Protestan en la casa de la concejala hispana que se opone a la ayuda para indocumentados afectados por el coronavirus

Activistas protestaron en las casas de Jessica Martínez, concejala de Whittier, California, y del alcalde de esta ciudad Joe Vinatieri para exigir su apoyo a la comunidad inmigrante en medio de la crisis del coronavirus.

Cabe recordar que Martínez causó revuelo recientemente por demandar junto con el político republicano Ricardo Benítez al gobernador Gavin Newsom para que no otorgara fondos de ayuda a inmigrantes indocumentados por la pandemia.

Patricia Chávez, activista de Todos Somos Uno California, dijo que el sábado acudieron primero a la casa de Martínez y posteriormente a la de Vinatieri.

“Queremos que él tome una postura y apoye a nuestra comunidad, porque hasta el momento ellos han recibido cientos de correos electrónicos, cientos de llamadas, cientos de mensajes de personas que están en desacuerdo con lo que hizo esta persona (Martínez)”, dijo.

Indicó que no atender los comentarios de los habitantes de la ciudad es una violación a la Ley Brown (Brown Act) que garantiza el derecho del público a asistir y participar en las reuniones de los cuerpos legislativos locales.

Destacó que el mecanismo tradicional para hacer llegar los comentarios públicos a los funcionarios locales no está operando de forma habitual debido a la pandemia del coronavirus, por lo que la única forma de mostrar su desacuerdo con la postura de Martínez es a través de los mensajes electrónicos y las llamadas.

Tras la protesta en casa de Martínez, una patrulla llegó a vigilar las actividades de los manifestantes, mientras que a la casa del alcalde fue enviado un grupo de policías con toletes

Los manifestantes pidieron a los policías que se identificaran, pero no lograron obtener sus nombres y sus números de identificación policial.

De igual forma, los policías comenzaron a preguntar quién había organizado la manifestación, pero los manifestantes se reservaron responder.

Cuando los manifestantes se retiraban hallaron cerca de la casa del alcalde un grupo de policías motorizados que levantaba infracciones a quienes no hacían alto total en una intersección, por lo que los encararon.

Tras llamar a un mando de los oficiales, éste confirmó que el operativo de los agentes era legal.

Ni la concejala ni el alcalde se habían pronunciado públicamente por las protestas.