Parecer un pandillero no es un delito, reclama una demanda contra las autoridades de Los Ángeles

LOS ÁNGELES, California.- Una demanda colectiva presentada este martes contra la Fiscalía y la Policía de Los Ángeles acusó a las autoridades de limitar las libertades civiles de las personas sin respetar el debido proceso judicial por la sospecha de que podrían ser pandilleros dada su apariencia, comportamiento o compañía.

El caso fue interpuesto por la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), en representación de la organización Youth Justice Coalition y dos ciudadanos, José Reza y Peter Arellano, quienes aseguran haber sido acusados injustamente de ser pandilleros sin haber tenido la oportunidad de defenderse.

"La Policía y los fiscales de Los Ángeles no deberían arrestar a alguien que camina por la calle acompañado de amigos o que toma una cerveza en un restaurante sólo porque creen que es un pandillero", se lee en la demanda, que cuestiona los efectos colaterales de las restricciones las bandas callejeras en determinadas áreas de la metrópoli californiana.

Dichas restricciones que a través de órdenes judiciales impone la Fiscalía de Ángeles, conocidas como gang injuctions, califican a la pandilla como 'molestia pública' y prohíben a sus integrantes realizar ciertas actividades dentro de un área geográfica específica a la que llaman 'zona segura'.

Sin embargo, para la ACLU y otros grupos civiles, la medida no respeta el debido proceso judicial al que todos los ciudadanos tienen derecho.

Restricciones y derechos

"El debido proceso judicial", explicó Carmen Iguina, abogada de la ACLU, "significa que el Gobierno no puede restringir a una persona de su libertad sin una audiencia o la oportunidad de ser escuchado".

Las medidas contra las pandillas intentan frenar el crimen al limitar , entre otras cosas, actividades legales como socializar con personas vinculadas a familiares de supuestos pandilleros, beber en público o vestir cierto tipo de ropa, señala la demanda.

"Eso viola el derecho al debido proceso bajo la ley federal y estatal, por lo cual deben ser suspendidas de manera inmediata", establece el documento judicial presentado por la ACLU y Urban Peace Institute ante la Corte Federal del Distrito Central de California.

Debido a la restricción, dice José Reza en la demanda, no pueden visitar la zona donde tiene familiares, en el complejo habitacional de Ramona Gardens, donde las autoridades lo vincularon con la pandilla Big Hazard, y por lo cual se tuvo que mudar a la ciudad de Whittier.

Peter Arellano, acusado de pertenecer a la pandilla Big Top Locos, en el vecindario de Echo Park, señala que debido a la restricción debe permanecer en una especie de arresto domiciliario.

Ambos refieren que nunca fueron notificados cuando se impuso la restricción, por lo cual no tuvieron oportunidad para responder a la acusación de que eran miembros de una pandilla.

Actualmente la Fiscalía de la ciudad de Los Ángeles cuenta con 46 restricciones de pandillas que abarcan aproximadamente el 20% del territorio municipal.

Las órdenes judiciales afectan a más de 9,000 personas, indica la demanda de ACLU, muchas de las cuales nunca habrían estado relacionadas con actividades de pandillas, como se supone en los casos de Reza y Arellano.

Lo que implica la restricción judicial en las 'zonas seguras':

• No asociarse con otros pandilleros.
• No hacer con las manos gestos relacionados con pandillas.
• No vestir ropa con colores asociados a pandillas.
• No usar, poseer, vender o transportar drogas ilegales.
• No beber ni poseer alcohol.
• No poseer ni usar armas peligrosas o mortales.
• No cometer actos vandálicos, ni grafiti, ni poseer herramientas para ello.
• No intimidar, amenazar o acosar a personas.