Desestiman cargos penales contra 4 trabajadores sociales relacionados con el caso de abuso infantil de Gabriel Fernández

El niño de 8 años estaba bajo la supervisión del Departamento de Servicios a Niños y Familia cuando murió tras meses de abusos y torturas por parte de su madre y el novio de esta. La fiscalía logró el juicio contra los custodios y demandó a los trabajadores sociales por minimizar los daños contra el niño y falsificación de registros públicos.

Pearl Fernández (izq), Gabriel Fernández (cen), Isauro Aguirre (der)
Pearl Fernández (izq), Gabriel Fernández (cen), Isauro Aguirre (der)
Imagen AP Image \ KMEX captura de pantalla

Una corte de apelaciones dictaminó que cuatro trabajadores sociales no deben enfrentar cargos de abuso infantil y otros delitos por no evitar el abuso y el asesinato de Gabriel Fernández, de 8 años, de Palmdale.

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El niño murió el 24 de mayo de 2013 por constantes agresiones y abusos de su madre y el novio de esta. Y a pesar de que el menor estaba bajo los cuidados del Departamento de Niños y Familia y un grupo de trabajadores sociales estaban al tanto de la situación, no pudieron evitar el fatal desenlace.

La madre del niño, Pearl Fernández, de 32 años, y su exnovio, Isauro Aguirre, de 35, fueron enjuiciados y la fiscalía pidió la pena capital para ambos tras presentar las evidencias en el juicio que indicaron meses de palizas y torturas.

Los fiscales entablaron una denuncia contra los trabajadores sociales con el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles que estaban involucrados en el caso, argumentando que no tomaron las medidas adecuadas para proteger al niño y falsificaron documentos relacionados con su caso.


Dos trabajadoras sociales, Stefanie Rodríguez, de 34 años, y Patricia Clement, de 69, fueron acusadas junto con dos supervisores, Kevin Bom, de 40 años, y Gregory Merritt, de 64, con un delito grave de abuso infantil y falsificación de registros públicos.

La fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey indicó que los trabajadores sociales "minimizaron la importancia de las heridas físicas, mentales y emocionales que sufrió Gabriel" y aseguró que los funcionarios "permitieron que un chico vulnerable permaneciera en casa y continuara siendo abusado".

Un informe de la autopsia del menor mostró hematomas, fracturas y cortes en todo el cuerpo, incluida la ingle y perdigones incrustados en su cuerpo.


Si el caso contra los trabajadores sociales hubiera pasado a juicio y los acusados hubieran sido condenados, podrían haber enfrentado más de 10 años de prisión.

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Pero el lunes, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 2° Distrito emitió una opinión ordenando a un tribunal inferior desestimar los cargos contra los
trabajadores sociales.

En una opinión de 2-1, el panel concluyó que no había causa probable para detener a los cuatro acusados de abuso infantil y falsificación de documentos.

" Concluimos que los peticionarios nunca tuvieron el deber requerido de controlar a los abusadores y no tuvieron cuidado o custodia de Gabriel a los efectos del Código Penal sección 273a, subdivisión (a). Llegamos a la conclusión de que los peticionarios no eran oficiales en el sentido de Código de Gobierno sección 6200", escribió el juez Francis Rothschild.

"Por lo tanto, no hay causa probable para retenerlos por cargos de violar esas leyes y el tribunal de primera instancia debería haber otorgado las mociones para desestimar", agregó Rothschild.

Hasta el momento se desconoce si la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles planea apelar la decisión del tribunal de apelaciones o continuar con el caso.