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Presos

Tres propuestas de ley a favor de los detenidos en las cárceles de la ciudad de Nueva York

La presidenta del Concejo Municipal presenta un paquete legislativo que propone transporte garantizado para los presos, la retribución del 3% de sus fianzas y la alternativa de vestir profesionalmente ante un juez o jurado.
13 Sep 2016 – 7:05 PM EDT

MANHATTAN, Nueva York.- La Corte Suprema de EEUU consagró la presunción de inocencia en Winship, 397 U.S. 358 (1970), un principio constitucional que la presidenta del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, Melissa Mark-Viverito, quiere garantizar incluso en la vestimenta del acusado.

De ser aprobado el paquete de tres propuestas de ley (LS 8928/LS 8950) que Mark-Viverito anunció el martes, el Departamento de Corrección (DOC) tendría prohibido presentar a un acusado en las cortes de la ciudad vestido con el uniforme de confinado.

“La presunción de inocencia debe significar que en realidad te están tratado como tal hasta que se demuestre lo contrario, pero para los neoyorquinos pobres es generalmente lo opuesto”, comentó Justine Olderman, de la organización The Bronx Defenders. “Un uniforme de preso hace lucir como culpable a una persona que está en proceso de demostrar su inocencia. Es muy injusto que esto suceda sólo porque no se puede pagar la fianza para ser liberado”.

Mark-Viverito explicó en un comunicado que la legislación asegurará que las personas que son demasiado pobres para pagar una fianza “no sean estigmatizadas”. Un acusado que no puede pagar una fianza generalmente viste el uniforme de la cárcel cuando se presenta en la corte, mientras que otros neoyorquinos pueden vestir profesionalmente ante un juez al quedar libres luego de pagar una fianza.

“Es importante que los neoyorquinos que no pueden permitirse el lujo de pagar una fianza sean tratados igual que aquellos que tienen más recursos financieros”, expresó Mark-Viverito. Enfatizó, no obstante, que el Concejo sigue apoyando la política de que los reclusos porten el uniforme dentro de las cárceles administradas por el DOC.

El DOC implementó el uniforme en sus cárceles para evitar la violencia relacionada con las pandillas.


Hay problemas más importantes que resolver

Mark-Viverito dijo que el paquete legislativo busca que los presos no pasen más tiempo en la cárcel de lo necesario. Pero el activista Travis Morales, de Stop Mass Incarceration Network, una organización que ha realizado varias protestas llamando al cierre de Rikers Island, dijo que “las reformas no responden a la actual situación de violación a los derechos humanos en las prisiones de Nueva York” y que “tienen que ser mucho más agresivas”.

“Unos 1,400 detenidos en Rikers han esperado por lo menos un año para que sus casos sean resueltos”, destacó Morales.

Las soluciones, parecen estar en proceso. El paquete legislativo presentado por Mark-Viverito forma parte de una reforma del sistema penal que emprendió el Concejo y el Ayuntamiento para eliminar las polémicas tácticas policiales de “ventanas rotas” y Stop-and-Frisk, reducir los arrestos por delitos menores y el tiempo de encarcelación por no poder pagar una fianza.

El 14% de los acusados en el sistema penal de la ciudad están detenidos bajo fianza, según cifras de la Oficina del alcalde Bill de Blasio. El DOC administra 12 cárceles en la ciudad, 9 de ellas en el complejo de Rikers Island. El año pasado, la agencia procesó 67,672 admisiones y manejó una población promedio diaria de 10,240 reclusos.

De acuerdo con cifras de la Oficina del Alcalde, aproximadamente 17,000 personas al año son capaces de pagar una fianza sólo después de permanecer detenidos en las cárceles de Rikers Island.

El paquete legislativo también plantea el reembolso del 3% de la fianza sólo si la persona acusada se presentó a todas las audiencias. Actualmente la Ciudad toma el 3% de la fianza de las personas que pagan en efectivo. La presidenta del Concejo dijo que el reembolso sólo estaría disponible para una persona que sea declarada no culpable.

Bajo la propuesta de ley, el DOC también tendría que garantizar el transporte para que los reclusos se presenten en las audiencias de casos no relacionados. Actualmente el departamento sólo asegura el transporte para que los presos acudan a los juicios de los delitos de los que están acusados, “lo que provoca una enorme cantidad de retrasos dentro del sistema judicial y puede afectar un juicio rápido”.

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