Esta lista de beneficios incluidos en la nueva regla de carga pública podrían afectar tu trámite de residencia
CAROLINA DEL NORTE, Raleigh.- La nueva regla de carga pública entró en vigor el 24 de febrero en todo el país. Desde ese día los extranjeros que busquen extender su estadía, o cambiar de estatus de no inmigrante, deben demostrar que no han recibido beneficios públicos del gobierno federal.
La abogada de inmigración de Brown Inmigration Law, Daniela Benton, explicó a Noticias 40 que la carga pública sólo aplica para trámites de residencia permanente, pero no para la ciudadanía.
“Las personas que están en programas de asistencia pública e intentan en algún futuro aplicar a la residencia permanente, con algunas excepciones, puede que no califiquen”, precisó Benton.
Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), algunos estatus migratorios están exentos a la carga pública, entre ellos: los refugiados, solicitantes de asilo, autopeticionarios bajo la Ley de Violencia Contra la Mujer, ciertos solicitantes de visas U y T y afganos e iraquíes con visas de inmigrantes especiales.
¿Cuáles beneficios están incluidos en la regla de carga pública?
- Cualquier asistencia federal, estatal, o tribal en efectivo para mantenimiento de ingresos
- Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)
- Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
- Programas federales, estatales, locales o tribales de beneficios monetarios (también conocidos como “Asistencia General” en el contexto del estado, pero que puede existir bajo otras clasificaciones)
- Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) (anteriormente conocido como cupones de alimentos o “food stamps”)
- Asistencia para Vivienda bajo Sección 8 de Proyectos de Vales para Elección de Vivienda
- Asistencia para Alquiler de Vivienda Basada en Proyectos de Sección 8 (que incluye el Programa de Rehabilitación Moderada)
- Vivienda Pública bajo sección 9 bajo la Ley de Vivienda de 1937, 42 U.S.C. 1437 et seq.
- La mayoría de los tipos de Medicaid financiados con fondos federales (con algunas exclusiones).
En Carolina del Norte varias organizaciones locales denunciaron el temor en la comunidad hispana tras la nueva norma. Desde que la Corte Suprema dio su aprobación, han reportado una disminución en la participación de hasta un 80% en los programas de asistencia. Instaron a la comunidad a continuar la cooperación, ya que organizaciones sin fines de lucro como El Pueblo, El Centro Hispano, entre otras, funcionan independientes al Gobierno.
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