Inmigración Infantil

"No hay nadie disponible": la respuesta que reciben los jueces de inmigración al pedir un intérprete de lenguas indígenas

En las cortes e incluso en la frontera cuando son detenidos, los indocumentados se enfrentan a un problema adicional a entrar al país sin documentos: no hablan inglés y, en algunos casos, tampoco español. Muchos que vienen de países como Guatemala y Honduras solo entienden sus lenguas indígenas.
22 Jul 2018 – 8:02 PM EDT

HOUSTON, Texas.– A Alexander y a Douglas les tocó esperar. A Juana también, y a Santiago. El juez de menores de la corte de inmigración de Houston, Chris Brisack, marcaba una y otra vez el teléfono de dos líneas de intérpretes para que tradujeran sus palabras a los adolescentes indocumentados que estaban en su sala. Pero casi siempre recibió la misma respuesta: "Lo siento, su señoría. No hay nadie disponible".

Eran las 8:35 de la mañana del martes. Casi una veintena de jóvenes guatemaltecos esperaban escuchar qué les diría el juez: si los deportaría, si les daría un tiempo adicional para tomar sus decisiones. Entraron en fila, juiciosos, de camisa, corbata y pantalón de vestir ellos; ellas con vestidos o camisa y pantalón, y una con un casco rosado repleto de firmas y un "Dios te bendiga" que alguien le escribió en tinta negra.

Alexander y Douglas fueron los primeros en escuchar al juez. La lengua materna de ambos es el mam, una lengua maya que se habla en ciudades del oeste de Guatemala. Aunque hablan español, ese dialecto indígena es el que mejor comprenden. Pero ni Brisack entiende mam ni los jóvenes inglés.

El juez entonces marcó el teléfono buscando asistencia para todos. Una mujer atendío, él pidió un intérprete y lo transfirieron. Esperó unos minutos. Pero la llamada volvió a la operadora: "Disculpe, su señoría. Si usted está de vuelta no es una buena señal", le dijo. Él asintió. "No hay intérpretes disponibles", cerró la mujer.

El juez llamó así a la siguiente operadora y la respuesta fue la misma, por lo que debió tomar una decisión. "Caballeros, ¿ustedes hablan español?", les preguntó al par de adolescentes en inglés y una persona sentada a su izquerda les tradujo. "Sí", respondieron ambos. "No pudimos encontrar un intérprete de mam", les explicó. "Voy a poner sus casos con el grupo con el que trabajaremos en español. Tal vez eso no sería lo mejor, pero vamos a ponerlos al final en ese grupo. Tomen asiento allá atrás". Los dos jóvenes obedecieron.

"Intento fallido", se dijo a sí mismo el propio Brisack.

Lo mismo le pasó a Juana, otra de las adolescentes que venía a su audiencia. Tampoco pudieron hallar un traductor disponible para su lengua, el chuj, también de Guatemala. Ella insistió en que entendía español. Quería explicarle al juez que no consiguió un abogado que la ayudara a llenar su solicitud de asilo y que por eso no la traía consigo.

En un caso más, el de Domingo, de 17 años, se cayó la llamada. Brisack–y el traductor– tenía más de 10 minutos explicándole al joven sus derechos y cómo transcurriría su proceso. Intentó reconectar la comunicación con el intérprete y la respuesta fue: "Su señoría, todos están ocupados. El próximo se liberará en unas dos horas". Él no pudo hacer nada. Agradeció y colgó.

Durante el receso, los propios jóvenes bromeaban en español sobre su mal inglés. Uno le dijo al otro: "Si el juez me pregunta: 'What's your name?' (¿Cuál es tu nombre), yo le diría: 'I'm from Honduras' (soy de Honduras)". Todos se ríeron de sí mismos.

Un problema nacional

La falta de intérpretes para lenguas indígenas o exóticas es un problema para los jueces de inmigración en las cortes de Estados Unidos. Aunque la presidenta de la Asociación de Jueces de Inmigración, Ashley Tabaddor, no sabe exactamente cuántos traductores de este tipo hay, reconoció al teléfono que son limitados: "A veces hay solo uno o dos para todo el país (...) No hay suficientes".

Explicó que cuando los jueces se encuentran con casos en los que no hallan un traductor en las líneas oficiales contratadas por el Departamento de Justicia, deben reprogramar la audiencia de esa persona para otro día y entonces volver a llamar: "Esto agrega más tiempo a la demora que ya hay en las cortes", explica. Según Tabaddor, aunque no es un asunto que ocurre a diario, se ha convertido en un problema para los jueces y que se repite con "regularidad".

Rob Barnes, oficial de información pública regional del Departamento de Justicia (DOJ), dijo a Univision Noticias que la Oficina Ejecutiva de Revisiones de Inmigración "se esfuerza por satisfacer las necesidades lingüísticas de todas las personas con dominio limitado del inglés y que no hablan inglés, pero comparecen ante el tribunal de inmigración".

Sin embargo, reconoce que "podrá haber ocasiones" en las que no haya un intérprete de lenguaje indígena.

Según explica, trabajan con dos empresas, Lionbridge y LSA Global Solutions II Inc. Con ellas contratan interpretaciones telefónicas en persona y programadas. "Los jueces de inmigración manejan los problemas de comunicación e interpretación caso por caso", repondió Barnes sin dar detalles sobre las limitaciones que tiene el DOJ con el número de traductores.

Univision Noticias también encontró que los abogados públicos que defienden a inmigrantes en cortes federales de San Diego, en California, enfrentan el mismo problema.


En la frontera

Efrén Olivares, director del programa de Justicia Racial y Económica de la organización de abogados Texas Civil Rights Project, reconoce que la falta de intérpretes "definitivamente es un problema", aunque no solo en las cortes sino también en los puertos fronterizos.

Lo explica con el caso del guatemalteco Mario Pérez Domingo, que el 5 de julio de 2018 fue separado de su pequeña de dos años tras ser detenido por un agente de la Patrulla Fronteriza mientras cruzaba por McAllen,Texas.

"Él es guatemalteco, habla mam y poco español", cuenta Olivares. "Uno de los elementos que contribuyó con esta separación fue la falta de un intérprete (...) Hubo una confusión con el español que él habla y el que hablaba el agente. No le proveyeron un intérprete". Como consecuencia, el funcionario dudó de la paternidad de Pérez Domingo, pese a que él llevaba consigo una copia de la partida de nacimiento de la pequeña, que no le pareció auténtica.

Texas Civil Rights Project tomó el caso y confirmó con el consulado de Guatemala y la familia del hombre en ese país que Pérez en efecto era el padre. Aún no han sido reunificados, pese a que los cargos por entrada ilegal al país en su contra fueron retirados hace más de una semana.

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