Tal como anticiparon durante la campaña electoral, los portavoces del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la nueva Asamblea Legislativa, el representante Denis Márquez Lebrón y la senadora María de Lourdes Santiago iniciaron el cuatrienio con la presentación de un conjunto de más de 20 medidas que abordan, entre otros, los temas de estatus, el Código Electoral, protección de las trabajadoras y el ambiente.
PIP busca enmendar el Código Electoral e investigar el PFEI, Ética y Oficina del Contralor
Denis Márquez Lebrón y María de Lourdes Santiago, del PIP, presentaron más de una decena de medidas que abordan los temas de estatus colonial, Código Electoral, protección de las trabajadoras y el ambiente.
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Los portavoces independentistas presentaron sendas resoluciones en Cámara y Senado para crear en cada cuerpo legislativo una comisión especial con la tarea de recomendar legislación que conduzca a una Asamblea para la Descolonización, que eventualmente, tras un proceso de deliberación y negociación, permita que el pueblo puertorriqueño escoger el futuro de su relación con Estados Unidos, entre alternativas no coloniales y no territoriales.
“Todos los asuntos importantes para nuestro país están ligados, de una u otra forma, a nuestra condición colonial. Tan cierto como ese hecho es que para llevar al Congreso de Estados Unidos a asumir su responsabilidad histórica, tenemos que encontrar un espacio de consenso que envíe un mensaje claro”, indicó la senadora Santiago en conferencia de prensa.
Argumentó que “la experiencia nos ha enseñado que insistir en iniciativas unilaterales es querer condenar al país a la perpetuación de la colonia”.
Buscan evitar que el gobernador haga consulta de estatus
Santiago anticipó, además, que presentaron legislación para derogar la Ley 165-2020 que permite que el gobernador convoque a una consulta de estatus por decreto, imponiendo su arbitrio y sin intervención de la Asamblea Legislativa y la Ley 167-2020, que ordena la celebración de una elección el 16 de mayo para escoger los cabilderos a favor de la estadidad, pagados con fondos públicos.
“Hemos presentado proyectos de ley para derogar las leyes 165 y 167 de 2020 aprobadas de forma muy atropellada al final del cuatrienio. Una pretendía que el gobernador convocara de forma unilateral a una consulta de estatus y todo a su propio criterio incluyendo las fechas y definiciones. El otro ordenaba a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) a celebrar una votación en abril para seleccionar a los cabilderos que con fondos públicos estarían gestionando el asunto de la estadidad en Washington”, explicó Santiago.
Enmiendas al Código Electoral
Otro de los temas que ha tomado relevancia para el PIP es el nuevo Código Electoral que fue firmado meses antes de las pasadas elecciones generales del 3 de noviembre, que creó mucha controversia, especialmente de la minoría, quienes se oponían a la aprobación de esta ley.
Por lo que anunciaron que estarían presentando enmiendas para que los partidos Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad puedan mantener sus franquicias. Esto, de no hacerse, señaló la senadora “constituiría una grave injusticia y un desplante imperdonable al mensaje que envió el país el 3 de noviembre”.
Además, identificar las fallas de la CEE y crear nuevas medidas electorales.
Sobre la referida medida el representante Márquez Lebrón expresó que “le hacemos justicia a la clase trabajadora, devolviendo múltiples derechos laborales que tuvieron por décadas y que les fueron arrancados por la pasada Legislatura a instancias de la Junta de Control Fiscal”.
Problemas con agencias investigadoras
Uno de los temas legislativos más importantes durante el pasado cuatrienio fue la investigación sobre la fallida compra de pruebas para detectar el coronavirus, que pudo haber despojado al pueblo puertorriqueño de $39 millones en una maniobra de corrupción.
“No hay justificación para las incongruencias en las respuestas a los referidos que enviamos a las entidades con jurisdicción, como el Departamento de Justicia, el Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina de la Contralora”, apuntó el representante Márquez Lebrón.
Agregó que “las disparidades entre estos organismos deben ser investigadas, para documentar qué criterios median en esas determinaciones y acordar qué debe hacerse para garantizar imparcialidad, transparencia y justicia en las entidades a cargo de fiscalizar la gestión pública y encausar a quienes actúen en violación a la ley”.
