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Inmigrantes indocumentados

Indocumentado acusado de asesinar a mujer revive debate sobre leyes santuario en California

Carlos Eduardo Arévalo Carranza fue detenido por el homicidio de una mujer de 59 años en San José. La agencia ICE señaló que el sospechoso es un indocumentado de origen salvadoreño que ya había sido deportado y que cuenta con un largo historial delictivo que incluye posesión de metanfetaminas, robo domiciliario, rapto y agresiones contra oficiales de la Policía.
Publicado 12 Mar 2019 – 5:59 PM EDT | Actualizado 13 Mar 2019 – 11:28 PM EDT

El hombre arrestado por el brutal homicidio de una mujer de 59 años en San José el mes pasado fue identificado por las autoridades como un inmigrante indocumentado que ya había sido deportado de Estados Unidos y que contaba con un amplio historial delictivo, además de ser un pandillero confeso.

Carlos Eduardo Arévalo Carranza, de 24 años, fue detenido este lunes por el homicidio de Bambi Larson, una mujer a la que apuñaló en repetidas ocasiones el pasado 28 de febrero. El hijo de la víctima llamó a la Policía de San José cuando encontró a su madre sin vida en su domicilio de la calle Knollfield Way, en el sur de San José.

La víctima presentaba heridas múltiples provocadas por un arma punzocortante, así como laceraciones en todo su cuerpo y señales de un traumatismo tras recibir un fuerte golpe en la cabeza. En las inmediaciones de la escena del crimen, los investigadores encontraron una camiseta con manchas de sangre pertenecientes a Larson, de la cual lograron obtener una muestra de ADN del sospechoso. Esa evidencia les sirvió para emitir una orden de arresto contra Arévalo, quien un día antes ya había sido arrestado por posesión de drogras.

En una conferencia de prensa la tarde de este martes el jefe de la Policía, Eddy Garcia, hizo referencia al largo historial delictivo de Arévalo Carranza, quien en los últimos tres años había sido arrestado en por lo menos 10 ocasiones en el sur y el norte de California, por crímenes como posesión de metanfetaminas, rapto, agresión contra un oficial de la Policía, resistirse al arresto y robo domiciliario. A continuación se detallan estos incidentes:

  • 2013 – Detenido en la frontera de Texas y deportado por las autoridades federales
  • 2015 – Arrestado por posesión de parafernalia para vender drogas
  • 2015 – Encontrado culpable por robo domiciliario en San José
  • 2016 (octubre) – Detenido por atacar a un oficial de la Policía y resistirse al arresto
  • 2016 – Arrestado por agresión en la ciudad de Los Angeles
  • 2017 – Encontrado culpable de rapto en San José
  • 2018 (abril) – Arrestado por posesión de parafernalia para vender drogas
  • 2018 (mayo) – Arrestado por posesión de metanfetaminas
  • 2018 (agosto) – Arrestado por merodear
  • 2018 (octubre) – Arrestado por invadir propiedad privada y mentirle a un oficial
  • 2019 (enero) – Arrestado por posesión de metanfetaminas

Visiblemente molesto por la naturaleza del brutal crimen y el trasfondo migratorio del caso, García hizo referencia a las leyes santuario de California que prohíben de manera expresa la cooperación de las agencias del orden con las autoridades federales migratorias.

García agregó que el trabajo del Departamento de Policía se enfoca en poner a los criminales tras las rejas, pero lo que ocurre con ellos después depende del resto del sistema judicial. Enfatizó además la necesidad de que ese tipo de políticas (las leyes santuario) sean discutidas entre los legisladores y los líderes de las agencias del orden a lo largo del estado.

Leyes santuario en el ojo del huracán

La agencia ICE le confirmó a Noticias Univision 14 que Carlos Eduardo Arévalo Carranza es originario de El Salvador y fue detenido por primera vez cruzando la frontera de manera ilegal cerca de la ciudad de McAllen, en el año 2013. Tras estar bajo la custodia de Inmigración por cuatro meses, fue puesto en libertad.

En por lo menos nueve ocasiones, desde el 2016 a la fecha, la agencia migratoria presentó múltiples órdenes de retención ante distintas agencias del orden locales en California, pero en todas las instancias estas peticiones fueron ignoradas debido, en parte, a las políticas estatales que limitan la cooperación con las agencias federales de inmigración.

“Cuántas personas más tienen que ser asesinadas o heridas para que los legisladores de California abran la posibilidad de revisar las políticas estatales que prohíben a las agencias de la ley locales cooperar con ICE para arrestar a criminales extranjeros”, preguntó ICE a través de un comunicado.

La agencia calificó las políticas santuario como “leyes inflexibles que protegen a los criminales extranjeros” y que han tenido “consecuencias trágicas” para la seguridad pública.

Este martes, por décima ocasión, ICE presentó una nueva orden de retención contra Arévalo Carranza ante la oficina del Sheriff del condado de Santa Clara. En respuesta, la dependencia respondió lo siguiente: “Carlos Arévalo es un depredador violento que debió haber permanecido en custodia hasta que los agentes de ICE tuvieran el tiempo debido de evaluar su estatus migratorio. Por mucho tiempo mi postura ha sido que todos los indocumentados que son criminales violentos deberían ser retenidos para evaluaciones de ICE”.

La Oficina del Alguacil no aclaró si la petición de retener al sospechoso se haría válida en esta ocasión.

Las reacciones políticas

Aún no había terminado la conferencia de prensa del jefe de la Policía cuando la oficina del alcalde de San José, Sam Liccardo, ya había emitido un enérgico pronunciamiento sobre el brutal homicidio y el arresto de Carlos Eduardo Arévalo Carranza.

“Desde hace tiempo es necesario que el condado (de Santa Clara) reconsidere sus políticas de ignorar las órdenes de retención de ICE para criminales peligrosos, algo que merma la seguridad de las mismas comunidades inmigrantes que buscamos proteger”, dijo el alcalde.

En el comunicado, Liccardo aclaró que estas políticas vigentes en el condado no tienen que ver con el rechazo que durante décadas la ciudad ha mostrado sobre usar a la Policía local para hacer cumplir las leyes migratorias en San José. Al contrario, agrega, estas prácticas debilitan la seguridad pública y son contrarias al sentido común.

“Espero que podamos retomar esta conversación para tener avances en lo que todos estamos de acuerdo: podemos mantener a nuestra ciudad segura de los criminales violentos al mismo tiempo que podemos proteger a nuestra comunidad indocumentada que cumple con la ley”, mencionó el alcalde.

En una misiva enviada a la Junta de Supervisores del condado de Santa Clara en julio del 2015, Liccardo solicitó por primera vez a las autoridades del condado revisar el rechazo a la cooperación de las autoridades locales con ICE en los casos relacionados con criminales violentos.

Indocumentados en la mira

El mes pasado otro caso que involucró a un indocumentado en California acaparó la atención de los medios nacionales. Las autoridades revelaron que el hombre que abrió fuego a quemarropa contra una alguacil de Napa estaba en Estados Unidos en calidad de indocumentado y había sido deportado a México en tres ocasiones desde 2007.

Javier Hernández Morales, de 43 años, había entrado a EEUU de manera ilegal y fue repatriado a su país de origen dos veces durante el año 2007 y una más en el año 2010.

El sospechoso disparó a escasos centímetros contra la oficial Riley Jarecki durante una revisión de rutina, en un camino rural de Napa el pasado 17 de febrero. La Oficina del Sheriff relevó las impactantes imágenes captadas con la cámara que la alguacil llevaba montada en su uniforme.

Tras el incidente, las autoridades dieron a conocer las fichas criminales de las cinco ocasiones previas en las que había arrestado al sospechoso por cargos relacionados con agresión, manejar bajo la influencia del alcohol y posesión de arma de fuego. La más reciente data de marzo de 2016, mientras que la más antigua es del 11 de septiembre de 2010.

ICE, por su parte, criticó la falta de cooperación de las autoridades locales. A través de un comunicado, el vocero de la agencia de inmigración, Richard Rocha, dijo que después de la última deportación de Hernández en el 2010, presentó órdenes de retención a la cárcel del condado Napa en tres distintas ocasiones en las que el sospechoso fue arrestado por crímenes cometidos en el ámbito local.

Las peticiones se repitieron una y otra vez, en cada año que Hernández volvió a caer en manos de la Oficina del Alguacil: en 2010, 2014 y 2015. De manera adicional, ICE giró otra orden para la prisión del condado Sonoma en 2016, pero ni ésta ni las anteriores fueron honradas.

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