Informe final del gobierno boliviano sobre accidente aéreo del Chapecoense concluye que fue culpa del piloto y la aerolínea

El ministro de Obras Públicas presentó informe final de una investigación que concluye en la responsabilidad de los operadores de la empresa y funcionarios e introdujo demandas.

LA UNION, COLOMBIA - NOVEMBER 29: In this handout picture by Defensa Civil Antioquia the Lamia plane wich transported Brazilian football team Chapecoense is seen prior a flight on November 29, 2016 in La Union, Colombia. On the crash 76 people were killed and 6 survived. (Photo by Defensa Civil Antioquia/LatinContent/Getty Images)
LA UNION, COLOMBIA - NOVEMBER 29: In this handout picture by Defensa Civil Antioquia the Lamia plane wich transported Brazilian football team Chapecoense is seen prior a flight on November 29, 2016 in La Union, Colombia. On the crash 76 people were killed and 6 survived. (Photo by Defensa Civil Antioquia/LatinContent/Getty Images)
Imagen Getty

El ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia, Milton Claros, culpó directamente a la aerolínea LaMia y al piloto Miguel Quiroga (muerto en el accidente) por el siniestro del vuelo 2933, ocurrido el pasado 28 de noviembre en el que murieron 71 personas. La mayoría de las víctimas eran miembros del equipo de fútbol Chapecoense.

En conferencia de prensa, el ministro informó los resultados de una investigación que había anunciado el pasado 8 de diciembre. Se hizo acompañar por funcionarios que trabajaron en la parte legal y el asunto administrativo del informe final y enumeró seis conclusiones:

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1. Se establece la carga de la culpa directa sobre LaMia y el capitán de la aeronave. "Lo que ha ocurrido es responsabilidad de la empresa LaMia y el piloto".

2. El Estado está estableciendo los actos de responsabilidad contra funcionarios públicos, procesos administrativos y penales. Es el caso de directores ejecutivos, regionales y "funcionarios que no han realizado control efectivo", como Celia Castedo, trabajadora de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Navegación Aérea de Bolivia (Aasana), y también su superior.

3. El ministerio ha emprendido las acciones legales y se convirtió en querellante contra la empresa LaMia y funcionarios que tuvieron responsabilidad en certificación y autorización del vuelo, "que no debió haber salido", con las condiciones de combustible fuera de la ley.

4. Anunciaron que redoblan control y vigilancia "con inspecciones periódicas, resoluciones e instructivos para que estas eventualidades puedan tratar de evitarse".

5. Se implementará un nuevo sistema de seguridad aeronáutica en todo el Estado, para entrar de manera inmediata, "es un proyecto a mediano o largo plazo".

6. "Bolivia no tiene ningún riesgo de descertificación, este es un caso aislado", declaró el ministro al señalar que se trató de "una cadena de errores" de la empresa privada y "algunos funcionarios".

El ministerio de Obras Públicas transmitió por Twitter la conferencia de prensa:

Tráfico de influencias

Al revisar la documentación que llevó finalmente a la certificación de LaMia en Bolivia, las autoridades encontraron que fue un proceso de nueve meses, desde el 6 de octubre de 2014 hasta el 17 de julio de 2015, y que se cumplieron los trámites administrativos.

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Sin embargo, algo encendió las luces cuando encontraron que en los pasos de verificación de documentos la autoridad encargada era, nada más y nada menos, que Gustavo Vargas Villegas, ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) boliviana e hijo de Gustavo Vargas Gamboa, gerente general de LaMia.

No suministraron mayor datos, pues "seguimos investigando".

En cuanto a la empresa LaMia Corporation, las autoridades explicaron que fue creada el 17 de septiembre de 2014 y que los socios Marco Antonio Rocha Venegas y Miguel Quiroga tenían se repartían las acciones por mitades. Gustavo Vargas Gamboa era el representante legal de la empresa, que iniciaron con un capital de 150,000 bolivianos.

Actualmente Vargas Gamboa se encuentra en "prisión preventiva" mientras terminan las averiguaciones, mientras que Celia Castedo está prófuga.

Nacieron con una sola aeronave, que es propiedad del empresario venezolano español Ricardo Albacete, que les rentaba el avión por 35,000 dólares mensuales. El aparato pasó todos los trámites y fue certificado legalmente, luego de la verificación de documentos que hoy está bajo la sombra del tráfico de influencias.

El ministro Claros comentó que esperan la investigación de Colombia, porque corresponde al lugar donde se siniestró la aeronave hacer informe de hechos.

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