Deuda Económica

Bonistas puertorriqueños reclaman que les paguen al menos los intereses

Mientras el Gobierno se prepara para un impago de $2 mil millones y el Senado federal podría dar luz verde a la junta fiscal, un grupo de bonistas de Puerto Rico sostiene que el pago de intereses sí es viable.
28 Jun 2016 – 8:02 PM EDT

SAN JUAN, Puerto Rico. - Los miles de puertorriqueños que tienen bonos de la isla insistieron este lunes que el Gobierno sí tiene capacidad para pagarles al menos los intereses de su deuda sin sacrificar la prestación de servicios públicos.

Estos bonistas, que han formado la Asociación Bonistas del Patio, celebraron el Primer Encuentro de Bonistas Puertorriqueños, en el que escucharon la opinión de expertos financieros y responsables de la política financiera y económica del Gobierno local para informarse mejor de cómo les puede afectar la decisión del Ejecutivo de dejar de pagar la deuda.

Durante la reunión fueron muchas las voces que apuntaron que el Gobierno sí tiene capacidad para pagar la deuda pública, o al menos a los bonistas locales, que ascienden a unos 60.000 titulares que insisten en que son "ahorradores particulares, y no fondos buitres", como se suele imaginar a los acreedores.

Por ello, presentaron una propuesta enfocada en el pago de los intereses y el aplazamiento del principal por un período de cinco años, en línea con lo que el Gobierno está tratando de negociar con el conjunto de sus acreedores.

"Son muchas personas las que dependen de esos intereses para poder vivir de su retiro o mantener sus negocios locales operando", alertó Jorge Irizarry, director ejecutivo de la organización.

En conjunto, estos bonistas son titulares de unos 15.000 millones de dólares, lo que supone el 22 % de los cerca de 70.000 millones a los que asciende la deuda puertorriqueña.

Esta asociación calcula que si se cancela por cinco años el pago del principal de todos los emisores gubernamentales la carga de los pagos se reduciría en unos 5.800 millones de dólares, mientras que sólo habría que pagar 2.055 millones en esos cinco años en concepto de intereses.

Esos intereses serían "una inyección anual importantísima a nuestra economía", argumentan los bonistas locales, ya que ese dinero, dicen, termina revinvirtiéndose en la isla, que acumula ya una década en recesión.

"La reestructuración sólo requiere un aplazamiento de principales y no los recortes drásticos que nos han tratado de hacer creer", aseguran los bonistas locales, ya que "son sólo tres emisores los que tienen problemas para el repago" (el Banco Gubernamental de Fomento, BGF, la Corporación de Finanzas Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación).

Estos bonistas dijeron estar dispuestos a considerar recortes en el pago del principal de ciertos créditos, "únicamente si el Gobierno presenta estados financieros auditados para todas las fuentes de crédito y se determina inequívocamente que no hay capacidad de repago".

"Los ingresos actuales y proyectados en el Gobierno permiten el repago por completo de los intereses sin sacrificar ningún servicio esencial a la ciudadanía. No se carece de capacidad de repago, sino de voluntad", defendió al respecto Irizarry.

En ese sentido, dijo que "nosotros hemos honrado nuestros compromisos de apoyar a Puerto Rico invirtiendo en la economía local", por lo que "ahora le toca al Gobierno honrar los suyos".

"Los puertorriqueños hemos invertido más de 42.000 millones de dólares en la economía de Puerto Rico y en la compra de bonos del Gobierno desde 1996. Esta cantidad no incluye otras inversiones que hacen los puertorriqueños en sus negocios y en la creación de empleos", recordó.

Según sus datos, "después de las millonarias pérdidas", aún quedan 15.000 millones de dólares en deuda en manos de los ahorradores de Puerto Rico, que "somos retirados, profesionales que han trabajado toda la vida, viudas, empleados públicos, empresarios, empresas, algunas instituciones financieras y familias que tienen inversiones significativas".

En ese sentido, consideran que es necesario proteger el 100 % del repago de la deuda constitucional (cuya devolución está garantizada por la propia Constitución de Puerto Rico y que ronda el 25 %).

"Cumplir con los acreedores no sólo es bueno para los bonistas, sino clave para mantener el acceso a los mercados", dijo en este sentido el economista Joaquín Villamil en una de las mesas redondas.

SE PUEDE INTENTAR, ASEGURA MELBA ACOSTA

La presidenta del banco Gubernamental de Fomento (BGF), principal brazo financiero del Gobierno, Melba Acosta, dijo por su parte que es un hecho que el 1 de julio no se emitirá el pago de $2 mil millones correspondiente a obligaciones generales.

" La totalidad de lo que se tiene que pagar no lo tenemos. Bueno, quizás lo habría, pero tendríamos que cerrar muchas agencias públicas, despedir empleados públicos y cortar servicios, algo que no se va a hacer",comunicó Acosta tras participar en el foro. Sin embargo Acosta había adelantado en declaraciones a Efe que el Gobierno puede tratar de pagar los intereses de esa deuda, particularmente de los GO's, que superan los 300 millones de dólares.

Las Obligaciones Generales (GO's) son un tipo de bonos garantizados por la Constitución de Puerto Rico, que establece que su pago será prioritario por encima de cualquier otro gasto público al que tenga que hacer frente la isla, incluida la financiación de servicios públicos básicos, algo a lo que el Ejecutivo ha dicho no estar dispuesto a renunciar.

Acosta señaló que considerarían recortes "siempre que el Gobierno esté dispuesto a reestructurar todos sus gastos, no sólo el servicio de la deuda".

Sin embargo, tanto el actual gobernador, Alejandro García Padilla, como los candidatos a gobernador con más opciones de ganar dicen no estar dispuestos a despedir empleados públicos en una isla donde la Administración es el mayor empleador.

Los ojos están puestos en la aprobación esta semana en el Senado federal del HR5278 que viabiliza el establecimiento de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico ( Promesa, por sus siglas en inglés) que crearía una junta federal de control fiscal. A juicio de Acosta, " Promesa' nos provee un alto en los litigios, una ayuda enorme mientras se reestructura la deuda, porque eso nos evitará estar en los tribunales gastando aún más recursos". Señaló que de convertirse en ley esta misma semana, en cualquier caso, "no cambia la realidad fiscal de la isla, solo la legal".

De ser aprobada por el Senado antes del 1 de julio, protegería a Puerto Rico de las potenciales demandas que presenten sus acreedores

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