Trump logró imputar a 'enemigos' políticos, pero errores procesales graves y una fiscal "ilegal" complican los juicios

El deseo del presidente Donald Trump de poner frente a jueces a personas que considera enemigos políticos se está quedando a medio camino por culpa de su propio Departamento de Justicia (DOJ).

Una jueza desestimó este lunes los casos criminales en contra del exdirector del FBI James Comey y de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, al determinar que la inexperta fiscal leal al presidente que presentó los cargos en contra de ambos fue puesta en el cargo de forma ilegal. La Casa Blanca y la fiscal general, Pamela Bondi, dijeron tras el fallo que el gobierno tiene previsto apelar.

La decisión de la jueza Cameron McGowan Currie frenó los esfuerzos judiciales del gobierno de Trump contra dos de las personas más criticadas públicamente por el mandatario. A Comey se le acusó de presuntamente ofrecer falso testimonio y obstruir una investigación del Congreso. A James de presunto fraude hipotecario.

Si el DOJ trata de continuar con estos esfuerzos tendría que superar obstáculos que van más allá de la forma en la que la exasesora de la Casa Blanca Lindsey Halligan fue ubicada, sin tener experiencia como fiscal, al mando de una de las oficinas más prestigiosas de ese departamento.

El nombramiento de Halligan —hecho en septiembre después de que se forzó la salida del entonces fiscal interino, Erik Siebert, por resistir la presión a presentar cargos en contra de Comey— es solo uno de varios puntos con los que los abogados de Comey y James desafiaron las imputaciones.

También pidieron desestimar sus casos afirmando que fueron acusados por "venganza" y han cuestionado ante los tribunales los procesos con los que fueron imputados.

La jueza decidió que la designación de Halligan fue ilegal porque se supone que, una vez saliera el entonces fiscal interino Siebert, fuese la corte de distrito la que decidiera quién quedaba en su lugar.

"El texto, la estructura y la historia de la Sección 546 apunta a una conclusión: la autoridad de la fiscal general para nombrar a un fiscal interino tiene una duración total de 120 días desde la fecha en la que ella invocó por primera vez la sección 546 tras la salida de un fiscal confirmado por el Senado. Si la posición sigue estando vacante al final de ese lapso de 120 días, la autoridad exclusiva de realizar otros nombramientos interinos bajo ese estatuto recae en la corte de distrito, donde permanece hasta que haya un nominado del presidente confirmado por el Senado", se lee en el fallo judicial.

"Halligan no fue designada de forma consistente con este esquema. El reloj de los 120 días comenzó a correr con el nombramiento de Siebert el 21 de enero de 2025. Cuando ese reloj expiró el 21 de mayo de 2025, también lo hizo la autoridad de nombrar de la fiscal general. En consecuencia, concluyo que el intento de la fiscal general por instalar a Halligan como fiscal interina del Distrito Este de Virginia fue inválido y que Halligan ha estado sirviendo en ese rol de forma ilegal desde el 22 de septiembre de 2025", agrega.

La jueza también fustigó el intento de la fiscal general, Bondi, de designar posteriormente a Halligan como una 'fiscal especial'.

Bondi dijo que apelarán y, como la jueza desestimó los casos sin perjuicio, ello también da pie a que se puedan presentar imputaciones nuevamente en un plazo de seis meses con un fiscal con autoridad legal.

Pero, en el caso de Comey, la situación se complica porque fue imputado faltando apenas días para que venciera el plazo de prescripción de cinco años. La jueza que desestimó su caso consideró que su acusación fue invalidada, por lo que su abogado dijo que defenderá entonces que acabó al período en el que podía ser acusado.

Comey y James afirman que los acusaron por "venganza"

La decisión de la jueza puso en pausa otros asuntos de ambos casos. Tanto James como Comey también habían pedido que desestimaran sus casos argumentando que representan una "venganza" de Trump.

En su pedido al tribunal, la fiscal general de Nueva York, James, incluyó una publicación en redes sociales en la que el presidente pidió expresamente a su fiscal general que "hiciera algo" con respecto a Comey, James y el senador demócrata por California, Adam Schiff.

"Esta imputación es el producto de meses de un comportamiento ilegal y sin ética de funcionarios gubernamentales, únicamente posible por el uso inapropiado de una agencia federal, por la indiferencia hacia la evidencia exculpatoria y por la remoción sistemática de funcionarios (que ven asuntos de) ética y de fiscales de carrera para instalar a una fiscal no cualificada que lo único que tiene que ofrecer es lealtad eterna", dijo la defensa de James al tribunal.

James en específico afirmó que la Agencia Federal para el Financiamiento de la Vivienda (FHFA), cuyo jefe, Bill Pulte, inició la denuncia por presunto fraude hipotecario en su contra, está siendo usada como un "arma política" y cuestionó la forma en la que se recabaron documentos para avanzar con su acusación. Tras llegar a la dirección de la FHFA, Pulte se colocó por su cuenta como jefe de las gigantes hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac.

La defensa de la fiscal de Nueva York dijo a la corte que el referido hecho al DOJ por Pulte se basó en supuestos "reportes de medios" poco confiables.

"La FHFA no alberga documentos hipotecarios individuales en su propio sistema. (...) Muchos de los anejos a los que se hizo referencia en el referido (de Pulte al DOJ) estuvieron disponibles por una sola fuente: el blog del 'investigador' de extrema derecha Sam Antar, quien se ha dado crédito por proveer al director Pulte los hechos necesarios para el referido criminal", dijo la defensa de James.

"Al preparar la carta con el referido criminal y los anejos que la acompañaron, el director Pulte o se basó exclusivamente en la 'evidencia' de un solo blogger de que la fiscal general James cometió fraude, o compró estos documentos él mismo en varias oficinas de condados o accedió ilegalmente a los documentos de préstamos de la fiscal general James en la base de datos de Fannie Mae. Cualquiera de estas tres posibilidades constituye una conducta grave del director de la FHFA", agrega.

De Pulte nacieron también las acusaciones de presunto fraude hipotecario, que no han llegado a convertirse en imputaciones formales, en contra del senador Schiff y de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook que Trump busca sacar del banco central.

Un reporte del diario The Washington Post indagó recientemente en la forma en la que Pulte recopiló información sobre Schiff en específico. Parte de lo que lleva ese reporte se parece a lo esgrimido por la defensa de James a la corte.

Una agente de bienes raíces y excandidata congresional por el Partido Republicano llamada Christine Bish aseguró que un documento hipotecario de Schiff publicado por Trump en redes sociales fue provisto por ella a una línea de confidencias creada por Pulte. También afirmó que Pulte se puso en contacto con ella por la red social X pidiéndole "cualquier documento de Schiff que tengas".

Bish dijo al Post que fue llamada por fiscales y que pensó que se debía a los documentos que según ella son prueba de potencial fraude hipotecario. Cuando llegó al interrogatorio, agregó, las preguntas se centraron en sus comunicaciones con Pulte y con otro funcionario que también ha empujado denuncias hipotecarias en contra de James.

Ese otro funcionario es Edward Martin, defensor de tres hombres acusados por el asalto al Capitolio y exfiscal interino de Washington DC que no logró apoyo amplio entre los republicanos del Senado cuando hace unos meses se evaluó dejarlo de forma permanente en el cargo. Martin es ahora abogado del DOJ.

Martin llegó a decir en mayo en una conferencia de prensa que si no encontraba evidencia para procesar a algunas personas que hubiesen sido investigadas por él como abogado del DOJ, entonces buscaría avergonzarlas. "Si las podemos imputar, las imputaremos. Pero si no podemos procesarlas, las nombraremos (...) Y en una cultura que respeta la verguenza, deberían ser personas avergonzadas".

Ese funcionario también fue hasta las afueras del apartamento de James en Nueva York y se tomó fotos "como si estuviese en una atracción turística". Cámaras de vecinos captaron al hombre siendo fotografiado por el medio The New York Post.

Un error en el proceso del gran jurado que imputó al exjefe del FBI

Comey sumó hace unos días un nuevo pedido de desestimación de su caso. Esto después de que en una audiencia judicial Halligan dijo al juez que solo algunos miembros del gran jurado que dio luz verde a la acusación en contra del exdirector del FBI vieron el documento con la imputación final.

En otro ejemplo que ilustra los enredos de procedimientos en este caso, el gobierno se retractó luego de lo que dijo la propia Halligan en corte y afirmó en un documento al tribunal que la imputación final sí fue aprobada por el gran jurado en pleno.

Al gran jurado se le presentaron tres cargos en contra de Comey y solo aprobó dos de ellos. Por eso la acusación fue enmendada para contemplar solo los dos cargos en los que hubo consenso.

Por esto y otros cuestionamientos a cómo se llevó el proceso con el gran jurado, la defensa de Comey pidió acabar con su caso.

"Un gran jurado solo puede imputar si al menos 12 jurados concurren. Pero aquí, al menos 12 jurados no concurrieron en la acusación con dos cargos y el gran jurado rechazó la única acusación que el gobierno le presentó", se lee en el documento judicial.

"El intento del gobierno de enjuiciar a Comey sin una 'acusación de un gran jurado' válida viola la Quinta Enmienda de la Constitución. Además, la desestimación (del caso) queda garantizada de forma independiente por la conducta inapropiada del gobierno frente al gran jurado. Entre otras cosas, el gobierno se apoyó en información obtenida en violación de la Cuarta Enmienda y en el privilegio abogado-cliente; e hizo declaraciones equivocadas graves al gran jurado", agrega.

Los registro del proceso con el gran jurado mostraron, por ejemplo, que Halligan sugirió que no tenían que tomar en cuenta solo lo que les fue presentado en el momento de evaluar la acusación para determinar causa probable. Esto porque el gobierno contaba con "más evidencia, posiblemente con mejor evidencia, que sería presentada en el juicio".

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