El rastro invisible de la reclusión: más de 145,000 niños ciudadanos sufren la detención de sus padres en EEUU

Detrás de las frías estadísticas migratorias y los discursos políticos, el impacto de las detenciones se mide en la intimidad de los hogares desmantelados.

La vida de Rosa cambió en una tarde cualquiera; el eco de una ausencia lo ha trastocado todo. Hace seis semanas, su esposo salió hacia su trabajo en una obra de construcción en un suburbio de Maryland. No regresó. Autoridades migratorias lo detuvieron a plena luz del día, transformando la rutina de una familia en una lucha desesperada por la supervivencia. “Yo no estoy trabajando… Me quedé sola con mis niños y no sé qué voy a hacer…”, cuenta Rosa con la voz preocupada.

Su historia no es un hecho aislado. Se ha convertido en la norma bajo la estricta política migratoria del segundo mandato del presidente Donald Trump. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, las promesas de campaña de deportaciones masivas se han materializado en operativos cotidianos que barren vecindarios y centros de trabajo, dejando a su paso un rastro de familias fracturadas y comunidades con miedo.

Desde el inicio de la actual administración, las autoridades migratorias han convertido la detención y la deportación en el eje central de su política. Actualmente, unas 60,000 personas se encuentran bajo custodia, y cerca de 400,000 inmigrantes han sido registrados en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras detenciones en el interior del país.

Sin embargo, hay una población invisible que absorbe el trauma en silencio: sus hijos. Según un análisis publicado por Brookings Institution, se estima que al menos 145,000 niños con ciudadanía estadounidense han sufrido la detención de uno de sus padres en este periodo. La situación es aún más dramática para más de 22,000 de ellos, quienes han experimentado la detención de todos los adultos responsables que vivían en su hogar, quedando desamparados de la noche a la mañana.

Para Rosa, la falta de comunicación y la incertidumbre del proceso legal han convertido la espera en un duelo suspendido. “Yo siento que mi marido… como que muerto está…”, confiesa, verbalizando el dolor de miles de esposas que ven cómo sus compañeros se desvanecen en el opaco sistema de detención migratoria de los Estados Unidos.

El Brookings Institution estima que las detenciones y separaciones familiares se han disparado exponencialmente en el último año, dejando a miles de menores ciudadanos y residentes en una vulnerabilidad extrema.

A pesar de la magnitud de la crisis, el gobierno carece de datos sistemáticos sobre el destino de estos menores. El propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó una cifra oficial de 18,277 padres con hijos ciudadanos detenidos en el año fiscal 2025, un número que los investigadores consideran un subregistro severo. Esto se debe, en gran parte, a que las directivas del ICE para indagar sobre la situación parental a menudo se ignoran, o a que los propios inmigrantes ocultan tener hijos por temor a represalias o por miedo a que intervenga el sistema de bienestar infantil.

La radiografía de esta infancia afectada revela una vulnerabilidad alarmante. El 36,5% de los niños ciudadanos afectados tiene menos de 6 años; es decir, más de 53,000 niños pequeños en etapas cruciales de su desarrollo han visto interrumpida su vida familiar. El 36,1% se encuentra en el rango de los 6 a 12 años, y el 27,4% son adolescentes.

En cuanto al origen geográfico de los padres detenidos, la comunidad mexicana es la más afectada, representando el 53,7% de los casos, seguida por Guatemala (15%) y Honduras (10,7%). El mapa del dolor se concentra con mayor intensidad en Texas y Washington D.C., donde 5 de cada 1,000 niños ciudadanos han enfrentado la detención de un progenitor.

¿Dónde están esos niños ahora?

A cientos de kilómetros de Maryland, en Texas, la historia se repite con sutiles variantes. Francisco, de apenas 21 años, tuvo que enterrar sus propios planes de futuro. Sus libros universitarios fueron reemplazados por las facturas del hogar y la crianza de sus sobrinas tras la detención de su hermana.

“Las niñas no pueden dormir en las noches… “Todavía las miro llorando”, relata Francisco de la Rosa, visiblemente agotado por la doble carga de ser el nuevo pilar del hogar y el guardián de la salud mental de las menores. “Hasta mi hermana, que está ahí en detención, ya no se siente la misma. Está muy triste de no poder estar con sus hijas”.

Cada semana, Francisco conduce a sus sobrinas —ambas ciudadanas estadounidenses— al centro de detención local. Lo que debería ser un reencuentro familiar se convierte en una lección de cruda realidad institucional. El diseño del lugar borra cualquier rastro de calidez. “Se parece más a una prisión que a nada más”, describe Francisco, aludiendo a los controles de seguridad, las paredes grises y el cristal que impide que una madre pueda, al menos, abrazar a sus hijas para asegurarles que todo estará bien.

Para evitar el sistema de protección de menores del Estado, la mayoría de los padres prefiere recurrir a planes de preparación familiar, encomendando el cuidado de sus hijos a amigos cercanos o familiares en redes vecinales que muchas veces también están en riesgo de detención. Las estimaciones de los investigadores señalan que de los 22,000 niños que quedaron sin padres en casa, apenas un 5% (cerca de 1,000 menores) ha recibido servicios formales de bienestar infantil.

El sistema de protección se convierte en el último recurso, pues muchas agencias ni siquiera cuentan con sistemas de datos capaces de registrar si el desamparo del niño se debe a una acción de control migratorio.

La situación amenaza con agravarse. La capacidad de detención está en vías de expandirse gracias a una asignación presupuestaria de 45,000 millones de dólares aprobada en la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act. Mientras tanto, en las sombras de las políticas públicas, se estima que hay 13 millones de adultos indocumentados o con estatus liminal en el país.

En sus hogares viven más de 4,6 millones de niños ciudadanos estadounidenses que caminan bajo el temor diario a que sus padres no regresen a casa. De ellos, unos 2,5 millones de niños podrían enfrentar, en el peor de los escenarios, la detención de todos los adultos a su cargo.

Por razones logísticas y políticas, el objetivo de la administración de expulsar a cada inmigrante no autorizado del territorio no se cumplirá, pero el costo humano ya se está cobrando en las escuelas y hogares estadounidenses. Hasta el momento, ninguna entidad gubernamental ha asumido la responsabilidad legal ni humanitaria de velar por el bienestar de los miles de niños que el propio Estado deja solos.

Mientras el debate político en Washington se centra en las cifras de expulsiones y la seguridad fronteriza, en las cocinas de Maryland y las salas de estar de Texas la realidad se mide en términos humanos: alquileres que no se pueden pagar, estudios interrumpidos y una generación de niños estadounidenses que crecen viendo a sus padres a la distancia tras un cristal.

*Contribuyeron a este reporte:

María Molina de N+ Univision

Brookings Institution: María Cancian , Nissi Cantú , Lanikque Howard y Tara Watson