Retiran cargos contra trabajadores sociales relacionados en el caso de abuso infantil de Gabriel Fernández

LOS ÁNGELES, California - Un juez exoneró este jueves a cuatro trabajadores sociales acusados de permitir la tortura y abuso infantil en el caso de la muerte de Gabriel Fernández, de 8 años, así lo informó la oficina del Fiscal del distrito de Los Ángeles.

El juez George Lomeli, del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, retiró los cargos de delitos graves de abuso infantil y un delito grave de falsificación de registros públicos que se habían impuesto en marzo del 2016 contra los acusados Stefanie Rodriguez, de 35 y Patricia Clement, de 70 años, y sus respectivos supervisores, Kevin Bom, de 41 años y Gregory Merritt, de 65.

En enero, el Tribunal de Apelaciones del 2º Distrito había opinado "que el juez de primera instancia debería haber otorgado una moción de defensa para desestimar el caso. El tribunal de apelaciones emitió un envío en abril y devolvió la jurisdicción al tribunal de primera instancia", según el comunicado.

El juez Lomeli, quien también presidió el caso de asesinato de la madre de Gabrielito y su novio, había negado la exoneración de los cargos contra los cuatro trabajadores sociales en septiembre del 2018. Los fiscales que habían trabajado en el caso argumentaban que los trabajadores sociales tenían la obligación de prevenir y reportar el maltrato que vivió Gabriel Fernández.

En relación con exoneración de cargos contra los cuatro trabajadores sociales, el Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado de Los Ángeles dijo en un comunicado que "Respetamos la decisión del tribunal. A través de los años, el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles ha tomado medidas significativas para mitigar el riesgo y mejorar nuestra capacidad en todo el Condado para servir mejor a los niños y las familias vulnerables y, como departamento, seguimos comprometidos a garantizar que la reforma continúe".

Una historia de abusos

Gabriel Fernández murió el 24 de mayo de 2013 tras constantes agresiones y abusos de su madre y el novio de esta. Y a pesar de que el menor estaba bajo los cuidados del Departamento de Niños y Familia y un grupo de trabajadores sociales estaban al tanto de la situación, no pudieron evitar el fatal desenlace.

La madre del niño, Pearl Fernández, de 32 años, y su exnovio, Isauro Aguirre, de 35, fueron enjuiciados y la fiscalía pidió la pena capital para ambos tras presentar las evidencias en el juicio que indicaron meses de palizas y torturas.

Los problemas de drogadicción Pearl Fernández permitieron que sus abuelos lograran la custodia de Gabriel a los pocos meses de nacido. Siete años después y luego de una breve estadía en un centro de rehabilitación Fernández recuperó a su hijo, aparentemente con la intención de obtener beneficios de la asistencia pública y del IRS.

La fiscalía detalló en el juicio de su madre y novio que Gabriel vivió un infierno que duró ocho meses, desde el día que Pearl Fernández reclamó y obtuvo la custodia de su hijo en septiembre de 2012. 13 días antes de su muerte había sido retirado de la escuela y desde entonces, hasta que llegó al hospital, Gabrielito sufrió jornadas intensas de tortura.

“ Cada centímetro de Gabriel estaba magullado e hinchado. Su piel era de color negro y azul. Recuerdo que al tocarlo estaba frío”, declaró en el juicio Emily Rebar, una de las enfermeras que atendió al niño antes de morir. Otra enfermera aseguró que el pequeño tenía lesiones en el cuello y en la ingle causadas por una pistola de aire. Gabrielito fue forzado a dormir dentro de un gabinete ubicado en la recámara de los acusados, con un calcetín dentro de la boca y una venda sobre los ojos.

La fiscalía pidió que se analizaran varias manchas de sangre en las paredes de vivienda donde vivía el pequeño y todas coincidieron con el ADN de Gabriel. Testimonios de familiares también ayudaron en la conclusión de que la madre y su pareja abusaron severamente del pequeño durante los meses previos a su muerte.

Los fiscales entablaron una denuncia contra los trabajadores sociales con el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles que estaban involucrados en el caso, argumentando que no tomaron las medidas adecuadas para proteger al niño y falsificaron documentos relacionados con su caso.

La fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey había indicado que los trabajadores sociales "minimizaron la importancia de las heridas físicas, mentales y emocionales que sufrió Gabriel" y aseguró que los funcionarios "permitieron que un chico vulnerable permaneciera en casa y continuara siendo abusado".

Un informe de la autopsia del menor mostró hematomas, fracturas y cortes en todo el cuerpo, incluida la ingle y perdigones incrustados en su cuerpo.