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Energía Eléctrica

San Francisco ofrece $2,500 millones a PG&E por sus instalaciones eléctricas para crear una empresa pública

La compañía de gas y electricidad indicó en un comunicado que la municipalización de PG&E no está el mejor interés de sus clientes.
9 Sep 2019 – 5:20 PM EDT

SAN FRANCISCO, California. – El gobierno de San Francisco anunció sus intenciones de comprar las instalaciones eléctricas de la compañía PG&E y puso sobre la mesa una oferta de $2,500 millones con miras a operar su propia empresa pública que provea de servicios de energía a los residentes de la ciudad.

En una carta enviada a la PG&E el pasado viernes, detallaron que la oferta es competitiva, justa y equitativa, además de que le brindaría estabilidad financiera a la empresa, al tiempo que le permitiría a la municipalidad expandir sus esfuerzos para ofrecer “electricidad confiable, segura, limpia y a bajo costo a los residentes y comerciantes de San Francisco”.

La alcaldesa London Breed y el abogado de la ciudad, Dennis Herrera, comenzaron a considerar la posibilidad de adquirir la infraestructura eléctrica de PG&E desde que el pasado mes de enero la compañía se declaró en bancarrota, en medio de una serie de demandas en su contra y el pago indemnizaciones millonarias derivadas de los daños causados por los incendios forestales en el norte California durante 2017 y 2018.

En caso de que la transacción se llegara a completar, la adquisición de PG&E marcaría un punto de quiebre para la empresa, que además de su infraestructura también perdería a cientos de miles de clientes en su sede oficial, San Francisco, donde echó raíces hace más de 150 años. El negocio también formaría la tercera compañía pública de servicios eléctricos más grande de California, después del Departamento de Agua y Electricidad de Los Ángeles y el Distrito de Servicios Municipales de Sacramento.

La oferta de $2,500 millones que hizo la ciudad es el resultado de un análisis financiero detallado en el que participaron expertos en la industria eléctrica. De igual forma, tomó en cuenta el patrimonio que representan los clientes restantes de PG&E, los bienes públicos de San Francisco y la responsabilidad de la municipalidad en asumir los costos de la adquisición.

Renuencia de PG&E

La propuesta de adquisición que presentó la ciudad de San Francisco deja muchas preguntas en el aire, entre ellas la resistencia que enfrentarán de la propia PG&E y de los sindicatos que representan a sus trabajadores. En un comunicado enviado a Noticias Univision 14, la compañía dejó entrever que la ruta de convertir a PG&E en una empresa pública no los convence del todo.

“Estamos de acuerdo en la importancia de seguir sirviendo a los ciudadanos de San Francisco con energía segura, limpia, asequible y confiable. PG&E ha sido parte de San Francisco desde la fundación de la compañía hace más de un siglo, y aunque no creemos que la municipalización sea en el mejor interés de nuestros clientes y partes interesadas, estamos comprometidos a trabajar con la ciudad y permaneceremos abiertos a la comunicación sobre este tema”, explicó la empresa.

Por su parte, el sindicato IBEW Local 1245 ha manifestado su oposición a la idea de que la municipalidad compre la compañía, lo que se podría convertir en un obstáculo adicional para la ciudad. Entre sus estrategias está buscar convencer a los residentes de San Francisco de que la ciudad debe enfocarse en sus prioridades, como el tema de los indigentes, el creciente tráfico en las calles y la falta de vivienda asequible a través del sitio web SFprioritycheck.com.

Los líderes de la ciudad aseguran que el dinero para la compra llegará a través de un bono aprobado por los electores el año pasado. Además, la municipalidad no necesita someter la compra a ningún tipo de votación, pero sí requeriría la aprobación de las agencias reguladoras estatales y federales.

Uno de los alicientes que la ciudad está empleando, es que ese dinero le ayudaría a PG&E a pagar las indemnizaciones de las víctimas de los mortales incendios en el norte de California provocados por los cables de tendido eléctrico de la compañía. “Eso es algo que creemos que será atractivo en esta oferta. Les ayuda a cumplir con esas obligaciones financiares porque es efectivo a la orden”, dijo Barbara Hale, administradora de la Comisión de Servicios Públicos de San Francisco en una entrevista con medios locales.

Declaración de bancarrota

Desde enero de 2019, PG&E está restructurando sus finanzas, lo que quiere decir que “no está en quiebra” y que “no espera ningún impacto en el servicio de gas natural o electricidad para sus clientes”.

A diferencia del Capítulo 7 de Bancarrota, en donde los activos de una empresa son liquidados en su totalidad, el Capítulo 11 es un mecanismo legal que le permite seguir operando a las compañías que no pueden pagar sus deudas, mientras un juez determina a qué acreedores se compensará primero, qué contratos serán cumplidos y de qué forma la compañía será reestructurada.

El impacto que esta declaración tendrá en los cobros mensuales aún no queda del todo claro. Por un lado, si la corte le permite a PG&E reducir sus obligaciones de deuda, se podría eliminar la necesidad de aplicar incrementos en los recibos; pero si la compañía es multada o tiene que recurrir a préstamos de otras entidades, la factura se podría reflejar en lo que pagan los clientes por el servicio.

En cualquier escenario, todos los aumentos en las tarifas deberán ser aprobados por la Comisión de Servicios Públicos de California y sus titulares, que son designados por el gobernador del estado.

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