El Salvador abrió un proceso judicial sin precedentes contra 486 presuntos dirigentes de la Mara Salvatrucha (MS-13), incluidos miembros de su cúpula, acusados de haber coordinado miles de delitos durante una década.
El Salvador inicia juicio masivo e histórico contra casi 500 líderes de la Mara Salvatrucha
Los acusados enfrentan cargos que abarcan homicidios, extorsiones y otros delitos graves, además de una acusación inédita de "rebelión", bajo el argumento de que la organización buscaba consolidar un poder paralelo al del Estado
Video Inicia en El Salvador un juicio masivo e histórico contra cientos de presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha
La Fiscalía sostiene que los imputados ordenaron más de 47 mil crímenes entre 2012 y 2022, entre ellos una ola de asesinatos que dejó decenas de víctimas en marzo de 2022 y que marcó un punto de quiebre en la política de seguridad del país.
Este juicio colectivo representa la primera ocasión en que las autoridades llevan ante tribunales, de forma conjunta, a la estructura de mando de una pandilla.
Los acusados enfrentan cargos que abarcan homicidios, extorsiones y otros delitos graves, además de una acusación inédita de "rebelión", bajo el argumento de que la organización buscaba consolidar un poder paralelo al del Estado.
El proceso judicial se desarrolla en el marco del régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele desde 2022, el cual ha permitido detenciones masivas y modificaciones en el sistema legal.
Bajo esta estrategia, más de 91 mil personas han sido arrestadas y se han implementado mecanismos como juicios colectivos y el uso de jueces sin identidad pública.
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Hay cuestionamientos por derechos humanos y debido proceso
El inicio del juicio masivo ha generado fuertes reacciones de organismos internacionales, que advierten sobre posibles violaciones a derechos fundamentales.
Instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han señalado que las medidas adoptadas por el gobierno salvadoreño podrían implicar detenciones arbitrarias, uso de pruebas poco sólidas y limitaciones al derecho de defensa.
Las críticas también apuntan a la forma en que se están llevando estos procesos, al considerar que los juicios masivos dificultan la evaluación individual de responsabilidades.
A pesar de ello, el gobierno sostiene que su estrategia ha permitido debilitar significativamente a las pandillas y reducir los niveles de violencia en el país, lo que mantiene abierto el debate entre seguridad y garantías legales.
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