El presidente Donald Trump empezó el viernes advirtiendo que más de los que él considera sus "enemigos" se enfrentarán a procesos judiciales, sacudiendo los cimientos del sistema judicial estadounidense al tratarlo como una herramienta de retribución política, algo de lo que el mandatario se quejó en los varios procesos que le fueron abiertos a él tras dejar la presidencia.
La estrategia legal de Comey para demostrar que su caso es una "venganza personal" de Trump
Los abogados de Comey sostienen que los cargos carecen de fundamento legal sólido y buscan demostrar que responden a una venganza personal de Trump.

Los comentarios surgieron luego de que este jueves el exdirector del FBI James Comey fuera imputado por presunta obstrucción a la justicia y por supuestamente haber dado declaraciones falsas ante el Congreso, en medio de una fuerte presión del presidente para que el Departamento de Justicia actuara en contra de personas que ve como adversarios.
Los abogados de Comey aseguran que los cargos en su contra reflejan una venganza personal del presidente y no un proceso legal legítimo.
En un video Comey se declaró inocente de los cargos presentados en su contra, y para demostrarlo hará énfasis en la supuesta politización del caso, considerado sin precedentes por analistas legales en Estados Unidos, considerando que Trump utiliza su poder para perseguir a quienes alguna vez lo criticaron.
La estrategia de la defensa del exdirector del FBI
Un elemento central de la defensa es la rápida intervención de Lindsey Halligan, exabogada de Trump, quien asumió como fiscal interina tras la salida del fiscal federal de Virginia, Erik Siebert, y que presentó los cargos casi de inmediato.
Siebert, a cargo de la investigación sobre fraude hipotecario contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dimitió la semana pasada por presiones del gobierno de Trump, luego de que declinara presentar cargos contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por considerar que no había elementos para una acusación.
El fiscal confirmó su salida en un correo electrónico a sus colegas, el que los elogiaba como los "mejores y más excepcionales" empleados del Departamento de Justicia, pero no mencionó la agitación política que precedió a su renuncia.
La acusación de Comey fue la culminación de una campaña de presión que estalló en público el fin de semana, cuando Trump aireó sus frustraciones con la fiscal general Pam Bondi en sus redes sociales y le exigió que avanzara con los cargos contra Comey, James y el senador Adam Schiff.
Según la defensa, esto evidencia que la decisión del Departamento de Justicia estuvo influida por motivaciones políticas y no por criterios legales objetivos.
La larga pelea entre Trump y Comey
Comey y Trump llevan años enfrentados. Comey fue director del FBI desde 2013 hasta que fue despedido por Trump en 2017, durante el primer mandato del presidente en la Casa Blanca.
Trump despidió a Comey en 2017 en medio de una investigación sobre si algún miembro de la campaña de Trump se había coludido con Moscú para influir en el voto presidencial de 2016, un asunto que persiguió al republicano durante todo su primer mandato.
Otro punto clave para la defensa es el historial de ataques públicos de Trump contra Comey desde 2017, calificándolo de “corrupto” y cuestionando sus testimonios ante el Congreso.
Por su parte, Comey ha sido un crítico vocal del Trump desde su despido, llamándolo "moralmente incapaz" para ser presidente en una entrevista de 2018.
De acuerdo con Newsweek y The Guardian la defensa planea presentar comunicaciones internas y correos electrónicos que muestran presiones políticas dentro del Departamento de Justicia, reforzando la idea de que la acusación es una forma de represalia personal.
En conjunto, la estrategia busca demostrar que este no es un proceso legal ordinario, sino un intento de Trump de utilizar la justicia como herramienta de venganza política, debilitando la credibilidad de la fiscalía ante el tribunal.
Implicaciones del caso contra James Comey
Este caso pone a prueba la integridad del sistema judicial estadounidense y plantea interrogantes sobre la politización de la justicia y su desenlace podría sentar un precedente sobre cómo los líderes políticos pueden o no influir en procesos legales.
Los acontecimientos marcaron una dramática escalada del extraordinario uso del presidente del poder ejecutivo para apuntar a sus rivales políticos y sus esfuerzos para presionar al Departamento de Justicia para que lleve a cabo investigaciones -y ahora enjuiciamientos- de aquellos a los que desprecia.
Es una campaña que comenzó poco después de que Trump regresara al cargo y que los críticos ven como un abuso de poder que pone a cada estadounidense que se atreve a criticar al presidente en riesgo de represalias.
"Donald Trump ha dejado claro que pretende convertir nuestro sistema judicial en un arma para castigar y silenciar a sus críticos", dijo el senador Mark Warner, de Virginia, el principal demócrata en el Comité de Inteligencia del Senado
"Este tipo de interferencia es un peligroso abuso de poder", dijo Warner. "Nuestro sistema depende de que los fiscales tomen decisiones basadas en las pruebas y la ley, no en las rencillas personales de un político decidido a ajustar cuentas".
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