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Control de Armas

El "Charleston loophole", un atajo legal para comprar armas con antecedentes que Biden quiere cerrar

Cuando la revisión del historial del comprador tarda más de tres días, el vendedor puede entregarle el arma. Así es como, solo en marzo de 2020, más de 500 personas con delitos en su pasado lograron adquirir una, el 25% de ellos maltratadores domésticos.
28 Mar 2021 – 07:33 AM EDT
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Los dos últimos tiroteos masivos han impuesto el control de las armas en la agenda inmediata de Joe Biden. Las masacres en varios centros de masaje asiático en Atlanta y en un supermercado de Colorado, con 18 muertos en total, han activado de nuevo uno de los debates más polarizados de la política estadounidense.

"Podemos eliminar los vacíos legales de nuestro sistema de revisión de antecedentes, podemos eliminar el vacío legal de Charleston. Esa es una de las mejores vías que tenemos ahora mismo para prevenir la violencia con armas de fuego", dijo Biden el martes en una alocución desde la Casa Blanca tras el tiroteo de Colorado. Fue su primer discurso presidencial sobre las armas.

En Estados Unidos, el tiempo máximo para revisar los antecedentes de un comprador de armas es solo tres días. Si pasado ese plazo no se ha podido comprobar el historial, el vendedor tiene libertad para entregarle el arma.

Esto es lo que se denomina el "Charleston loophole", o el vacío legal de Charleston. Recibe este nombre porque así fue como obtuvo su arma el autor de la masacre en una iglesia de Charleston en 2015.

El historial del atacante de Charleston le impedía adquirir un arma, pero el informe se retrasó más de tres días. De esa manera, el vendedor le entregó la pistola con la que, dos meses después, asesinó a nueve feligreses en un histórico templo afroestadounidense.

4,000 armas al año en manos de personas con antecedentes

En la mayoría de los casos, el vendedor solo tarda minutos en comprobar si el historial de una persona permite que adquiera un arma. Pero son los casos en los que la revisión se retrasa los que permiten que estas caigan en manos de individuos que ya han cometido delitos y que, en algunos casos, vuelven a hacerlo poco después de esa compra.

Los datos hablan por sí solos: en 2018, un total de 4,240 revisiones de antecedentes concluyeron después del plazo de tres días en que a la persona no se le podía vender un arma. En al menos 3,960 de esos casos, se entregó un arma a un comprador con antecedentes, lo que obligó al gobierno a intentar retirarle esas pistolas o rifles a individuos potencialmente peligrosos. No siempre es posible.

Un análisis de la organización Everytown for Gun Safety arroja otra estadística reveladora: solo en marzo de 2020, en plena explosión de la pandemia del coronavirus, se dieron unos 35,000 casos de vacío legal de Charleston. Al menos 523 de esas armas fueron a parar a personas con antecedentes, el 25% de ellas maltratadores domésticos.

Estas son las soluciones que se proponen ante los vacíos legales en la venta de armas:

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