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Jefes de Policía en California piden modificar políticas santuario; activistas los acusan de politizar una tragedia

La Asociación de Jefes de Policía del condado de Santa Clara le pidió a los supervisores realizar cambios que les permitan notificar a ICE sobre la liberación de ciertos detenidos que han cometido crímenes violentos. Las organizaciones defensoras de los inmigrantes dicen que las agencias del orden buscan politizar la muerte de una mujer el mes pasado a manos de un indocumentado.
27 Mar 2019 – 12:09 AM EDT

Más de una decena de jefes de Policía del condado de Santa Clara, así como el fiscal de distrito y el sheriff, firmaron una carta enviada a los Supervisores en la que piden modificaciones a las políticas santuario que prohíben que la Oficina del Alguacil notifique a los Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE) sobre la liberación de criminales violentos que pudieran ser deportables y que representan un riesgo para la población.

La misiva, firmada por los 11 miembros de la Asociación de Jefes de Policía del condado de Santa Clara, fue presentada este lunes ante la oficina de Joe Simitian, actual presidente de la Junta de Supervisores. En ella la asociación señaló que la política actual de negarse a informar a las autoridades federales sobre la inminente liberación de ciertos presos indocumentados es demasiado peligrosa para la comunidad.

Junto con la carta, el grupo propuso una nueva política apegada al Acta de Valores de California que entró en vigor en enero de 2018, mediante la cual el Sheriff del condado podría permitir dichas notificaciones a ICE sin poner en entredicho la confianza entre las agencias del orden y la comunidad inmigrante.

“Les aseguramos que las agencias de policía en el condado de Santa Clara continuarán protegiendo y prestando los servicios a los residentes indocumentados. Nos esforzamos por calmar los temores, fomentar la confianza y la legitimidad y brindar un entorno seguro en el que todos puedan vivir sin temor a la victimización criminal o la intrusión gubernamental irrazonable”, indica el documento.

La propuesta de la asociación está apegada a las llamadas leyes santuario comprendidas en el Acta de Valores SB54 y el Acta de la Verdad AB-2792. Bajo estas medidas estatales, por ejemplo, los oficiales del Sheriff solo harán válidas las órdenes de retención que ICE gira para un detenido cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Ley SB54 e incluyan una orden de aprehensión firmada por un juez. Además, se le notificará a ICE sobre la liberación de indocumentados de las cárceles del condado únicamente en los casos en los que los detenidos hayan cometido ciertos delitos violentos.

Las actuales políticas santuario del condado de Santa Clara que impiden la cooperación de sus agencias del orden con los Servicios de Inmigración y Aduanas son mucho más estrictas que las establecidas en la ley estatal y muchas están vigentes desde el año 2010.

“Nuestras agencias no realizarán el trabajo de las autoridades federales migratorias. Nuestros oficiales no detendrán ni arrestarán a ninguna persona bajo las bases del estatus migratorio. Nuestros departamentos reconocen que la confianza mutua y el respecto son las bases para construir una fundación sólida para nuestro éxito”, señaló el jefe de la Policía de Morgan Hill, David Swing, quien funge además como presidente de la Asociación de Jefes de Policía del condado de Santa Clara.

Pero entre algunas organizaciones defensoras de los inmigrantes la iniciativa de las agencias del orden no es vista con buenos ojos y ha sido señalada como una maniobra que busca politizar la tráfiga muerte de una residente de San José a manos de un inmigrante indocumentado el mes pasado.

El Concejo de Relaciones Islámicas Americanas ( CAIR, por sus siglas en inglés) manifestó su preocupación ante la propuesta. "Estamos preocupados con la manera en que esta tragedia (el homicidio de Bambi Larson) se ha utilizado para propósitos políticos y para demonizar a los inmigrantes. Esperamos que el condado de Santa Clara continúe preservando nuestras protecciones”, señalaron a través de un comunicado.

La organización SIREN del Área de la Bahía, por su parte, manifestó su oposición a la propuesta y recordó que las leyes santuario a nivel estatal son una base para que las autoridades locales puedan construir y promulgar protecciones más sólidas para la comunidad indocumentada. “La propuesta anunciada por la oficina del fiscal de distrito, el jefe de la Asociación de la policía y la oficina del alguacil es un paso hacia abajo de nuestra política que está liderada por la histeria y la politización de un evento trágico. Nos oponemos firmemente a cualquier cambio en la política actual”, escribieron a través de un comunicado.

La muerte de Bambi Larson

El catalizador que llevó a los jefes policiacos a redactar la carta objetando las actuales políticas santuario en el condado fue el asesinato de Bambi Larson el pasado mes de febrero. La mujer residente de San José perdió la vida a manos de un inmigrante indocumentado que ya había sido deportado de Estados Unidos y que contaba con un amplio historial delictivo, además de ser un pandillero confeso.

La víctima presentaba heridas múltiples provocadas por un arma punzocortante, así como laceraciones en todo su cuerpo y señales de un traumatismo tras recibir un fuerte golpe en la cabeza. En las inmediaciones de la escena del crimen, los investigadores encontraron una camiseta con manchas de sangre pertenecientes a Larson, de la cual lograron obtener una muestra de ADN del sospechoso

El autor del brutal crimen fue identificado como Carlos Eduardo Arévalo Carranza, un salvadoreño de 24 años quien en los últimos tres años había sido arrestado en por lo menos 10 ocasiones en el sur y el norte de California, por crímenes como posesión de metanfetaminas, rapto, agresión contra un oficial de la Policía, resistirse al arresto y robo domiciliario.

ICE confirmó que Arévalo Carranza fue detenido por primera vez cruzando la frontera de manera ilegal cerca de la ciudad de McAllen, en el año 2013. Tras estar bajo la custodia de Inmigración por cuatro meses, fue puesto en libertad.

En por lo menos nueve ocasiones, desde el 2016 a la fecha, la agencia migratoria presentó múltiples órdenes de retención ante distintas agencias del orden locales en California, pero en
todas las instancias estas peticiones fueron ignoradas debido, en parte, a las políticas estatales que limitan la cooperación con las agencias federales de inmigración.

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