

Una fuente cercana a las negociaciones explicó a Univision Noticias que la OEA condicionó su participación como garante del diálogo a que se libere a todos los presos políticos, o al menos a que se suscriba un calendario verificable para su excarcelación. Esta es una postura que también ha manifestado abiertamente el secretario general Luis Almagro.

De acuerdo a la fuente, otra madeja a desenrollar es el número de los presos políticos. La Alianza Cívica tiene en su registro casi 800 (sumando las últimas detenciones y los 100 excarcelados) y el gobierno apenas reconoce a 300. La administración de Ortega negaba tener presos políticos y en cambio ratificaba “criminales comunes”.

No obstante, ante la presión del embajador norteamericano Kevin Sullivan y la OEA, el mandatario sandinista accedió a liberar este viernes a un número no precisado de reos de conciencia, entre quienes pueden estar enfermos, adolescentes, mujeres y presos que no han sido juzgados ni condenados. Pero el gobierno sigue reservando “como carta de negociación” a los líderes de las protesta cívica, como estudiantes y campesinos, condenados a cadenas de hasta 216 años de prisión.

Más sanciones a Ortega y Murillo

Ortega ha urgido el restablecimiento del diálogo para evitar más sanciones internacionales. Pero sus jugadas no le sirvieron de mucho. Este mismo jueves el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la crisis nicaragüense. Los eurodipitados exigieron a la Unión Europea sancionar al mismo presidente Ortega, a dos de sus hijos y a allegados políticos.

Por su parte, Washington, que ya ha sancionado al gobierno de Ortega y Murillo, ha dicho que quiere “elecciones adelantadas en Nicaragua sin la participación de Ortega ni de su esposa, Rosario Murillo”.

"Estamos instando al régimen de Ortega a que negocie de buena fe y tome medidas concretas ahora para restablecer la democracia cesando la represión, liberando a las personas detenidas arbitrariamente y acordando celebrar elecciones anticipadas, libres y justas”, dijo Todd Robinson, principal asesor sobre Centroamérica en el Departamento de Estado de Estados Unidos, en una videoconferencia a la que tuvo acceso Univision Noticias.

Mientras la presión internacional aprieta al gobierno sandinista, en Managua, la Unión Nacional Azul y Blanco ha convocado a una marcha este sábado exigiendo la liberación total de los presos políticos.

Será una prueba para las movilizaciones ciudadanas que se frenaron a finales del año pasado en medio de la represión a las protestas. La última gran marcha se produjo el 23 de septiembre cuando en una manifestación para exigir la liberación de los presos políticos fue asesinado Matt Romero, un jovencito de 16 años, quien recibió un disparo en el pecho supuestamente disparado por paramilitares.


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