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Ciudades Santuario

Este condado de California dio luz verde para poder relajar sus políticas santuario

En una reunión que se extendió por siete horas, los supervisores del condado de Santa Clara votaron en favor de explorar cambios a las leyes santuario que le permitan a las agencias del orden notificar a la agencia ICE sobre la inminente liberación de ciertos indocumentados que hayan cometido crímenes violentos.
10 Abr 2019 – 11:54 PM EDT

El homicidio de una mujer de California presuntamente a manos de un inmigrante indocumentado llevó a que cientos de personas abarrotaran este martes una audiencia pública, en la que los supervisores del condado de Santa Clara abrieron la posibilidad de relajar las políticas santuario que impiden la colaboración entre las agencias del orden locales y ICE.

La maratónica reunión, que se extendió por siete horas y en la que hablaron casi 200 personas, terminó con el voto de 4-1 en favor de explorar una posible enmienda que les permita a los departamentos de Policía y a la oficina del Sheriff informar a los Servicios de Imigración y Aduanas (ICE) sobre la liberación inminente de indocumentados que hayan cometido crímenes violentos.

El resultado de la votación no significa que habrá cambios inmediatos a las políticas vigentes en el condado, sino que abre la oportunidad para que las autoridades exploren potenciales modificaciones para una cooperación limitada entre autoridades locales y federales. Un comité del condado, en conjunto con los supervisores y las agencias del orden, tendrán 60 días para analizar el método más efectivo que les permita a las agencias del orden entrar en contacto con ICE en casos específicos que involucren a inmigrantes indocumentados que representen un riesgo latente para la comunidad si vuelven a las calles.

La propuesta fue presentada por los supervisores Dave Cortese y Mike Wasserman tras el asesinato de Bambi Larson, una mujer de San José que presuntamente fue apuñalada en repetidas ocasiones por Carlos Eduardo Arévalo Carranza, un inmigrante salvadoreño que ya había sido deportado de Estados Unidos y que contaba con un amplio historial delictivo, además de ser un pandillero confeso. A esta iniciativa de modificar las políticas santuario del condado se sumaron más de una decena de jefes policíacos, quienes en el mes pasado enviaron una carta a la Junta de Supervisores explicando que la prohibición de cooperar con ICE a la que las agencias del orden están sujetas pone en riesgo a la población.

Pero entre los activistas y organizaciones defensoras de los inmigrantes la propuesta generó indignación y de inmediato fue calificada como una maniobra que busca demonizar a los inmigrantes, además de politizar una tragedia.

“No existe ninguna necesidad imperiosa de hacer el trabajo de ICE por ellos. Su moneda de cambio son el miedo y la intimidación. Estamos hablando del mismo ICE que ha mostrado cero remordimiento al separar a niños pequeños de sus padres en la frontera y que forma parte de una administración federal determinada en promover el odio y el racismo. Les imploramos mantener a ICE fuera de nuestras cárceles”, dijo durante la reunión Molly O’Neal, defensora pública del condado de Santa Clara.

De acuerdo con las propuestas, las iniciativas expuestas por los supervisores y cualquier cambio que derive de ellas estarían apegadas al Acta de Valores de California que entró en vigor en enero de 2018, mediante la cual el alguacil del condado podría permitir dichas notificaciones a ICE sin poner en entredicho la confianza entre las agencias del orden y la comunidad inmigrante. Por ejemplo, los oficiales de la oficina del Sheriff harían válidas las órdenes de retención que la agencia de Inmigración gire para un detenido únicamente cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Ley SB54 e incluyan una orden de aprehensión firmada por un juez.

Las actuales políticas santuario del condado de Santa Clara que impiden la cooperación de sus agencias del orden con los Servicios de Inmigración y Aduanas son mucho más estrictas que las establecidas en dicha ley estatal y muchas están vigentes desde el año 2010.

“Nuestras agencias no realizarán el trabajo de las autoridades federales migratorias. Nuestros oficiales no detendrán ni arrestarán a ninguna persona bajo las bases del estatus migratorio. Nuestros departamentos reconocen que la confianza mutua y el respecto son las bases para construir una fundación sólida para nuestro éxito”, señaló en la misiva el jefe policíaco de Morgan Hill, David Swing, quien preside la Asociación de Jefes de Policía del condado de Santa Clara.

La muerte de Bambi Larson

El catalizador que abrió el debate sobre las actuales políticas santuario en el condado fue el asesinato de Bambi Larson el pasado mes de febrero. La mujer perdió la vida a manos de un inmigrante indocumentado que había sido arrestado por lo menos en 10 ocasiones en ciudades del sur y el norte de California por crímenes como posesión de metanfetaminas, rapto, agresión contra un oficial de la Policía, resistirse al arresto y robo domiciliario.

La víctima presentaba heridas múltiples provocadas por un arma punzocortante, así como laceraciones en todo su cuerpo y señales de un traumatismo tras recibir un fuerte golpe en la cabeza. El presunto autor del brutal crimen fue identificado como Carlos Eduardo Arévalo Carranza, un salvadoreño de 24 años con un amplio historial delictivo.

ICE confirmó que Arévalo Carranza fue detenido por primera vez cruzando la frontera de manera ilegal cerca de la ciudad de McAllen, en el año 2013. Tras estar bajo la custodia de Inmigración por cuatro meses, fue puesto en libertad.

En por lo menos nueve ocasiones, desde el 2016 a la fecha, la agencia migratoria presentó múltiples órdenes de retención ante distintas agencias del orden locales en California, pero en
todas las instancias estas peticiones fueron ignoradas debido, en parte, a las políticas estatales que limitan la cooperación con las agencias federales de inmigración.

En fotos: el paso a paso de una detención de ICE en el estado con más indocumentados de EEUU

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